En la denuncia realizada por los letrados y letradas, varios pertenecientes a la Asociación Libre de Abogados, se relata que la policía les recibió encapuchados y que otros encapuchados tomaron declaración a los detenidos. ALA denuncia que esta práctica policial no tiene respaldo legal alguno y supone una continuación de la política del “enemigo” expuesta con clarividencia en Valencia por la Policía y la Delegación del Gobierno.
Además de estas graves irregularidades inaceptables en un estado que se reclama democrático, no se respetó la privacidad de las reuniones mantenidas entre los detenidos y los letrados, interrumpiéndolas constantemente o no permitiendo que la puerta estuviese cerrada. Este tipo de actuaciones buscan generar miedo entre activistas sociales y sus abogados, criminalizando la protesta en un momento en el que el Gobierno sabe que las manifestaciones van a ir en aumento. La toma de las declaraciones y la restricciones a los abogados para tener una reunión con los detenidos son actos que además de ser intolerables y despreciables se sitúan al margen de le ley, y vulneran el derecho fundamental a la defensa.
ALA espera que, ante la gravedad de los hechos denunciados por el grupo de abogados y abogadas, tanto el Colegio de Abogados como el Ministerio de Interior asuman sus responsabilidades en el cumplimiento de los derechos de los justiciables de forma que se ponga fin inmediato a estas prácticas, así como se depuren responsabilidades.
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