La ONU insiste con los crímenes del franquismo

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario y el Gobierno de Rajoy no parece tener interés en hacerlo

Muy recientemente, el pasado 15 de abril, la ONU ha vuelto por enésima vez a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de este año en el extenso ámbito de los derechos humanos.

Las Recomendaciones básicas fueron estas: “Seguir aplicando la Ley de Memoria Histórica pese a la crisis económica” y “Hacer uso de estudios comparativos para abordar los retos que plantea la investigación de los delitos de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, en consonancia con las recomendaciones del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación”.

Para algunos, demasiados ciudadanos, puede parecerles una exigencia excesiva por extemporánea. Pero, lamentablemente, esa realidad está mucho mas presente de lo que muchos ciudadanos y partidos emergentes expresan en sus programas. Valga un ejemplo, entre los muchos que podrían exponerse. El pasado 5 de Febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, impidió que se derribase la “Cruz de los Caídos” que hoy aún permanece en el Monte do Castro de Vigo, que se  construyó como símbolo de “exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura”. Una vez más, el Art. 15 de la Ley de la Memoria Histórica- que obliga a “retirar” dichos símbolos-fue inaplicada sin mayores consecuencias.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas. .

La ONU ya emitió en Julio de 2014 dos importantes Informes sobre las consecuencias de la dictadura. El del Grupo de Expertos sobre Desapariciones Forzadas y el del Relator sobre los Derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

En ellos se declaraba que “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)….”. Y se cifraba “el número de víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio de 1936 a diciembre 1951  a 114.226”. Añadiendo: De conformidad con la legislación española, los delitos de lesa humanidad, incluido el de desaparición forzada, son imprescriptibles…. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Supremo en relación con la investigación de casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil, no aceptó la permanencia de la desaparición forzada y por ende consideró prescritos los delitos”.Y asimismo, se estableció que las Fosas, donde permanecen los restos de dichos desaparecidos, “alcanzaba las 2.382  en todo el territorio nacional”.Ahí están como testimonio del terror del franquismo y la pasividad culpable de la democracia.

Y aún añadía lo siguiente: “El Grupo de Trabajo ha recibido información sobre “robos” o “secuestros” de bebés y niños y niñas que habrían ocurrido con posterioridad a la Guerra Civil hasta, incluso, después del retorno a la democracia. Las denuncias indican que habrían existido cientos de robos de bebés de las salas de maternidad hospitalaria y que fueron entregados ilegalmente en adopción a cambio de dinero… Existirían alrededor de 1.500 denuncias en las fiscalías pero todavía no se ha podido cuantificar el número de afectados por estos hechos”.

Además, contenían numerosas recomendaciones para superar el silencio y el rechazo institucional de  otras muchas miles de  víctimas, como  las que sufrieron condenas de muerte o de prisión impuestas por  Consejos de Guerra y el TOP por sentencias, radicalmente nulas, que por cobardía del legislador y de los jueces aún conservan su validez.

Ante esta gravísima realidad, debe reconocerse que los Grupos Parlamentarios del Senado, a excepción del PP, el 27 de mayo de este año, han propuesto a la Mesa “la creación de una Comisión Especial” para “reforzar la apuesta española en materia de memoria histórica” e implementar el cumplimiento de dichas Recomendaciones.

Ignoramos si la duración de la legislatura lo va permitir, pero debe saberse que el Senado español, este año 2015, se comprometió a “prestar un mayor reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la Guerra Civil y del Régimen franquista”. 

Carlos Jiménez Villarejo es miembro Federalistes d’Esquerres