El ejecutivo de Cristina Fernández ha enviado al Congreso un
proyecto de ley para canjear los bonos emitidos en Nueva York por
otros en el país austral.
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El ministro argentino de Economía, Axel Kiciloff.David Fernández (EFE)
Pese a que Argentina ha cedido desembolsar lo que se le demandaba a los fondos buitre, pero mediante un canje de deuda de bonos emitidos en Nueva York por otros de Buenos Aires, Estados Unidos continúa apretando las tuercas e imponiendo cada vez más condiciones. Así es como el ejecutivo de Cristina Fernández
ha acusado al juez Thomas Griesa de "pretender imponer condiciones al
Congreso" argentino después de que el magistrado de Nueva York
calificara de "ilegal" el proyecto de ley que propuso la presidenta
argentina para pagar en el país a los bonistas de deuda reestructurada.
"El
hecho de declarar «ilegal» a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo
envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina
y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones
democráticas", sostuvo un comunicado del Ministerio de Economía. Griesa,
agregó, "pretende ahora, a pedido de los fondos buitres, imponer
condiciones al Congreso, máximo órgano legislativo de la Nación".
Según
Buenos Aires, "en un nuevo exceso de jurisdicción y desconocimiento de
la soberanía, Griesa opinó sobre la ilegalidad de un proyecto de ley que
ni siquiera comprendió en toda su extensión (al desconocer elementos
centrales del mismo), y que fue enviado para su tratamiento en el
Congreso de la Nación, como debe ser en todo Estado democrático". Así,
"una vez más, la audiencia convocada por el Juez de Nueva York, Thomas
Griesa finaliza sin resoluciones para ninguna de las cuestiones
realmente importantes ocasionadas por su sentencia", añadió el
Ministerio que encabeza Axel Kicillof. "Lejos
de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las
partes, el Juez sólo busca favorecer a los fondos buitre", concluyó. Thomas Griesa, que falló a favor de los fondos especulativos que
demandaron a Argentina en Estados Unidos para cobrar la deuda en mora
desde 2001, calificó hoy de "inválida e ilegal" la última propuesta
anunciada desde Buenos Aires para destrabar los pagos. En una audiencia
desarrollada en los tribunales de Nueva York, el magistrado señaló que
el proyecto de ley que ya fue remitido por el Gobierno al Parlamento
argentino para abrir la puerta al pago local a los acreedores de deuda
reestructurada, viola las órdenes dadas por la Justicia estadounidense.
Griesa
mantiene bloqueados los fondos que Argentina depositó en un banco
estadounidense para cumplir con sus obligaciones de pago con los
bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010,
que implicaron importantes quitas sobre las cifras originales. El
proyecto que impulsa el Ejecutivo de Fernández pretende esquivar el
bloqueo del magistrado y pagar a sus acreedores antes del próximo
vencimiento de deuda, el próximo 30 de septiembre.
Mientras el ejecutivo mantiene esta lucha con el exterior, los conflictos se le multiplican al interior de Argentina.
La oposición mantiene un duro pulso en el Parlamento, empujados con los
casos de corrupción que le están saltando al oficialismo. El
vicepresidente ha vuelto a ser imputado por corrupción. Además, los
sindicatos han convocado una huelga para el próximo jueves. El Gobierno pidió hoy "unidad" y
criticó a la oposición y los sindicatos por actuar "en consonancia con
los fondos buitre" cuando Argentina lucha para garantizar su "soberanía"
en el conflicto de la deuda. Durante su rueda de prensa diaria, el jefe
de Gabinete del Ejecutivo, Jorge Capitanich, destacó que "Argentina
necesita la unidad nacional" y aseguró que "existe conexión y vínculo
entre buitres de afuera y buitres de adentro".
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