El estado español podría toparse en Argentina con el fantasma de un régimen que aún oculta en su casa
Ante las reiteradas trabas del Estado español para investigar y buscar la verdad respecto a los crímenes cometidos durante el franquismo, las víctimas apelan al amparo internacional con una querella que presentan hoy ante los Juzgados Federales de Argentina.
Ruben PASCUAL
Miércoles, 14 de abril. Tal día como hoy, hace ya 79 años, se proclamó la Segunda República española. Casualmente -o tal vez no tanto- el de hoy es el día que han elegido las víctimas del franquismo y las distintas asociaciones de derechos humanos para presentar, ante la Justicia argentina una querella contra los responsables de los crímenes cometidos por el régimen que, en 1936, puso fin a aquella etapa y escribió, sin ningún género de dudas, una de las páginas más trágicas de la historia del Estado español.
Tampoco es casual que esta demanda tenga que presentarse ante los Juzgados Federales de Argentina. Las innumerables zancadillas y piedras puestas en el camino por las distintas instituciones del Estado español para recuperar la memoria histórica y poner fin a la impunidad de la que, al menos hasta ahora, han gozado los responsables del régimen del general español Francisco Franco, han obligado a Darío Rivas (hijo de un alcalde de la localidad de Castro de Rei, Lugo, fusilado en 1936) e Inés García Holgado (tiene un tío desaparecido y dos abuelos fusilados) a recurrir a la comunidad internacional para la búsqueda de la verdad que se les oculta.
«Reclamo algo que me corresponde: justicia para gente que fue asesinada sin justicia. No estoy reclamando para mí solo, sino por todas las víctimas. Franco dijo que iba a dejar todo atado y bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto y en España se siguen sufriendo los 40 años de dictadura», denunció Rivas.
Estos dos querellantes particulares no estarán solos al frente de la acusación. Según el abogado de origen argentino afincado en Madrid e impulsor de la iniciativa, Carlos Slepoy, también encabezarán la denuncia diversas organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel), la Central de Trabajadores Argentinos o la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la asociación de derechos humanos más antigua de este país sudamericano, que data del año 1935.
La representación española, además, estará formada, entre otros, por la Asociación para la Memoria Histórica. El letrado argentino asegura que estos querellantes sólo son los primeros, ya que, a medida que avance el proceso, se irán sumando muchas más personas y asociaciones.
La iniciativa, que ha obtenido un amplio eco internacional y en los medios, está fundamentada en el principio de jurisdicción universal, conforme al cual los crímenes de guerra, como los de lesa humanidad y genocidio, pueden y debieran ser perseguidos por distintos tribunales del mundo, independientemente del lugar el que se cometan, el tiempo en el que se hayan cometido y cualquiera que sea la relación que ese Estado tenga con víctimas y victimarios.
Slepoy precisa que «aquí no se tienen en cuenta principios como, por ejemplo, el de la nacionalidad o el de los intereses del Estado que ejerce la jurisdicción».
«Se actúa en nombre de la comunidad internacional y con el objetivo de que estos crímenes no queden impunes», recalca.
Proyección internacional
Paradójicamente, basándose en este mismo principio, el Estado español fue pionero al investigar y desarrollar procesos judiciales relativos a los regímenes dictatoriales de Argentina, Chile y Guatemala. Sin embargo, la mala instrucción del juez español Baltasar Garzón -conocido internacionalmente no por sus como poco polémicos sumarios contra la causa nacional vasca sino por los citados procesos- a la hora de investigar el sacrosanto e intocable régimen franquista ha encontrado dificultades innegables para salir adelante, dejándole incluso al borde de la suspensión. La virtud del caso es que ha permitido que empiece a cuestionarse a nivel internacional la forma en la que se produjo esa transición que las autoridades españolas se han empeñado incansablemente en vender como «modélica».
Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental -organización no gubernamental que trabaja con la ONU-, asegura rotundo a la agencia Efe que la «paralización» de las pesquisas en el Estado español ha incentivado el avance de la querella ante la Justicia argentina.
«En virtud de todo esto, y como un efecto de devolución por lo que se ha hecho en distintos lugares del Estado español en relación a los crímenes cometidos en nuestro país [Argentina], es que se ha impulsado esta iniciativa», afirma el jurista, especialista en materia de derechos humanos.
Según relata, los crímenes que se pretenden investigar son aquellos que van desde el 17 de julio de 1937, un día antes del alzamiento militar, «porque ese mismo día ya se cometieron asesinatos», hasta el 15 de junio de 1977, día en el que se celebran las primeras elecciones tras la muerte de Franco. De acuerdo a las investigaciones que desarrolló Garzón, en ese periodo hubo 113.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad.
Por todo esto, los querellantes acusan a los responsables -«por acción u omisión»- del régimen franquista de dos delitos. Por un lado, están los delitos de genocidio , «porque entendemos que hubo un propósito deliberado y un plan sistemático de eliminación de los distintos grupos existentes en el Estado».
«En el caso del País Vasco y de Catalunya es un ejemplo claro de cómo se prohibió el uso de la lengua, cómo se reprimió a las distintas instituciones de estas Comunidades Autónomas y se pretendió eliminar a las distintas agrupaciones y colectividades de distinto tipo: culturales, políticas...», añade.
«Hay que tener en cuenta que además de los centenares de miles de asesinados y desaparecidos, hubo centenares de miles de exiliados, niños secuestrados y privados de identidad y entregados a familias del régimen u orfanatos con la idea de expulsar el virus marxista de la sociedad española», describe Carlos Slepoy, que también intervino como abogado querellante en los procesos judiciales contra el dictador argentino Jorge Rafael Videla y otros miembros de su régimen. «El proyecto fue, por tanto, recrear la sociedad que querían los represores, y esto no tiene más nombre que el de genocidio», sentencia.
Sin embargo, si el juez de turno no estimara esta acusación, se trataría, de acuerdo a los querellantes, de crímenes de lesa humanidad, que tienen una característica diferente, porque éstos consisten ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Precisan que, «a nuestro entender, no fue esto lo que pasó en España, sino que hubo un intento de eliminación de distintos grupos humanos de la sociedad».
El argumento esgrimido por el aparato español para taponar el avance de las indagaciones a este respecto es la llamada Ley de Amnistía de 1977, a través de la cual «quedan amnistiados aquellos que hayan cometido delitos con intencionalidad política».
Imprescriptibles y perseguibles
En derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad no están considerados como políticos, sino que son crímenes imprescriptibles internacionales que deben ser juzgados y, por tanto, sus responsables han de ser sometidos en cualquier caso al pertinente proceso judicial.
Respecto al procedimiento a seguir, en caso de que el juez admitiera a trámite la demanda que se presenta hoy, «se va aportar una larga lista de pruebas y se va pedir que, por parte del Gobierno español -a través de los organismos correspondientes- se envíe al Juzgado de Argentina una relación de todos los ministros del Gobierno franquista, de todos los mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la Policía y de los dirigentes de la Falange».
Paralelamente, se solicitará otro listado en el que se recoja, entre otras cuestiones, la información relativa a las fosas comunes, los cuerpos que han sido exhumados, y una relación de los niños privados de su identidad.
«Es decir, se inicia una investigación con el objetivo de profundizar en la verdad histórica de lo que ocurrió en España, e imputar, cuando existan pruebas claras y concretas, a los distintos responsables -ya sea por acción u omisión- que han cometido los crímenes anteriormente citados», apunta Slepoy, que afirma que este proceso tendría un desarrollo similar al que investigó las dictaduras argentina y chilena.
«Empezarán a declarar las víctimas, sus familiares... Se determinará también cuáles de los represores están vivos al objeto de llamarlos a declarar, o bien dictar órdenes internacionales de detención contra ellos», señala.
La acusación afirma que se presenta optimista ante el Juzgado porque, además de que «la querella está sólidamente fundamentada», se está creando «una movilización social importante en el Estado español pidiendo que estos crímenes sean juzgados: se están haciendo actos, concentraciones...»
Así, Slepoy asegura que «el trabajo que han hecho desde hace años las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica en la exhumación de cadáveres, en la búsqueda de la verdad y en la petición de justicia empieza a fructificar», y sentencia: «Creo que se está generando un importante movimiento social que puede terminar con esta negra página del Estado español», donde tanto en la dictadura, como después, «se ha querido ocultar la verdad para dejar estos crímenes impunes».
El empresario Enrique Guzmán ha registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas el tradicional gesto conocido como “corte de mangas”, consistente en superponer un antebrazo sobre el brazo contrario elevando el puño de éste al aire. Dicho gesto, generalmente usado para mostrar indignación o reforzar expresiones como “y una mierda”, era hasta ahora de dominio público. Guzmán argumenta que no lo ha registrado por el simple afán recaudatorio sino con la intención de “forzar a la gente a recuperar las buenas maneras”.
Según Modesto Cabellos, director del Instituto Nacional de Estadística, cada día se realizan en España cerca de 2 millones de cortes de mangas. “Desde 2009, con la subida del paro, la cifra se incrementó casi un 20% y hemos alcanzado unos números que no se veían desde 1975, cuando murió Franco”, explica. Estos datos del INE auguran beneficios millonarios para Guzmán ya que, cuando un español quiera expresar su malestar realizando un corte de mangas, tendrá que pagarle 5 céntimos. El empresario reconoce que ha aprovechado un vacío legal para declararse autor de ese gesto tan tradicional, cosa que hasta ahora no había hecho nadie.