¿HÉROE O VILLANO?

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viernes, noviembre 05, 2010

los verdaderos dueños de Argentina

Una deuda pendiente de la Argentina

Por Gabriela Boda

Cada vez que se atraviesa un nuevo 12 de octubre, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general, se plantea la dicotomía entre quienes creen que hay que festejar la fecha y los que no sólo están en contra del festejo, sino que abogan por una revisión histórica del pasado y una reparación en el presente de los pueblos indígenas. Amnistía Internacional es un movimiento internacional que trabaja por los Derechos Humanos en más de 150 países del mundo y en la Argentina trabaja prioritariamente para que los derechos de los pueblos indígenas sean una realidad. En este momento se está evaluando que el 12 de octubre, conocido como Día de la Raza, pase a ser el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, lo cual seguramente sería un buen paso en la lucha por la igualdad y reivindicación histórica de los pueblos indígenas en la Argentina.

Es evidente que aún quedan medidas de reparación histórica pendientes, de hecho el pasado martes los pueblos originarios realizaron un acto frente al Congreso pidiendo por esto. Pero la reparación histórica es insuficiente para solucionar la situación de discriminación, exclusión y pobreza de los pueblos indígenas. Hay una historia de violencia, discriminación, marginación, hostigamiento que hoy se sigue repitiendo.

Hacia finales del siglo XIX, los militares realizaron sucesivas operaciones en la Patagonia y en el norte argentino, más conocidas como Campaña del Desierto y Conquista del Chaco, en las que los indígenas que habitaban esas tierras eran vistos como los bárbaros que debían civilizar. Así fue como resultaron brutalmente desplazados de sus tierras ancestrales, discriminados, excluidos y silenciados.

El actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni se pronunció diciendo que “el Estado argentino con los pueblos originarios también cometió genocidio”.

Si bien en la actualidad ya no se observan matanzas tan fuertes al filo de las armas, podemos ver derechos violados todos los días y deudas de 200 años, desde la existencia del Estado argentino. Según las estadísticas oficiales, alrededor de 600 mil personas actualmente se reconocen como indígenas.

La Constitución Argentina reconoce, en el inciso 17 del artículo 75, el derecho a la participación de los pueblos originarios referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Con sus luchas, los indígenas lograron en 1994 introducir una enmienda a la Constitución que también incluye garantías expresas para sus derechos, al reconocer la preexistencia étnica y cultural de los indígenas de la Argentina; garantizar el respeto a la identidad única de las comunidades y reconocer tanto su personería jurídica como sus derechos a las tierras tradicionales.

Sumado a esto, los tratados internacionales de los cuales la Argentina es parte, obligan al Estado a garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, antes de aprobar cualquier proyecto que pudiera afectarlos.

Estos avances en materia de legislación no significaron un real progreso en las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Amnistía Internacional Argentina ha recibido muchas denuncias de desalojos a comunidades indígenas, presiones y hostigamientos que estos pueblos sufren constantemente.

Nuestra organización investigó, por más de dos años, el caso de la comunidad pilagá de El Descanso, en la provincia de Formosa. En 1997, la vida de los habitantes de El Descanso sufrió un cambio radical con la construcción del canal del Río del Norte. Fue un proyecto de obra pública destinado a derivar las aguas del bañado La Estrella a una serie de canales que se extienden a localidades y campos próximos. Los canales fueron construidos en las tierras de la comunidad y en zonas adyacentes. Para su realización, las autoridades no contaron con el consentimiento libre, previo e informado de los indígenas. De hecho, ni siquiera se informó a la comunidad sobre el proyecto que se iba a llevar a cabo en sus tierras. Esto les obstaculizó y hasta impidió mantener sus tradiciones, fuentes de trabajo y alimentación, entre otras cosas. Cada vez se les dificulta más la marisca (caza y recolección); y su cementerio, escuela y viviendas se encuentran bajo el agua. No se respetaron sus derechos a la tierra y a los recursos naturales y, tras los reclamos que hizo y hace la comunidad por las graves violaciones a sus derechos, denuncian ser perseguidos y hostigados.

“Yo a veces pienso que no somos argentinos los pilagá, porque cuando reclamamos, pedimos algo para la comunidad, el gobierno no nos quiere escuchar, nos sentimos solos, sin gobierno de la provincia”, expresó Juana Segundo, de la comunidad pilagá.

A pesar de la sanción de la Ley 26.160 de “emergencia de la propiedad comunitaria”, que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, diversos casos como el de la comunidad de El Descanso demuestran que las órdenes de desalojo siguen expidiéndose. Lo mismo sucede con la comunidad La Primavera, que denunció ante Amnistía Internacional la imposibilidad de vivir en sus tierras ancestrales debido a la invasión que están sufriendo en sus montes y la posterior exclusión de sus tierras. Por ello, se encuentran hace más de dos meses cortando la Ruta Nacional Nº 86, en reclamo para hacer escuchar su voz y que se respeten sus derechos.

En este contexto, líderes indígenas de diversas comunidades rechazaron el convenio para la implementación de la Ley 26.160 de la provincia de Formosa con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) porque no garantiza la participación de las comunidades.

Lo positivo es que las reivindicaciones de los pueblos indígenas contra la discriminación, por el derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales de las mismas y por dar su consentimiento previo, libre e informado sobre los planes y decisiones que los afectan son cada vez más organizadas y articuladas, están cada vez más presentes en el centro del debate de los Derechos Humanos y lo revitalizan.

El caso de la comunidad de El Descanso es, tristemente, un caso testigo de grandes deudas vigentes para con todas las comunidades en todo el país.

Amnistía Internacional sostiene que el Estado Argentino debe saldar una deuda histórica que mantiene con los pueblos indígenas, cumplir con sus compromisos internacionales y ser proactivo para que los Derechos Humanos sean respetados, rompiendo con la marginalización y discriminación en la que se encuentran hace siglos.

Fuente texto: la nota de graciela Boda ( Directora Ejecutiva Amnistía Internacional Argentina) fue exraida del diario Tiempo Argentino, 14 de octubre de 2010

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