LA GUERRA DE CLASES EXISTE Y LA VAN GANANDO LOS RICOS

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LUCHA DE CLASES

La lucha de clases no es un dogma del marxismo, sino la esencia de la economía capitalista. La acumulación y la desigualdad son las consecuencias directas de un sistema que, lejos de producir riqueza y bienestar, propaga la explotación laboral, el hambre, la especulación y la guerra. En España, la crisis ha provocado que diez millones de personas vivan en una situación de pobreza y exclusión social. Se han ejecutado 350.000 desahucios y la desnutrición afecta al 25% de los niños. Al menos, 315 personas se han suicidado, huyendo del paro, la miseria o la pérdida de su vivienda. Son cifras conservadoras. Circulan datos mucho más preocupantes, pero no es fácil verificarlos. El poder político y financiero intenta que las víctimas sean invisibles. Cuando no lo consigue, se recurre a la represión policial. Desde el 15-M, se han recaudado 217.000 euros en multas y el presupuesto en material antidisturbios se ha incrementado en un 1.780%. En 2013, se gastarán 3’26 millones en pelotas de goma, cañones de agua, porras, escudos, gases lacrimógenos. Es indiscutible que vivimos una guerra de clases unilateral, con una minoría de súper ricos fortificando sus privilegios mediante la violencia institucional y la manipulación mediática. Desgraciadamente, la resignación y el miedo parecen más extendidos que la rabia o el espíritu de resistencia.

En nuestro país, la expectativa de vida de ciudadano acomodado supera en diez años a la de un trabajador no cualificado y expuesto al paro crónico. España es uno de los países de la Unión Europea donde las rentas del capital son más altas. Aunque sus beneficiarios son una minoría, representan el 46% de las rentas totales. Por el contrario, las rentas del trabajo merodean alrededor del 45%. Este contraste se traduce en una profunda desigualdad que ha despertado incluso las críticas del BCE. Muchos creemos que este cuadro procede del modelo social gestado por el franquismo. No soy el primero en señalar que la guerra civil española no fue una guerra civil, sino una guerra de clases. El exterminio de las fuerzas políticas y sindicales de izquierdas y las represalias contra la población civil que había apoyado las reformas o los procesos revolucionarios desembocaron en un Estado fascista, caracterizado por un españolismo histérico, un catolicismo de tintes medievales y unas diferencias sociales abismales. El control del sistema educativo y los medios de comunicación se combinaron con la tortura y las ejecuciones sumarísimas para reprimir, humillar e intimidar a la clase trabajadora, privada de derechos y libertades. El régimen de Franco acabó como empezó: fusilamientos al amanecer después de juicios sin garantías procesales. La Transición sólo liquidó los aspectos más odiosos de la dictadura, garantizando la continuidad del orden social establecido, pero sin cruces y flechas ni alocuciones a favor de un nuevo imperio. Ese cambio de imagen no implicó la desaparición del terrorismo de estado ni afectó al poder de las oligarquías. Los pactos de la Moncloa se celebraron como una prueba de concordia entre la patronal y los trabajadores, pero en realidad los “comités de empresa” significaron el fin del modelo asambleario. Al votar cada cuatro años y escoger unos representantes que negociaran directamente con la empresa, los trabajadores renunciaron a su fuerza colectiva, limitando su lucha al marco de las reivindicaciones sectoriales. Sólo la CNT se negó a suscribir un acuerdo que desactivaría el movimiento sindical y abriría las puertas a un modelo social regulado por los intereses de la banca y la patronal. La España parlamentaria y democrática se incorporó desde el primer momento a la rebelión de los ricos contra los avances del mundo del trabajo, aprobando brutales reconversiones industriales y favoreciendo la especulación inmobiliaria y financiera.

Que par de Hijos de puta......

A finales de los setenta, el pacto social que se acordó a los dos lados del Atlántico en la posguerra de 1945 se reveló innecesario, pues el comunismo ya no constituía una amenaza real, pese a que continuara utilizándose como pretexto para engordar los presupuestos militares. Margaret Thatcher y Ronald Reagan iniciaron la revolución neoliberal, que enseguida contó con el apoyo de la socialdemocracia europea. La famosa Tercera Vía de Mitterrand, Felipe González o Gerard Schröder consistió en reducir los salarios, contener la inflación, incrementar las exportaciones y destruir empleo. Neoliberalismo y socialdemocracia se fundieron en un discurso unánime que disipó el espejismo de la alternancia política. En los noventa y en la primera década del siglo XXI, la productividad creció, pero las ganancias sólo repercutieron en las rentas del capital. La pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora pasó desapercibida gracias a los créditos baratos, que dispararon el endeudamiento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. La política neoliberal provocó en Alemania una acumulación de rentas del capital, que la banca transformó en préstamos de alto riesgo a los países periféricos del euro (los tristemente famosos GIPSI) y en la compra de productos especulativos de alto riesgo (sub prime) en Estados Unidos. Cuando se produjo el hundimiento de Lehman Brothers, la banca alemana se enfrentó a un grave problema de solvencia y necesitó la intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos, que adquirió de este modo un enorme poder en la zona euro, transformando el BCE en una sucursal del FMI. El crecimiento de las rentas del capital (particularmente en Alemania) y no la falta de disciplina fiscal desencadenaron la crisis de 2007. En esas fechas, España e Irlanda disfrutaban de superávit, pero el enorme endeudamiento privado y la congelación del crédito hundieron sus economías, provocando el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la proliferación de activos tóxicos, que menoscabaron la liquidez y la solvencia del sistema bancario. A estas alturas, pocos ignoran que los recortes del gasto público aplicados por el PSOE y el PP, que fundamentalmente castigan a los sectores más débiles de la población, no son simples reformas encaminadas a corregir un desequilibrio financiero, sino medidas para garantizar que la banca alemana, francesa y española recuperen el capital invertido en deuda pública, con unos intereses de usura. Alemania y Francia son nuestros principales acreedores, lo cual no debe hacer olvidar que la banca española posee el porcentaje más abultado, un 55%. La supuesta presión de los mercados financieros es la presión de los bancos privados, que en nuestro país obtienen inyecciones de liquidez del BCE al 1% y compran bonos del estado al 6%. Se trata, sin duda, de un negocio obsceno, que adquiere un nivel más alto de inmoralidad, cuando se repara en que la banca ha socializado sus pérdidas mediante rescates millonarios costeados por los ciudadanos. Alemania no deja de beneficiarse del sufrimiento de los GIPSI, pues el capital huye de los países periféricos para refugiarse en sus arcas, a veces con un interés negativo. No obstante, el trabajador alemán, con salarios raquíticos y escasa protección social, soporta el mismo cuadro de explotación y precariedad que los trabajadores de los países GIPSI. En la actualidad, uno de cada cinco alemanes es pobre (no puede pagar el alquiler, se alimenta de forma deficiente, no puede viajar o hacer frente a gastos imprevistos) y siete millones trabajan en régimen de miniempleo (los célebres mini jobs), con salarios de 400 euros y sin derecho a seguridad social o seguro de desempleo. En cambio, los alemanes ricos duplicaron su patrimonio en las dos últimas décadas. Un 10% posee la mitad de la riqueza del país. Al final, todo se reduce a la eterna lucha de clases, con masas empobrecidas y una minoría que acumula bienes y recursos.

Muchos se preguntarán por qué los ciudadanos continúan apoyando a los partidos mayoritarios. Sería inútil buscar motivos racionales. El PSOE ha perdido casi toda su credibilidad, pero aún sigue despertando la simpatía de ciertos sectores, que lo relacionan con un reformismo de izquierdas, pese a que sus años en el gobierno indican lo contrario. El PP moviliza a los sectores más conservadores, identificados con la moral católica y el españolismo más intolerante, olvidando los perjuicios económicos derivados de las recetas neoliberales. El resto de los votantes ya no creen en el sistema democrático. ¿Hasta cuándo se prolongará esta situación? Muchos opinan que la crisis le ha dado la razón a Marx. La lucha de clases es dolorosamente real. ¿También tenía razón Marx al invocar la violencia como único motor del cambio histórico? Sufrimos los estragos de una crisis basada en una deuda odiosa e ilegítima, pero nadie se atreve a hablar de revoluciones y utopías, tal vez porque los grandes medios de comunicación y las programaciones oficiales del sistema educativo llevan varias décadas escarneciendo esos conceptos. Sin embargo, sólo las grandes movilizaciones populares pueden alterar el rumbo de los acontecimientos. Quizás los más jóvenes ignoran que la sociedad española de las postrimerías del franquismo era enormemente combativa. Desde finales de los sesenta, se produjeron infinidad de huelgas y manifestaciones, exigiendo amnistía, justicia y libertad. En esas trágicas jornadas, muchos perdieron la vida, pero las protestas forzaron una reforma, aunque no una ruptura. Tal vez sea la hora de esa ruptura diferida por la traición de los grandes partidos, que han gobernado incumpliendo sus promesas electorales. Si no nos echamos a la calle y no surgen nuevas fuerzas políticas, respaldadas por trabajadores concienciados e intelectuales comprometidos, sólo nos esperan décadas de humillaciones, miseria y represión policial. No permitamos que una minoría siga escribiendo la historia, llamando paz al orden público, prosperidad al saqueo de los bienes y recursos, flexibilidad a la explotación laboral, reformas a la abolición de derechos y libertad al rito de introducir una papeleta cada cuatro años en una urna. Están en juego el pan, la esperanza y la dignidad de millones de familias.