El Defensor del Pueblo denuncia que la Administración tiene "miles" de casas vacías

Bloque de VPO en el PAU de Vallecas (Madrid).

Crisis económica; miles de personas sin techo; otras muchas a punto de perderlo (el drama de los desahucios). En ese contexto resulta difícil admitir que las Administraciones públicas tengan miles de viviendas sin usar, sin conceder, sin propietario.

En Cataluña, a septiembre de 2011 había 3.264 VPP vacíasEs la situación que ha denunciado el último informe de la oficina del Defensor del Pueblo: "miles" de viviendas en propiedad de la Administración vacías o infrautilizadas. Su titular, María Luisa Cava de Llano, asegura que no permanecerá "impasible" mientras haya numerosos ciudadanos que no pueden ni siquiera acceder a una.

En el informe del Defensor del Pueblo 2011, se recuerda que la institución no puede intervenir en el caso de las viviendas propiedad de particulares, pero sí puede hacerse eco de las denuncias relativas a las "viviendas de propiedad pública".

Por ello, considera oportuno iniciar con las comunidades autónomas sendas investigaciones de oficio para recabar información sobre el número concreto de VPP (Viviendas de Promoción Pública) que están desocupadas. Entre las comunidades que han contestado a dicha petición destaca el caso de Cataluña, donde a septiembre de 2011 había 3.264 VPP vacías.

Según datos del informe, en España hay actualmente entre 30.000 y 50.000 personas sin techo y cientos de miles que habitan en "infraviviendas" o en casas en condiciones muy deficientes. Todo ello sin contar los problemas de aquellas familias que se enfrentan a un inminente desahucio.

Garantizar vivienda digna a quien la necesita

A pesar de ello, en nuestro país hay alrededor de 1,3 millones de viviendas vacías, 600.000 terminadas y no vendidas, 300.000 en construcción y casi 400.000 paradas, señala Cava de Llano, quien critica además que en este contexto social y económico los hogares tengan que destinar el 30% de su presupuesto a la vivienda.

Algunos bancos no parecen ajustarse al ordenamiento jurídicoLa oficina del Defensor del Pueblo lamenta que no se cumpla el objetivo de atender las necesidades de vivienda pública o de carácter social y que su oferta sea muy escasa ante las restricciones presupuestarias.

Por ello, exige a los poderes públicos que "remuevan los obstáculos" para garantizar una vivienda digna y adecuada a quien la necesita y no puede obtenerla, al tiempo que subraya que el comportamiento de algunas entidades financieras en este sentido "no parece que se ajuste plenamente al ordenamiento jurídico".

Para paliar esta situación, reclama políticas eficaces y activas que determinen la necesidad real de vivienda, recaben información sobre aquellas desocupadas u ocupadas con la colaboración de las comunidades autónomas y luchen contra el fraude que se da en los pisos de promoción pública.

Sin contar los casi tres millones de segundas residencias de verano deshabitadas 11 meses del año...