Chaves y Griñán, en primera fila
El hecho de que los socialistas asistan desgarrados al juicio de los ERE, no implica que exista una preocupación añadida por su negocio electoral
Durante años han estado en la primera fila en multitud de actos públicos. Sus cargos como presidentes de la Junta de Andalucía les otorgaba esa prevalencia. Este miércoles también ocupaban esos primeros asientos pero del banquillo de los acusados en la jornada inaugural del caso ERE, en una sala de vistas oscura, con mobiliario antiguo, como de color sepia, de daguerrotipo. No había sillas asignadas y cada cual escogió la suya. Manuel Chaves, presidente durante 19 años (1990-2009) y su sucesor José Antonio Griñán (2009-2012) se sentaron juntos. Son los únicos ex altos cargos que siguen conservando sus escoltas policiales.
A la izquierda de Griñán, Gaspar Zarrías, el exconsejero de la Presidencia de Chaves (1996-2009). Se juzga si el procedimiento administrativo utilizado para conceder durante una década casi 742 millones de euros en ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis fue un "sistema inadecuado e improcedente", según el escrito de acusación de la Fiscalía que leyó el secretario judicial con entonación de letrado del Parlamento, es decir, aburrida, fría y desapasionada.
Pese a que las defensas han coordinado su trabajo en reuniones previas, muchos de los 22 acusados no se habían visto durante años. Entraron por separado acompañados por sus abogados a la sede de la Audiencia Provincial, en un ambiente sin ninguna expectación. No hubo el más mínimo interés ciudadano, al contrario que en otras ocasiones.
El que mostró más desparpajo fue el ex director general Trabajo Francisco Javier Guerrero, que apuró un pitillo colillero. Saludó sonriente a los periodistas. El fiscal le pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Desde el minuto uno, todos los socialistas lo han señalado como el principal responsable del caso, obviando que no fue alguien que pasaba por ahí. Durante años firmó ayudas para indemnizar a trabajadores despedidos por sus empresas, entre ellos a 126 intrusos, unos polizones emboscados en los expedientes de regulación de empleo. "Criaturitas" las llamó él, entre ellas, su suegra.
En manos de Guerrero dejó la Junta de Andalucía unos fondos "sin sujeción a la fiscalización debida a la Intervención General y sin necesidad de tramitar expediente alguno" ya que no existía ninguna norma que regulara la concesión de las ayudas, señala el escrito del fiscal. Esta es una de las grandes preguntas del caso. El por qué la Junta no aprobó una orden o un decreto estipulando el reparto del dinero público, el por qué los borradores que se redactaron no vieron la luz. Guerrero, que de vez en cuando sacaba su paquete de Malboro, se sentó detrás de Chaves en el banquillo.
El juicio que comenzó este miércoles ha causado una gran zozobra y quiebra emocional en el PSOE andaluz. Sus portavoces defienden la honestidad y honorabilidad de Chaves y Griñán, de los que destacan que no han robado ni un solo euro. Pero aparte de mostrar solidaridad, fue el PSOE andaluz de Susana Díaz el que elevó el listón de las responsabilidades políticas marcado en su código ético -fijado en la apertura de juicio oral- y les pidió que abandonaran sus escaños en el Congreso y en el Senado, cuando fueron citados en 2015 en el Tribunal Supremo. Ciudadanos también exigió la marcha de la vida política de los expresidentes para apoyar la investidura de Susana Díaz.
El hecho de que los socialistas asistan desgarrados (unos más que otros) a este juicio, no implica que exista una preocupación añadida por el impacto del caso en su negocio electoral. La instrucción del caso ERE la inició hace siete años la jueza Mercedes Alaya y el PSOE ha superado dos elecciones y sigue gobernando en Andalucía. Es la única comunidad española donde no ha habido alternancia política. La oposición asegura que ello se debe a una potente red clientelar tejida por los gobernantes socialistas, con políticas como la de firmar talones públicos para salvar a los trabajadores de empresas privadas. Es cierto que hay una fuerte dependencia de muchos andaluces del presupuesto anual de la Junta, pero también lo es que la oposición, principalmente el Partido Popular, lleva 35 años sin ser capaz de alcanzar una mayoría suficiente (a punto estuvo en 2012) para desbancar al PSOE.
Resulta curioso que mientras la lectura de los escritos de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del PP golpeaban con fuerza a una forma de gobernar durante una década, Susana Díaz vendía a la misma hora la "marca Andalucía" como un "elemento de confianza, seguridad y competitividad" y como "una potencia en industria 4.0". En la Junta debieron pensar que la realidad no te puede arruinar un buen titular.
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