Represión mas allá de las fronteras
La Comisión de la Verdad de Brasil detalla los secuestros en el marco del Plan Cóndor
Heloísa Mendonça
São Paulo.
"Los que más me pegaban eran los brasileños. Digo
brasileños porque hablaban en portugués. Me golpearon, me insultaron y
comenzaron a revisar todo el piso. Allí no había más que papeles.
Yannone [el mayor] se sentó en el suelo. Como le dolían los puños, se
quitó un zapato y me golpeó”, relató Lilian Celiberti.
La entonces profesora vivía en Porto Alegre con el
estudiante Universindo Rodríguez, ambos ciudadanos uruguayos, cuando
fueron secuestrados con los hijos de ella en 1978. Los dos eran
militantes del ilegal Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), opositor
a la dictadura en Uruguay. Recogían información sobre torturas y se las
pasaban a organismos de defensa de los derechos humanos en Europa.
El secuestro de Celiberti y Rodríguez fue una de las acciones de represión practicadas entre Brasil y Uruguay en el ámbito de la Operación Cóndor,
una red secreta para el intercambio de informaciones y operaciones
extraterritoriales de secuestro, tortura, ejecución y desaparición
forzada de opositores políticos exiliados entre Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Según el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) brasileña,
divulgado el pasado miércoles, la coincidencia de dictaduras militares
de orientación ideológica semejante en Sudamérica en las décadas de 1970
y 1980 se reflejó en una intensa cooperación regional para el combate a
la subversión. El documento detalla la colaboración extranjera con los
militares brasileños y la actuación de agentes y diplomáticos fuera del país.
El informe de la CNV indica la existencia de bases
brasileñas en varias capitales del exterior: Asunción, Montevideo,
Santiago de Chile, París, Lisboa, Praga, Moscú, Varsovia y Berlín.
Además, la Comisión encontró indicios de bases en Caracas, La Paz y
Lima. El delegado Sérgio Fleury, uno de los jefes de la represión,
viajó a países vecinos con conocimiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil, según el informe, que señala que el policía
brasileño estuvo en Francia, Uruguay, Argentina y Chile.
Sin la ayuda de Estados Unidos, ningún país de la
región habría conseguido organizar el sistema de la Operación Cóndor. Se
sabe, por ejemplo, que la CIA proporcionó la tecnología puntera
usada en la producción y utilización de una base de datos común a todos
los países miembros.
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Sin embargo, antes de la formalización de la operación, el
régimen brasileño ya mantenía colaboración con los países vecinos a fin
de vigilar y restringir los derechos de brasileños exiliados. Este fue,
entre otros, el caso del presidente João Goulart,
que llegó a Uruguay en abril de 1964. La dictadura brasileña presionó
el Gobierno uruguayo en búsqueda de cooperación. La estación de la CIA
en Río de Janeiro también colaboró en el control de los exiliados en
Uruguay e interfirió directamente en la designación de diplomáticos para
la Embajada de Brasil en Montevideo.
Los archivos de Exteriores muestran evidencias de que este
Ministerio llegó a estar involucrado directamente en al menos un
episodio de detención arbitraria en Uruguay, de manera oficial, aunque
de forma secreta. Fueron localizados documentos que comprueban que un
ciudadano brasileño, Luiz Bastian Pinto, fue detenido en
Uruguay y entregado a la policía brasileña en la frontera, a través de
una acción pactada entre el embajador de Brasil y el ministro de
Interior uruguayo.
Este episodio, que para la CNV prueba la implicación
directa del Ministerio de Relaciones Exteriores, parece no haber sido
aislado. Aparecen, en otros documentos, la Embajada y los consulados, el
Centro de Informaciones del Exterior (CIEx), la Policía Federal y el Departamento de Orden Política y Social (DOPS)
brasileños. Del lado uruguayo, hay registros de participación del
Departamento Nacional de Informaciones e Inteligencia y de las jefaturas
de policía de Montevideo y otras ciudades.
Hay también, entre telegramas y oficios, muchos documentos
que encaminaron informaciones sobre ciudadanos de otras nacionalidades,
buscados en los países vecinos. El Consulado General de Montevideo
enviaba regularmente listas de “extranjeros subversivos e indeseables”.
Entre los nombres se encontraba, por ejemplo, José Mujica, actual presidente de Uruguay, y u mujer, Lucía Topolansky.
Chile
Las pesquisas en los archivos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil encontraron también evidencias de que la actuación
del Estado brasileño respecto a sus ciudadanos que se encontraban en
Chile durante la dictadura fue más allá de la omisión de protegerlos.
Una lista divulgada por Manuel Contreras, exjefe de la
policía secreta chilena, mostró que 108 brasileños estuvieron presos en
el Estadio Nacional, y uno de ellos, Wânio José de Mattos, falleció “en
situación de deliberada omisión de socorro”. A muchos de ellos se les
podría haber liberado rápidamente, concluye el informe. Las
comunicaciones del periodo, entre la Embajada y el Consulado en Santiago
y la Secretaria de Estado en Brasilia, muestran que Exteriores llegó a
tomar iniciativas para impedir que fueran soltados.
El informe también indica que Exteriores solo se preocupó
por obtener datos de brasileños exiliados en Chile para vigilar sus
actividades. “El golpe de Estado en Chile,
y la subsiguiente persecución de los extranjeros que allá se
encontraban, fue para las autoridades brasileñas una ocasión
privilegiada para descubrir el paradero de centenares de oponentes al
régimen brasileño que habían dejado el país y, de allí en delante,
seguir la pista de sus desplazamientos en el exterior”.
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