Caso Gibraltar: ¿El tiro por la culata?
El lobby internacional
montado por el gobierno de Mariano Rajoy para vender a los medios de
comunicación y casas de inversión la "marca España", la recuperación
económica, ha sufrido en Gibraltar un quiebro inesperado. Contra todo
pronóstico, en paralelo al caso Bárcenas, se ha creado un nuevo problema para el gobierno español por su gestión del caso Gibraltar.
Rajoy admitió de facto que
comparecía el 1 de agosto en el Parlamento por la presión de la opinión
publicada internacional. Algunos medios le habían urgido a dar
precisamente allí una explicación sobre su ex hombre de confianza, Luis
Bárcenas.
"A eso es a lo que vengo, señorías, a
frenar esa erosión de la imagen de España que algunos cultivan, a
evitar que el daño a los españoles, a sus intereses y a su futuro siga
creciendo de manera, a mi parecer, irresponsable, y también a desmentir
las mentiras, manipulaciones e insinuaciones maliciosas que han jaleado
con entusiasmo, entre otros, algunos dirigentes políticos. Esta es la
razón de mi comparecencia...No comparezco por ninguna otra razón", dijo
el presidente del Gobierno. (Ver Diario de Sesiones número 132, Congreso
de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, 1 de agosto de 2013,
pág. 5).
No parece que aquellos medios que pidieron esa comparecencia hayan disipado sus sospechas. Es el caso del Financial Times. En
un editorial de su edición del lunes 12 de agosto, dedicado a la frágil
recuperación económica europea, señala: "Sólo Mariano Rajoy y su
Partido Popular pueden limpiar el aire de un escándalo de financiación
en su partido que mina la fe del público en la promesa de los políticos
de que vienen tiempos mejores".
Pero, más allá del impacto que haya podido tener la citada comparecencia, la
respuesta del gobierno de Rajoy a la decisión unilateral del gobierno
de Gibraltar de lanzar 70 bloques de hormigón, a finales de julio
pasado, en las aguas que rodean a la colonia británica, ha abierto un
frente de erosión adicional. A perro flaco, todos son pulgas. España es
tratada más o menos como Argentina cuando ante una situación conflictiva
de política interior echa mano de la tan socorrida reivindicación
territorial de las islas Malvinas.
Los grandes medios de comunicación
que son objeto permanente de atención de La Moncloa y del Ministerio de
Economía han reaccionado en sus editoriales con críticas despectivas, a
esa conducta. En sus páginas editoriales, The Wall Street Journal (WSJ), propiedad del empresario australiano-estadounidense, Rupert Murdoch, y Financial Times y The Economist, grupos británicos, han deslizado su desconfianza sobre la conducta española.
El WSJ cita el artículo 10 del
Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713, según el cual, el "Rey
Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a
la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y
castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas
que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la
tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni
impedimento alguno".
La idea del diario sobre el conflicto actual es que "el
desacuerdo real es que España no acepta que Gibraltar no sea español.
El difunto dictador Francisco Franco cerró la frontera en 1965 y todavía
hoy puede llevar horas cruzar la frontera en coche. Los españoles
explotan el espectro del comercio libre de impuestos en Gibraltar como
pretexto para detener el tráfico. Esta preocupación es tan vieja como
el artículo X del Tratado de Utrecht, que menciona el peligro de que los
contrabandistas usen como base a Gibraltar".
El WSJ señala en el editorial de su
edición europea del 5 de agosto que el problema es que los gibraltareños
"apoyan abrumadoramente quedarse con el Reino Unido, cerca del 99-1 la
última vez que votaron, en 2002. El estatus libre de impuestos de
Gibraltar, que le sitúa dentro de la Unión Europea, pero fuera de su
unión aduanera y sus reglas sobre el IVA, resulta crucial para su
economía local. Ser otro rincón de Andalucía dañará severamente a
Gibraltar como destino de compras, pero poco hará para ayudar a superar
los problemas económicos de España".
Su desconfianza del gobierno español no puede ser más abierta.
"No hay duda de que el Gobierno de
Madrid prefiriría batir tambores nacionalistas antes que hablar sobre la
economía nacional, pero es una distracción que no conduce a ninguna
parte. El primer ministro británico David Cameron ha reiterado que el
Reino Unido nunca negociará devolver la Roca mientras sus residentes
quieran seguir siendo británicos".
Al WSJ se le ocurre, pues, el camino
inverso. "Con un PIB per cápita casi el doble del que tienen sus vecinos
en España y con un 3% de desempleo comparado con el 26 al norte de la
frontera, es improbable que eso [el deseo de pertenencer al Reino Unido]
vaya a cambiar pronto. Quizá el mejor camino es para España tratar de
ser más una parte de Gibraltar, al menos mediante la adopción de su
modelo económico de bajos impuestos y libre mercado"
El FT, que urgió a Rajoy para que compareciera ante el Parlamento por el caso Bárcenas y
"hablara con la verdad sobre lo que sabe" sobre dicho asunto, critica
tanto al gobierno de Cameron como al de Rajoy. "En respuesta a una
amenaza española de introducir una tasa elevada en la frontera
gibraltareña, el gobierno [de Cameron] ha enviado varios buques de
guerra hacia la Roca. Allí van a atracar, en lo que se denomina una
demostración de fuerza, de camino hacia el Mediterráneo para realizar
ejercicios".
Prosigue: "Detrás de esta pantomima
diplomática yace una disputa de tiempo atrás sobre derechos de pesca y
fronteras marítimas. La temperatura ha subido desde que Gibraltar lanzó
algunos bloques de hormigón al mar, cerca de su costa, que es presentada
como una medida ecológica, creando problemas a algunos pescadores
españoles. Madrid reivindica que su intervención es para proteger a sus
ciudadanos. Sin embargo, la sospecha es que el primer ministro de
España, Mariano Rajoy, ha saltado ante una oportunidad para desterrar de
las primeras páginas un escándalo político de financiación que amenaza
la supervivencia de su gobierno".
No parece, pues, que los
editorialistas del diario hayan extraído de la comparecencia de Rajoy en
el Parlamento la idea de que haya superado la amenaza de supervivencia
en la que el caso Bárcenas le tiene sometido.
Pero, en el caso de Gibraltar, el FT
señala que "la posibilidad de que cada una de las partes recurra a
golpes es inexistente o muy remota. Las tasas a aplicar en la frontera
pueden ser ilegales según la ley de la Unión Europea, pero si son
impuestas van a desencadenar una respuesta del Reino Unido en Bruselas,
no en alta mar".
En relación a la soberanía como tal,
el diario ironiza: "El enfrentamiento sin duda reabrirá el debate sobre
el estatus de Gibraltar como posesión británica. Los estudiantes de
Metternich disfrutarán analizando el Tratado de Utrecht, por el cual se
cedió la Roca al Reino Unido en 1713. Pero la posición legal es clara y
ha sido reforzada por dos referéndums sobre la soberanía británica que
Londres ha prometido respetar".
La única concesión que hace el
diario a España, si se quiere, es considerar que el gobierno de
Gibraltar "no está exento de culpa".
Pero su forma de plantearlo es cuasi-imperial. "Mientras envía a la Navy,
el Reino Unido debería también recordar a los gibraltareños de su
responsabilidad de mantener relaciones con sus vecinos. Las autoridades
de la Roca no siempre han sido asiduos en el tratamiento de actividades
financieras desagradables y el contrabando".
Y The Economist advierte
que se trata de una "disputa sin un final a la vista". Recuerda que
"habiendo tratado un compromiso [la soberanía compartida ofrecida a
primeros de los años 2000 por el ministro laborista Jack Straw], el
Reino Unido rechaza contemplar cualquier acuerdo que no sea aprobado por
los ciudadanos de la Roca. Esto es lo que hace que las tácticas del
señor García-Margallo sean de autoderrota. El último enfrentamiento
aplazará un acuerdo en otra generación"
En el Gobierno español no parece haber un acuerdo sobre estos matices.
¿Evidencias?
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
cree que el conflicto con Gibraltar se circunscribe al cumplimiento de
las leyes, tanto fiscales como medioambientales y de seguridad
ciudadana, y nada tiene que ver con la soberanía ni se ve afectado por
unas maniobras militares que se anunciaron el 4 de junio y se llevan a
cabo desde hace tres años.
Pero García-Margallo ha solicitado un
informe a un grupo de expertos para explorar vías tendentes a
incrementar la presión sobre el Reino Unido en Naciones Unidas y otros
foros.
En mayo pasado, al abrir el periodo de
sesiones del Parlamento británico, semanas antes de la reunión anual
del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, la reina Isabel de
Inglaterra, declaró: "Mi gobierno garantizará la seguridad, buen
gobierno de los Territorios de Ultramar, incluyendo la protección del
derecho de determinar su futuro político por parte de los habitantes de
las Islas Falkland y los gibraltareños".
En dicho Comité no hay avance alguno.
García-Margallo piensa ahora en un
frente común con Argentina para aprovechar el hecho de que este país es
miembro del Consejo de Seguridad de la ONU durante 2013 y 2014. Y tiene
en agenda plantear el asunto durante un encuentro previsto en Buenos
Aires con el canciller argentino, Héctor Timmerman, con ocasión del
anuncio, el 7 de septiembre, del Comité Olímpico Internacional (COI)
sobre la ciudad que habrá de organizar los Juegos Olímpicos de 2020.
Fuentes diplomáticas argentinas
consultadas en Buenos Aires nada saben sobre el nuevo plan español. No
ha habido ningún intercambio de ideas al respecto.
¿Y en lo que se refiere a las medidas
aplicadas por las autoridades españolas en Gibraltar? ¿Es compatible
mantener los controles y presionar a través de los controles que sufren
los ciudadanos, entre ellos miles de trabajadores españoles, con la
reunión que Garcia-Margallo prevé tener en septiembre con el canciller
argentino? ¿Se aprobará la tasa de 50 euros para entradas y salidas?
Algunos corresponsales extranjeros
han intentado obtener en el ministerio de Asuntos Exteriores una
respuesta precisa. Sin éxito.
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