ES LA CASTA,LA RAZA O QUE SON TONTOS E HDP

 SANCION DE UN ORGANISMO DE LA ONU POR UN CASO DE VIOLENCIA DE GENERO

Condena inédita para España

Una mujer había denunciado más de 30 veces a su pareja, pero no obtuvo respuesta de la Justicia ni de las autoridades. El hombre terminó matando a la hija y luego se suicidó. Ahora, el Comité de la ONU por la Discriminación contra la Mujer condenó al Estado español.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en inglés) condenó por primera vez al Estado español por no proteger a una mujer, víctima de violencia de género, y a su hija, de siete años, asesinada por su padre en 2003, quien había sido denunciado más de 30 veces. “Sabía que acabaría matándome a mí o a la niña, o a las dos”, aseguró Angela González en una entrevista del diario español El Mundo. El gobierno reconoció ayer que no se les otorgó la protección necesaria en aquel momento.

Se trata de la primera condena internacional a España por un caso de negligencia en violencia de género. Según el dictamen del Comité, el Estado “no actuó de manera diligente” para proteger a González ni a su hija Andrea, que murió a manos del maltratador, quien luego se suicidó. Además, reprobó la actuación del país al no investigar ni indemnizar a la mujer por su pérdida.
La condena del Cedaw obliga al Estado español a “reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente” a González y a realizar una “investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas”.
Asimismo, con el fin de preservar a otras víctimas, establece que se tomen “medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia cuando se ponga en peligro la seguridad de mujeres e hijos”. En tal sentido, también se solicitó que se “refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género” y se intimó a los jueces y el personal administrativo correspondiente a recibir una formación sobre “estereotipos de género”.
González relató que tras 20 años de sufrir maltratos psicológicos y físicos de su ex marido, Felipe Rascón, tuvo el valor de abandonarlo “con una bolsa en una mano y Andrea bajo el brazo en 1996”. Desde entonces y hasta que su hija murió, aseguró que pidió ayuda a “los jueces, a la policía, a la Guardia Civil, a los servicios sociales... ¡A todo el mundo! Pero nadie nos protegió”, y añadió: “Supliqué que se interrumpiera el régimen de visitas, que no dejaran que Felipe viera a la niña o, al menos, que los encuentros fueran vigilados. Pero un juez estimó que el padre tenía derecho a estar con ella a solas, que no era peligroso”. El desenlace temido ocurrió el 24 de abril de 2003, cuando Roscón le disparó a su hija en la cabeza y luego se suicidó.
A once años de lo sucedido, González decidió demandar al Estado español como responsable civil de la muerte de su hija Andrea. “El principal culpable está donde tiene que estar. Con él ya no se puede hacer justicia, pero sí con otros muchos que fallaron. Pido que se repare un daño moral que es irreparable, que se pague por los de-saciertos y errores judiciales y administrativos que acabaron con la muerte de mi hija”, enfatizó.
La directora general del Instituto de la Mujer de España, Carmen Plaza, reconoció, una vez conocido el dictamen del Cedaw, que el gobierno no le otorgó en 2003 a González la protección necesaria para “prevenir la dramática muerte de su hija”. Plaza afirmó además que desde aquel momento se ha “avanzado notablemente en la normativa de lucha contra la violencia de género” y que España hoy es un “país referente”. De acuerdo con Plaza, a partir de 2012 se desarrolla la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, en la que se incluyen medidas para la protección de niños, niñas y adolescentes, y se está trabajando para que se aplique en todos los ámbitos del Estado.
González recordó además que el hombre la golpeó, la tiró contra el suelo de la cocina y puso un cuchillo en su vientre delante de la nena, cuando tenía tres años. Luego de los informes psiquiátricos correspondientes, el juez impuso que las visitas fueran vigiladas por un asistente social, que duraron dos años, hasta que una nueva resolución judicial lo dejó ver a la niña a solas. El día del asesinato se había realizado el juicio en el que se decidía quién se quedaría con la propiedad en la que vivían cuando estaban casados.