Equilibrio inseguro




Por Tomás Eliaschev(no soy el Pepe del Clarin)


El precario equilibrio en las políticas de seguridad de la Nación y de la provincia de Buenos Aires estalló cuando en la asunción del gobernador bonaerense Daniel Scioli y de su vice Gabriel Mariotto, la Guardia de Infantería reprimió a un grupo de la Juventud Peronista y de La Cámpora que quería ingresar al recinto, dejando a varios militantes en el hospital.

Ya antes de jurar, Scioli había ratificado a Ricardo Casal como su ministro de Seguridad y Justicia confirmando que su política a favor de la corporación policial bonaerense es uno de sus ejes estratégicos. Para intentar matizar esta decisión, también había anunciado la creación de la policía judicial, un reclamo del Acuerdo para la Seguridad Democrática y de la Comisión Provincial por la Memoria, lo que pondría a la cartera provincial en sintonía con la nacional que preside Nilda Garré. En esa línea Scioli decidió despedir con honores al jefe policial Juan Carlos Paggi y reemplazarlo por Hugo Matzkin, especialista en escuchas telefónicas y vinculado al ex ministro León Arslanián, a la espera de que se nombre un civil como su jefe. Los primeros días de Matzkin no están siendo fáciles.

Para tratar de saldar la situación que se produjo con los hechos de violencia en plena asunción, Scioli y Casal ordenaron separar a los policías involucrados. Ante esto, se produjo el acuertelamiento, el pasado miércoles en el Cuartel de Infantería. La medida ya venía siendo convocada en sitios donde suelen publicar los policías anónimamente antes de la asunción del gobernador. La fecha inicial era precisamente para el lunes 12, el mismo día de los incidentes.

Según se difundió inicialmente, la protesta era por “mejoras salariales, mejores condiciones laborales y reducción horaria”. Pero finalmente, la medida se desencadenó ante la separación de seis policías y un día después de que Scioli falte al acto del aniversario de la Policía bonaerense. Los policías dicen que sólo cumplieron órdenes. Después de 10 horas, los acuartelados –luego de hablar con numerosos medios de comunicación -, consiguieron que los efectivos separados declaren ante Asuntos internos antes de lo previsto, por lo que levantaron la protesta.

Entre lo 55 mil integrantes de la fuerza policial de la provincia más poblada, sobretodo en los estamentos más bajos, hay mucho malestar porque los zigzagueos de la política de seguridad hacen que los más perjudicados sean los efectivos de rango menor que suelen ser más sancionados que sus jefes que no se exponen como ellos a la posibilidad de ser asesinados o heridos. A esto se suma que los altos mandos son beneficiarios de la inocultable connivencia con el crimen organizado.

Desde el gobierno Nacional, ya la ministra Garré había vuelto a diferenciarse de la gestión provincial al decir que “no hubo continuidad” con el control civil de la fuerza. En esta coyuntura, un sector del oficialismo quiere ahora aprovechar para presionar a Scioli y sacarse de encima a Casal. Pretenden dirigir todos sus dardos contra el ministro, que fue jefe del servicio penitenciario bonaerense durante la dictadura y es abiertamente contrario a cualquier postura progresista, dejando así a salvo al gobernador. Antes de que estalle esta situación, desde la gobernación estaban pergeñando un plan para involucrar más aún a los intendentes bonaerenses que pasarían a un primer plano en la cuestión de seguridad. Es que Scioli promueve la creación de la Policía de Prevención Municipal y los nombres de los posibles jefes policiales que podrían estar a cargo ya comenzaron a circular.

En la edición de mañana, Marcha presenta un dossier con los nombres de los posibles jefes de la fuerza de seguridad comunal que están pergeñando desde la gobernación. Es una medida desesperada para tirarle la papa caliente de la problemática policial a los intendentes, que quedan así entre el fuego de Casal y de Garré.