Tras las subidas de las Bolsas, bajada de las primas de riesgo y euforia generalizada con la que los mercados recibieron tras la cumbre del 28 y 29 de junio pasados lo que en realidad eran sólo genéricos y ambiguos planes de crecimiento y empleo de la UE y unos poco convincentes acuerdos sobre unión monetaria y fiscal, todo ha vuelto a la ‘normalidad’.
Ya no se leen en Europa los exitistas titulares de los primeros días después de ese encuentro, del tipo “La cumbre que salvó el euro”, sino otros como “La prima de riesgo (en España) vuelve al nivel previo a la cumbre europea”, “Chipre, quinto socio de la eurozona en pedir rescate”, “Los recortes ahogan a Portugal”, “Monti despedirá a 1 de cada 10 funcionarios públicos”, o uno de El País preocupante como éste: “Londres plantea cerrar sus fronteras a países de la UE en crisis”.
Todos, en realidad, eran previsibles. La Europa que cada vez abría más sus fronteras internas mientras erigía un muro exterior para frenar a los extracomunitarios, ya empieza a temer a sus propios vecinos en crisis. La solidaridad europea hace aguas. El primer ministro británico, David Cameron, aseguró en la Cámara de los Comunes estos días que cerrará la frontera a los inmigrantes europeos “si un empeoramiento de la crisis económica crea presiones y tensiones extraordinarias”.
El premier, presionado por el creciente sector euroescéptico del Partido Conservador, adelantó que no descartaba convocar a un referéndum para que los británicos decidieran qué tipo de relación quieren mantener con Europa. Muchos en su partido presionan para que Reino Unido rompa totalmente con la Unión Europea, creada en 1992.
Es todo un símbolo de la gravedad de la crisis. Ya no es sólo la vida de la eurozona la que está en juego, la supervivencia de la moneda oficial que comparten 17 países europeos desde 2002, sino que se empieza a cuestionar la propia esencia de la Unión Europea, en la que participan esos países junto a otros 10 que conservan su propia moneda, como Reino Unido.
Ante la poca fiabilidad que transmiten los planes de la UE, los mercados, los grandes inversores, especuladores internacionales y agencias de calificación de riesgo, siguen hostigando a los países periféricos de la zona euro. Los focos siguen centrados fundamentalmente desde hace semanas en España. El hecho de que sea este país –la cuarta economía en importancia de la eurozona– el que tiene a su sistema bancario en la situación más crítica y el que cuenta con el mayor número de desempleados de toda la UE, hace temer las consecuencias de un eventual derrumbe.
Y el gobierno de Mariano Rajoy sigue respondiendo a ese acoso de los mercados y de los acreedores con más y más ajustes, más de lo mismo.
Todos los viernes, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, los españoles temen los nuevos anuncios.
Y en Italia, su tecnócrata primer ministro, Mario Monti, temeroso de que su país –la tercera economía de la eurozona– siga los pasos de España, se apresura a cortar y cortar. Estos días aprobó por decreto un plan para reducir otros 26.000 millones de euros del presupuesto general en tres años, que incluye la eliminación institucional de 60 de las 110 provincias en las que está dividida Italia actualmente; la reducción del Ejército en un 10%; una drástica reducción de la estructura judicial y el despido de 330.000 de los 3.300.000 funcionarios públicos.
Paralelamente, el flamante Gobierno griego, encabezado por el conservador Antonis Samarás, ha solicitado a sus acreedores, la Unión Europea y el FMI, al menos dos años más de plazo para poder cumplir con el durísimo plan de ajuste que le exigen a su país a cambio del rescate que recibe a cuentagotas.
El Gobierno –también conservador– de otro de los países rescatados, Portugal, ha dado, por su parte, una vuelta de tuerca más a los ajustes, porque tampoco le cuadran las cuentas; no puede cumplir con los compromisos que asumió para recibir la ayuda de esos mismos acreedores. Para ello ha decidido anular directamente los aguinaldos de verano y fin de año de todos los funcionarios y pensionistas que ganen más de 1.100 euros al mes –el Constitucional analiza la legalidad de la medida– y está contratando enfermeros en los hospitales públicos a cuatro euros la hora, algo que ha provocado gran indignación.
Para más Inri , el FMI adelantó que rebajará las previsiones del crecimiento mundial para 2012 que había hecho –3,5%– dado el aumento del desempleo en Estados Unidos y la desaceleración en muchos países emergentes.