No matarás

Hernán Brienza

Otra vez un gobierno provincial mostró la peor cara del Estado capitalista. Como en Formosa hace unos meses con el desalojo de los qom, ahora le tocó el turno a Jujuy y a la ocupación de tierras en propiedades del Ingenio Ledesma, allí en la localidad de Libertador San Martín, protagonizar una brutal represión que incluye asesinatos de manifestantes para proteger la propiedad privada. Haya habido decisión política o no por parte del poder político, –y más allá de que hay que investigar cómo y por qué fue asesinado un policía con armas de fuego–, el hecho demuestra que las fuerzas de seguridad –¿y la justicia?– continúan siendo un peligro potencial para nuestra democracia.

La información confidencial que llega desde Jujuy indica que las tomas de las tierras del Ingenio Ledesma fueron alentadas por los líderes de la CCC Enrique Mosquera y Juan Carlos Alderete –cuyos vínculos con el duhaldismo nunca terminaron de ser muy claros– pero también monitoreadas por sectores del peronismo jujeño a los que “se les fue las cosas de las manos”. Una vez ocupadas las tierras, las autoridades del Ingenio realizaron la denuncia que recayó sobre el juzgado de Jorge Sanman, un cuestionado juez de origen radical y con excelentes relaciones con Gerardo Morales, quien libró la orden de desalojo de las tierras antes de la feria judicial. Todos recuerdan a Sanman por su escandaloso comportamiento durante el Caso de Romina Tejerina y por haber mandado a su casa a una niña que había denunciado abuso sexual por parte de su padre y que fue devuelta a su hogar sin atender la causa, pero en Jujuy es célebre, también por haber dado cauce a decenas de denuncias hechas por, entre otros, el mismo Morales, contra políticos peronistas como el diputado Marcelo Llanos o el intendente de San Salvador Julio Moisés, denuncias que nunca prosperaron. Pero es bueno tener en cuenta que más allá de las internas políticas, el Ingenio Ledesma tiene una gran influencia sobre todo el gobierno provincial y local y por sobre todo en el Poder Judicial, ya que ninguna de las numerosas causas que tiene en su contra –por posesiones de tierras de campesinos, por Derechos Humanos, por causas laborales– prosperan porque los jueces viven excusándose y dejan los expedientes estancados. Es decir que el verdadero poder en la región es, entre otros, el poderoso pulpo de la familia Blaquier.

En una reunión que se realizó el miércoles a la noche, en la intendencia de Ledesma, le informaron al intendente Jorge Ale que se habían detectado “infiltrados” en el predio y el propio Mosquera advirtió que si avanzaban con el operativo de desalojo “la cosa iba a terminar a los tiros”. Lo cierto es que, según un informe de inteligencia, las autoridades de Ledesma y las fuerzas policiales jamás comunicaron a sus superiores políticos –el ministro de gobierno Pablo La Villa– la intención de desalojar el jueves el predio de Ledesma ocupado por los manifestantes de la CCC.

Según ese trabajo de investigación, el operativo tuvo dos etapas: en la primera, bien temprano, las fuerzas represivas llegaron al predio sin armas de fuego, con el equipamiento ordenado por el protocolo de seguridad, y se encontró con decenas de manifestantes atrincherados para repeler el ataque policial. Es en ese momento en que cae muerto el policía Alejandro Farfán en circunstancias muy confusas. Los agentes se reagruparon y unos minutos después de las 10 de la mañana iniciaron el brutal contraataque con armas de fuego que costó la vida de tres personas más y dejó un saldo de más de 60 heridos.

Pero más allá de los hechos, lo que llama poderosamente la atención es la desidia con la que actuaron las autoridades políticas en el caso –municipales y provinciales–, ya que permitieron que se produjeran los enfrentamientos a pesar de las negociaciones establecidas hasta el mismo miércoles a la noche, y la brutalidad y la desobediencia con la que las fuerzas policiales actuaron una vez que se produjo el primer encontronazo. Lo que la investigación de la justicia debe hacer es tratar de establecer quién dio la orden del segundo ataque de las fuerzas represivas con armas con cartuchos de plomo para realizar una verdadera cacería contra los manifestantes. Encontrar a los responsables policiales pero también políticos de los enfrentamientos es una deuda que tiene de ahora en más la democracia argentina, que, cada vez que ocurre un hecho de violencia política, angosta el estrecho margen por el que corre desde 1983.

Desde 2003 que el gobierno nacional –tanto en la persona de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández– ha tomado la decisión fundamental de no matar civiles por cuestiones políticas o sociales. Es una decisión que no había sido explicitada jamás por ningún otro presidente en la Argentina. Y acto seguido les ordenó a las fuerzas represivas concurrir a las manifestaciones sin armas de fuego que tuvieran cartuchos de plomo. Una decisión histórica teniendo en cuenta que los argentinos veníamos de sufrir los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán –bajo el brevísimo gobierno de Eduardo Duhalde– y la masacre del 20 de diciembre de 2001 –cuando el gobierno radical de Fernando de la Rúa decidió el Estado de sitio mediante el paso por las armas a decenas de personas en las calles del país–. En los últimos meses, fuerzas provinciales y federales han desobedecido –por acción o por omisión– las órdenes tajantes de “no matar” por parte del ejecutivo. ¿Cuál es el verdadero control que tenemos los argentinos de nuestras fuerzas de seguridad?

La pregunta no es vana teniendo en cuenta, por ejemplo, el intento de golpe de Estado en Ecuador contra Rafael Correa el año pasado protagonizado por las fuerzas policiales. ¿Qué ocurre con esos semiejércitos que no pueden controlar y reprimir el delito pero sí generar crisis como las del jueves en Jujuy, por ejemplo? ¿Y la inteligencia? ¿Responden los diferentes sistemas de inteligencia de las distintas fuerzas a la democracia argentina o están cooptados por el establishment de derecha que opera desde la dictadura y se mantuvo armado durante el menemismo y el duhaldismo?

La verdad es que la política no es un cruce amable de generalidades y buenas intenciones en un debate televisivo. Tampoco es una discusión sobre las cualidades republicanas de tal o cual candidato. Detrás de todo lo que se dice delante de las cámaras –con globitos sin globitos, con actores o sin Durán Barbas– hay un conglomerado de poder formado por grupos económicos concentrados, por medios hegemónicos, por políticos genuflexos, pero también por fuerzas de seguridad desleales y centrales de inteligencia que operan constantemente. En tiempos de paz, las operaciones son mediáticas; en tiempos en que se juega a todo o nada, esos “tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados” tiran a matar.

Ese bloque histórico –formado por el liberalismo conservador, empresarios monopólicos, dueños de la tierra, magnates de los medios, políticos amigos, y los esbirros policiales, militares y de inteligencia– es el verdadero enemigo de las mayorías plurales de la Argentina. La verdadera pelea de fondo es esta. Y hay que tomar conciencia de lo que se está jugando antes de que los que llevaron a la Argentina al 2001 vuelvan por más. Porque a no dudarlo, detrás de los globitos, de los chistes, de los políticos que a veces dicen estar de un lado o de otro, los “titanes del Orden Viril” quieren volver por todo.

Fuente texto: diario Tiempo Argentino, 31 de julio de 2011

Fuente imagen: página web youtube.com. Tema: Historias del azúcar.Intérprete: Horacio Fontova