El Papa en la lucha política argentina
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Escrito por Andrés Pizarro y Roberto Pizarro
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El
domingo 9 de febrero, día de mayor circulación del diario La Nación de
Argentina, aparece en portada una noticia sorprendente: “Preocupado por
la tensión en el país el Papa llamó a un diálogo en el Vaticano.” El
detalle de la nota, escrita por Mariano Obarrio, no entrega fuentes pero
precisa que destacados dirigentes sindicales, empresariales y del
gobierno se reunirían en Roma en una gestión de Francisco para
“garantizar la paz social”. Como si se tratara de Siria o Somalía.
La
noticia, categóricamente desmentida por el Papa y también por los
dirigentes sindicales y empresarios mencionados en el supuesto
encuentro, nos recuerda, como otras veces, que la guerra mediática es
un factor determinante en la lucha política argentina. Lo que sorprende
en esta oportunidad es que los intereses contingentes no vacilan en
involucrar a la máxima autoridad de la iglesia católica.
La
Nación, El Clarín y el periodista Lanata se han colocado a la cabeza de
la lucha política contra Cristina Kirchner. La misma Presidenta en el
2008 impulsó una ley a favor de la libertad de prensa que restringió el
alcance del concepto de“injurias y calumnias” en informaciones referidas
al sector público. Ello ha llevado a límites extremos al periodismo
opositor. Porque ni la paz social está en juego en Argentina ni tampoco
el Papa podría intervenir en una guerra inexistente.
Actualmente,
la ofensiva mediática se ha concentrado en la política económica, en
particular en el tipo de cambio y en la inflación, en evidente
representación de los intereses del capital financiero y de los grandes
empresarios agroexportadores.
La
lucha en curso no es nueva. Tiene una larga historia, llena de sangre y
dolores. La poderosa oligarquía agraria argentina, apoyada en los
militares y Estados Unidos, gestó el golpe contra Perón en 1955. Luego
retomó el control con la dictadura genocida 1976-1982, la que entregó el
manejo económico a Martínez de Hoz; y, finalmente, aplaudió el modelo
neoliberal impulsado por Menem que estableció la convertibilidad y las
“relaciones carnales” con los Estados Unidos. El rasgo de todos esos
gobiernos fue el predominio de la oligarquía agroexportadora junto al
capital financiero, los que hicieron esfuerzos deliberados por debilitar
la industria manufacturera y a la organización obrera.
Hoy
nuevamente frente al modelo de reindustrialización y de redistribución
del ingreso impulsado por los Kirchner se rebela la oligarquía argentina
en defensa de sus intereses e intenta retomar posiciones de poder. La
historia vuelve a repetirse. Ahora ya no puede utilizar a los militares,
desprestigiados hasta el cansancio durante el régimen de terror. Sin
embargo, el capital financiero y la oligarquía agroexportadora
perseveran en su lucha y utilizan con fuerza el poder mediático y la
fuerza de la banca internacional.
En
los últimos meses, los agricultores exportadores de soja, decididos a
aumentar sus ganancias, a pesar de su elevada capacidad competitiva y
rentabilidad, optaron por no liquidar los dólares, resultantes de sus
exportaciones, con el propósito de presionar al gobierno para forzar una
devaluación. Con ello favorecieron la disminución de reservas del Banco
Central y la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el dólar
blue (negro). De ello se aprovechó el capital financiero multiplicando
maniobras especulativas contra el peso. Los medios escritos y
televisivos de propiedad de La Nación y El Clarín, voceros de esos
intereses, dieron rienda suelta a los ataques más virulentos en contra
de las políticas y funcionarios del gobierno.
Una
de las acciones especulativas contra el peso más llamativas fue la del
CEO de la empresa Shell, Juan José Aranguren, quien decidió comprar
directamente en el Banco HSBC la suma de tres millones de dólares a un
tipo de cambio cercano al blue (US$8.70) en vez de hacerlo al tipo
oficial de US$ 7,20. Asunto insólito ya que ese accionar y el del banco
violaban manifiestamente la ley de cambios y constituía una pérdida
importante para la misma empresa. Sólo la presión a favor de la
devaluación del peso que favorecería posteriormente a Shell o una
intención desestabilizadora basada en la ideología del CEO podrían
justificar acciones de este tipo.
El
ataque a la política económica, favoreciendo un tipo de cambio elevado y
libertad de flujos financiero, cuestiona el modelo de
reindustrialización y redistribución del ingreso impulsados por el
kirchnerismo. Por ello el gobierno se venía resistiendo a realizar una
devaluación que afectara a la industria y actividades sustituidoras de
importaciones.
No
obstante, a partir del 2010 la situación se ha complicado. Por una
parte, el superávit de la balanza comercial se redujo, debido a la
crisis económica mundial. Siendo el comercio exterior la única fuente de
divisas de la Argentina, debido a su exclusión del mercado de capitales
internacional, la posición de las reservas se debilitó. Además, los
compromisos de la deuda externa han sido pagados con reservas, y estas
descendieron persistentemente. A ello se agregó la ofensiva de los
“fondos buitres”, los que demandaron al gobierno argentino en tribunales
norteamericanos, amenazando dejar el país al borde del default técnico.
La
alianza oligárquica-mediática fue parcialmente exitosa. En efecto,
habida cuenta que apenas un 12% de la población compra dólares en algún
momento, sólo es posible explicarse el posicionamiento del tema en el
país gracias a los medios opositores al gobierno. El canal TN del Grupo
Clarín solía mantener en pantalla permanente y titilando el curso del
dólar ilegal (blue), y dedicaba espacios de noticiario diarios a su
evolución.
El
gobierno se vio obligado a devaluar en un contexto de reservas en
disminución, azuzado por la constante diatriba opositora de los medios. A
final de cuentas, se devaluó la moneda, desde 6,80 a 8,0 pesos por
dólar.
El
objetivo de la devaluación fue detener la disminución de las reservas y
a la vez eliminar el dólar ilegal (blue). La devaluación fue acompañada
por varias medidas más: el Banco Central redujo la retención de dólares
de los bancos hasta el 30%; se autorizó la compra de dólares para
atesoramiento, eliminando así una restricción que pesaba sobre las
clases altas y medias, lo que había tenido mucha repercusión mediática; y
finalmente se estableció una mesa de trabajo con los exportadores para
convencerlos de proceder a la liquidación de los dólares.
La
devaluación trajo consigo los conocidos impactos en los precios, que
dentro del contexto de una inflación ya alta y una pulseada con los
grupos económicos podían ser temibles. Sin embargo, el gobierno demostró
su determinación en reducir el impacto de la devaluación en el salario
real, en particular de los menores ingresos. En primer lugar, instaló
una mesa de trabajo con la cadena de formadores de precios: productores,
intermediarios, supermercados y pequeños almacenes. Se estableció un
programa de un año de “precios cuidados”, revisable cada tres meses. Los
propios miembros de la cadena acuerdan los precios y se comprometen a
cumplirlos. En segundo lugar, se apunta a una difusión ciudadana en la
formación de precios para minimizar su elevada dispersión, con efectos
negativos en el poder de compra. Finalmente, se cristaliza en un
contrato escrito con sanciones en caso de incumplimiento. Este mismo
acuerdo de precios cuidados se materializó en el sector de la
construcción y para la canasta de bienes escolares.
Los
resultados a la fecha han sido satisfactorios. Las transacciones de
compra y venta en el mercado ilegal del dólar se han reducido a su
mínima expresión y el valor ha caído significativamente: desde más de 13
pesos por dólar a algo más de 11 pesos por dólar. A su vez, la apuesta
por mantener el valor del dólar oficial en 8 pesos parece estar dando
resultados. Su valor incluso ha disminuido a 7,65 pesos sin ventas de
dólares del Banco Central. La compra de dólares para atesoramiento,
reivindicación de las clases acomodadas, se está efectuando regularmente
con un monto diario en disminución, confirmando que este “derecho”
concierne una pequeña proporción de la población. Además, todo indica
que la sangría de dólares de las reservas se ha detenido. Incluso
economistas ortodoxos, como Miguel Bein, han declarado que “la corrida
por el dólar ha cesado”, reconociendo la existencia de la pulseada entre
los grandes intereses económicos y el gobierno y dando cuenta del éxito
de las medidas adoptadas hasta la fecha.
En
definitiva, la pretensión de utilizar al Papa para favorecer los
intereses de un sector minoritario de la sociedad argentina ha sido
inútil. El Santo Padre ha rechazado la maniobra; mientras, por otra
parte, el gobierno ha impulsado medidas de política económica y acuerdos
con distintos sectores de la sociedad que han dado tranquilidad a la
ciudadanía. El gobierno ha ganado esta batalla, pero no hay duda que la
lucha de intereses en pugna continuará.
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