La plaza del 19 por ciento
A pesar de confesarse ‘peronista’, Hugo Moyano optó por resignificar, a su modo, una lucha de clases al revés: el 19% de asalariados mejor pagos (incluidos caceroleros y objetores de la política cambiaria) contra un gobierno que distribuye riquezas entre el 81% restante.
La consigna es “desgastar a este gobierno desde donde se pueda”, decía Eduardo Buzzi en noviembre de 2008. Cuatro años después, aquel desafío planteado por el titular de la Federación Agraria parece ser retomado por el menguante secretario general de la CGT, incluso con similares argumentos: la acusación de “soberbia” que “impone” sus políticas a una presidenta reelegida ocho meses atrás.
A pesar de confesarse “peronista”, Hugo Moyano optó por resignificar, a su modo, una lucha de clases al revés: el 19% de asalariados mejor pagos (incluidos caceroleros y objetores de la política cambiaria) contra un gobierno que distribuye riquezas entre el 81% restante.
Aunque el camionero lo niegue, el paro de ayer quiso ser general, pero quedó a mitad de camino. Si sólo era sectorial, como lo rebajó de categoría Moyano, no se entiende por qué Plaini, Piumato y Schmid fueron sus voceros durante la semana. El manual de procedimiento del jefe cegetista es singular: para festejar se moviliza a los estadios; para protestar, a la Plaza, y para decidir un paro asiste a los estudios de TN. Paro que, sin embargo, sólo duró unas pocas horas, porque al otro día, tras recoger más reparos que apoyos, y esencialmente más multas y denuncias penales que otra cosa, fue transferido para la siguiente semana, y transformado en una movilización a Plaza de Mayo, a la que no concurrieron otros gremios tan numerosos como el convocante original.
Desde luego, una cosa es movilizar a la Plaza y otra muy distinta es parar el país. Si bien se circunscribía únicamente al gremio de Moyano, la medida pretendía ser la pulseada final con el gobierno y definir ayer mismo la interna cegetista. No alcanzó. Hugo Moyano quiso ir por lana y salió “trasquilao”, diría el poeta sanjuanino Jorge Leónidas Escudero.
Al “paro”, ya muy venido a menos, no le fue mejor con sus fundamentaciones. Acuerdo paritario de por medio, al deteriorado jefe camionero le quedaba apuntar sólo al gobierno. Quizás así lo quiso al acordar de apuro con la cámara de transportistas. El acuerdo le ahorraba explicaciones: su batalla siempre fue contra la presidenta y su modelo político-económico. Tanto, que hasta objetó la sustitución de importaciones. “Que se apliquen la Ley de Abastecimiento ellos mismos, que tienen varados en el puerto varios insumos”, se quejó Moyano. Parecía un textil del Once.
Con el discurso en la Plaza no le fue mejor. Previsible, descendió a prejuicios muy antiguos del peronismo, como rivalizar con “los intelectuales que se creen más sabios que el pueblo”, como dijo. Cualquier parecido con el “alpargatas sí, libros no”, es mucho más que mera coincidencia. El líder camionero no se preocupó: por burradas incluso peores ya no se repite primer grado. Los militantes que sostenían las pocas banderas rojas que flameaban al lado de la Catedral se habrán puesto aun más colorados de rabia cuando Moyano los emparejó con los “muchachos de la CGT Azul y Blanca”, conducida por Luis Barrionuevo.
La jornada de protesta que quiso tener carácter nacional y multiplicarse a todos los ámbitos de la vida en sociedad, no impidió que circule el transporte, haya escuelas, hospitales, comercios y oficinas. No se detuvieron las fábricas ni las obras en construcción. Con intensidades variables, las demás centrales sindicales graduaron su desacompañamiento. Eso sí: la distribución de diarios fue discontinuada, contingencia que, a diferencia de otras veces, no fue calificada como “ataque a la libertad de prensa”, ni mereció tapa en blanco alguna. Obvio.
Como el puño de una camisa vieja, con el correr de los días la medida fue deshilachándose, apenas enmendada por nefastos segmentos de la derecha, calificados por la CGT de “oportunistas”. ¿Macri también? Moyano lo resolvió a su modo, agradeciendo la presencia de “muchos legisladores”, como numeró.
Quienes sí apoyaron de entrada la movida fueron los cuerpos orgánicos del Vaticano. Mientras el representante del Papa en Paraguay se apuró a reconocer el nombramiento de Federico Franco, la Pastoral Social argentina justificó la medida por “el parate y la inflación”.
Desde luego, la CGT se sintió agraviada por quienes interpretaron que su acción era “golpista” y “desestabilizadora”. Sin embargo, el énfasis del comunicado de enojo del martes no logró relativizar el dato duro del contexto en que se produjo la marcha: paro policial en Bolivia, golpe de Estado en Paraguay, que mereció la urgente intervención de todos los presidentes de la región prestos a reunirse en Mendoza, y salvaje toma del mayor yacimiento petrolero del país, por un grupo inorgánico de la UOCRA.
Todo sin contar que resultó por lo menos desafortunada una protesta que quiso detener el país, realizada un día después de cumplirse el décimo aniversario de la Masacre del Puente Pueyrredón, y que se sostuvo, entre otros ítem, en el “repudio a la criminalización de la protesta”. Esto es, a la acción institucional del Estado por frustrar un plan evidentemente insurreccional, que proyectaba dejar al país sin dinero en los cajeros, sin combustible y, próximamente, sin recolección de basura.
Esa respuesta estatal no consistió en la acción armada de las fuerzas de seguridad –como hubieran deseado muchos, y que diez años atrás se cobró las vidas de Santillán y Kosteki–, sino en una denuncia penal y un operativo de distracción que logró vulnerar una peligrosa guardia humana, con gran apoyatura mediática, que ansiaba convertirse en blanco móvil de los gendarmes, para, entonces sí, alegar “represión a la protesta”, ese viejo camino conocido por los argentinos y que sólo puede conducir a la tragedia. O a la destitución.
Por más que se ofenda el Consejo Directivo, es obvio que con similares argumentos podría montarse la misma operación de Asunción: un gobierno de raíz “nacional y popular”, que insólita y contradictoriamente apela al “ajuste”, que sacrifica su base de sustentación trabajadora y recurre a la “represión” de los conflictos ocasionados por las “legítimas” demandas de sus hasta ayer aliados estratégicos (los campesinos en Paraguay, la CGT en nuestro caso), para apaciguar la crisis internacional. Y una derecha que apoya el reclamo contra “la dictadura K”, porque ve en esa urdimbre su última posibilidad, que creía perdida para siempre tras el resultado electoral de apenas ocho meses atrás, y que la dejó casi sin representación política. ¿Los defensores de genocidas, en contra de “criminalizar la protesta”?
¿Es que no se dan cuenta que el mundo se hace añicos y los países centrales demandan a la periferia nuevas pruebas de amor, porque necesitan alineamientos incondicionales? ¿Será que no advierten la desesperación que las potencias capitalistas tienen por dividir a las naciones emergentes, desestabilizar sus gobiernos y frustrar su creciente integración, para trasladarles sus crisis orgánicas?
En ocasiones, los errores políticos pueden ser coyunturales o históricos. De ellos, incluso, puede volverse. Pero la traición es otra cosa. Ahí se acaban las razones y empiezan a jugar otras pasiones, mucho menos felices. El tiempo tiene la última palabra.
A pesar de confesarse “peronista”, Hugo Moyano optó por resignificar, a su modo, una lucha de clases al revés: el 19% de asalariados mejor pagos (incluidos caceroleros y objetores de la política cambiaria) contra un gobierno que distribuye riquezas entre el 81% restante.
Aunque el camionero lo niegue, el paro de ayer quiso ser general, pero quedó a mitad de camino. Si sólo era sectorial, como lo rebajó de categoría Moyano, no se entiende por qué Plaini, Piumato y Schmid fueron sus voceros durante la semana. El manual de procedimiento del jefe cegetista es singular: para festejar se moviliza a los estadios; para protestar, a la Plaza, y para decidir un paro asiste a los estudios de TN. Paro que, sin embargo, sólo duró unas pocas horas, porque al otro día, tras recoger más reparos que apoyos, y esencialmente más multas y denuncias penales que otra cosa, fue transferido para la siguiente semana, y transformado en una movilización a Plaza de Mayo, a la que no concurrieron otros gremios tan numerosos como el convocante original.
Desde luego, una cosa es movilizar a la Plaza y otra muy distinta es parar el país. Si bien se circunscribía únicamente al gremio de Moyano, la medida pretendía ser la pulseada final con el gobierno y definir ayer mismo la interna cegetista. No alcanzó. Hugo Moyano quiso ir por lana y salió “trasquilao”, diría el poeta sanjuanino Jorge Leónidas Escudero.
Al “paro”, ya muy venido a menos, no le fue mejor con sus fundamentaciones. Acuerdo paritario de por medio, al deteriorado jefe camionero le quedaba apuntar sólo al gobierno. Quizás así lo quiso al acordar de apuro con la cámara de transportistas. El acuerdo le ahorraba explicaciones: su batalla siempre fue contra la presidenta y su modelo político-económico. Tanto, que hasta objetó la sustitución de importaciones. “Que se apliquen la Ley de Abastecimiento ellos mismos, que tienen varados en el puerto varios insumos”, se quejó Moyano. Parecía un textil del Once.
Con el discurso en la Plaza no le fue mejor. Previsible, descendió a prejuicios muy antiguos del peronismo, como rivalizar con “los intelectuales que se creen más sabios que el pueblo”, como dijo. Cualquier parecido con el “alpargatas sí, libros no”, es mucho más que mera coincidencia. El líder camionero no se preocupó: por burradas incluso peores ya no se repite primer grado. Los militantes que sostenían las pocas banderas rojas que flameaban al lado de la Catedral se habrán puesto aun más colorados de rabia cuando Moyano los emparejó con los “muchachos de la CGT Azul y Blanca”, conducida por Luis Barrionuevo.
La jornada de protesta que quiso tener carácter nacional y multiplicarse a todos los ámbitos de la vida en sociedad, no impidió que circule el transporte, haya escuelas, hospitales, comercios y oficinas. No se detuvieron las fábricas ni las obras en construcción. Con intensidades variables, las demás centrales sindicales graduaron su desacompañamiento. Eso sí: la distribución de diarios fue discontinuada, contingencia que, a diferencia de otras veces, no fue calificada como “ataque a la libertad de prensa”, ni mereció tapa en blanco alguna. Obvio.
Como el puño de una camisa vieja, con el correr de los días la medida fue deshilachándose, apenas enmendada por nefastos segmentos de la derecha, calificados por la CGT de “oportunistas”. ¿Macri también? Moyano lo resolvió a su modo, agradeciendo la presencia de “muchos legisladores”, como numeró.
Quienes sí apoyaron de entrada la movida fueron los cuerpos orgánicos del Vaticano. Mientras el representante del Papa en Paraguay se apuró a reconocer el nombramiento de Federico Franco, la Pastoral Social argentina justificó la medida por “el parate y la inflación”.
Desde luego, la CGT se sintió agraviada por quienes interpretaron que su acción era “golpista” y “desestabilizadora”. Sin embargo, el énfasis del comunicado de enojo del martes no logró relativizar el dato duro del contexto en que se produjo la marcha: paro policial en Bolivia, golpe de Estado en Paraguay, que mereció la urgente intervención de todos los presidentes de la región prestos a reunirse en Mendoza, y salvaje toma del mayor yacimiento petrolero del país, por un grupo inorgánico de la UOCRA.
Todo sin contar que resultó por lo menos desafortunada una protesta que quiso detener el país, realizada un día después de cumplirse el décimo aniversario de la Masacre del Puente Pueyrredón, y que se sostuvo, entre otros ítem, en el “repudio a la criminalización de la protesta”. Esto es, a la acción institucional del Estado por frustrar un plan evidentemente insurreccional, que proyectaba dejar al país sin dinero en los cajeros, sin combustible y, próximamente, sin recolección de basura.
Esa respuesta estatal no consistió en la acción armada de las fuerzas de seguridad –como hubieran deseado muchos, y que diez años atrás se cobró las vidas de Santillán y Kosteki–, sino en una denuncia penal y un operativo de distracción que logró vulnerar una peligrosa guardia humana, con gran apoyatura mediática, que ansiaba convertirse en blanco móvil de los gendarmes, para, entonces sí, alegar “represión a la protesta”, ese viejo camino conocido por los argentinos y que sólo puede conducir a la tragedia. O a la destitución.
Por más que se ofenda el Consejo Directivo, es obvio que con similares argumentos podría montarse la misma operación de Asunción: un gobierno de raíz “nacional y popular”, que insólita y contradictoriamente apela al “ajuste”, que sacrifica su base de sustentación trabajadora y recurre a la “represión” de los conflictos ocasionados por las “legítimas” demandas de sus hasta ayer aliados estratégicos (los campesinos en Paraguay, la CGT en nuestro caso), para apaciguar la crisis internacional. Y una derecha que apoya el reclamo contra “la dictadura K”, porque ve en esa urdimbre su última posibilidad, que creía perdida para siempre tras el resultado electoral de apenas ocho meses atrás, y que la dejó casi sin representación política. ¿Los defensores de genocidas, en contra de “criminalizar la protesta”?
¿Es que no se dan cuenta que el mundo se hace añicos y los países centrales demandan a la periferia nuevas pruebas de amor, porque necesitan alineamientos incondicionales? ¿Será que no advierten la desesperación que las potencias capitalistas tienen por dividir a las naciones emergentes, desestabilizar sus gobiernos y frustrar su creciente integración, para trasladarles sus crisis orgánicas?
En ocasiones, los errores políticos pueden ser coyunturales o históricos. De ellos, incluso, puede volverse. Pero la traición es otra cosa. Ahí se acaban las razones y empiezan a jugar otras pasiones, mucho menos felices. El tiempo tiene la última palabra.
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