La tierra y los usos de la fuerza

El lugar de los pueblos originarios en la disputa por las ganancias que produce la explotación agropecuaria del “territorio ancestral indígena”. ¿Negociar o despejar las rutas? El debate sobre qué debe hacer el Estado ante los piquetes.





La rapiña “del campo”

Consejo Asesor Indígena *

Desde hace más de tres meses venimos asistiendo como meros espectadores a una confrontación entre el Gobierno y sectores del capital agropecuario que debería incluirnos en primer término, ya que la pelea de fondo es por el acceso y el reparto de las multimillonarias ganancias que extraen del territorio ancestral indígena.
El Estado argentino reconoció en la Constitución de 1994 la preexistencia de los pueblos originarios, siendo actualmente catorce los pueblos que sobrevivimos en porciones muy pequeñas de nuestro territorio ancestral pese al racismo y la negación sistemática, no sólo de nuestros derechos reales, sino de nuestra existencia misma. Además, en el 2000 el Estado formalizó su adhesión al Convenio 169 de la OIT. Finalmente, el año pasado, Argentina, como país signatario de Naciones Unidas, firmó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Estos reconocimientos suponen derechos efectivos, no sólo a la vida en sí, sino a la vida en nuestro territorio ancestral. En el caso del pueblo mapuche, en puel mapu (territorio del este de la cordillera), muchas de nuestras familias que hoy ocupan pequeñísimas fracciones de campo en las mesetas y estepas de Río Negro, Neuquén y Chubut fueron masacradas y hechas prisioneras por el Ejército Argentino (a partir de 1833 en diferentes campañas) de las tierras que hoy son el botín de la soja y de las extraordinarias rentas diferenciales del suelo de la pampa húmeda.
Apellidos tales como Catriel, Painé, Epugmer y Calfucurá –representantes de miles de familias que vivían en el territorio de lo que hoy es la provincia de Buenos. Aires, sur de Córdoba y La Pampa–, por ejemplo, son prueba viva de nuestra vida en el territorio que siguen rapiñando hoy por sobre nuestra sangre derramada.
Otros pueblos hermanos ofrecen otros ejemplos. La ampliación de la frontera de la soja hacia el norte es, en realidad, un nuevo avance hacia el territorio wichi, qom, guaraní, cien años después del sometimiento armado de las campañas de Roca y Victorica al Chaco. Según cifras oficiales, el 10 por ciento de la producción nacional de azúcar –con su consiguiente aporte a la renta nacional por exportaciones– la realiza la empresa Tabacal Agroindustrial de la transnacional Seebord Corp. en territorio ancestral guaraní, que tanto dolor y muerte le produce a la comunidad La Loma.
No conocemos ningún economista de los tantos que han aportado a este debate “nacional” que haya analizado –menos cuantificado– el aporte forzado y forzoso, inconsulto, ilegal e ilegítimo de los pueblos originarios a la llamada renta nacional en la Argentina del Bicentenario.
Ni qué hablar de los autodenominados representantes “del campo”, que no consideran tales a las extensiones de tierra árida y semiárida en las que tenemos nuestras ovejas y chivas –para el consumo doméstico generalmente–, las que además son para los organismos internacionales y expertos medioambientales la causa de la degradación y desertificación de los suelos.
Tampoco aceptamos que se nos incorpore a este debate como “campesinos”, categoría que niega nuestro autorreconocimiento político e identitario como indígenas, aunque esa categoría pueda servirles a muchos políticos y economistas para colocarnos en su mundo ideológico, que no puede imaginar la vida de los pueblos por fuera de los esquemas de la producción capitalista. En nuestra cosmovisión somos uno con y en la naturaleza en wall mapu (territorio ancestral mapuche preexistente a la creación de los Estados de Argentina y Chile), arrinconados en pequeñas porciones que debemos defender de los “inversores” y de los gobiernos encaramados en los negociados de tierras, que llaman fiscales aun con nosotros viviendo dentro.
La defensa de nuestro territorio ancestral la hacemos y seguiremos haciendo desde esa cosmovisión, en la que no es posible escindir la vida del pueblo de la de los recursos naturales; mucho menos el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y sus respectivas rentas que ofenden y mansillan al wall mapu.
* El CAI es una organización de base del pueblo mapuche.