Anticorrupción sostiene que Casals negociaba ofreciendo su influencia en "la línea editorial" de Antena 3, La Sexta y 'La Razón'
- La querella por el supuesto fraude y desvío de ayudas concedidas al
grupo tecnológico Zed sostiene que el alto ejecutivo de Planeta era
quien gestionaba la captación de dinero público utilizando supuestamente
para ello "su influencia política"
- Anticorrupción recalca que Zed mantiene una deuda pendiente de pago
con organismos públicos "por importe de 28.426.732,72 euros, a los que
hay que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas" y
no sujetas a devolución.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto fraude y
desvío de ayudas concedidas al grupo tecnológico Zed sostiene que Mauricio Casals era quien gestionaba la captación de dinero público
utilizando supuestamente para ello "su influencia política" así como
"una supuesta gestión de la línea editorial de los informativos de
Antena 3 y La Sexta, y la dirección de La Razón y otros medios
de prensa escrita". Así consta en el texto de la denuncia, sobre la que
mantiene diligencias el juzgado 6 de la Audiencia Nacional y que este
jueves desencadenó la llamada Operación Hanta,
que se saldó con varios detenidos y registros en Madrid, Barcelona y
Valencia. Zed entró en concurso en 2016. Anticorrupción recalca que a
día de hoy la empresa mantiene una deuda pendiente de pago con
organismos públicos "por importe de 28.426.732,72 euros, a los que hay
que añadir 14.220.156 euros en subvenciones ilícitamente obtenidas" y no
sujetas a devolución.
Presidente del diario La Razón y adjunto a la presidencia de Planeta, Mauricio Casals se encuentra entre las 19 personas físicas investigadas en la causa. La querella especifica que de la investigación también "resultan indicios" contra 16 empresas, entre ellas Audiovisual Española 2000 SL, editora del diario La Razón. Tras conocer ese dato, infoLibre recabó la versión de Francisco Marhuenda, director de La Razón. "Es una absoluta indefensión, una vez más se publica o se conoce antes de que lo reciba el afectado", respondió el periodista a través de un mensaje telefónico.
Sobre el papel que Anticorrupción atribuye a Casals, la querella no ofrece dudas. Al abordar el presunto tráfico de influencias desplegado para conseguir fondos públicos, el texto dice lo siguiente: "En estas labores de penetración en las administraciones públicas, el propio Javier Pérez Dolset [fundador de Zed y principal investigado] manifestó en el seno de estas diligencias que todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta. Indica expresamente que el querellado Mauricio Casals tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas".
A renglón seguido, la querella detalla cuáles habrían sido las herramientas esgrimidas por Casals: "De la documentación aportada a las diligencias por Javier Pérez (correos electrónicos y facturas), se infiere que este cometido se ejecutó esencialmente por Mauricio Casals, el cual ofrecía para este fin su influencia política a través de sus supuestos contactos y posición social, así como una supuesta gestión de la línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta, y la dirección de La Razón y otros medios de prensa escrita.
Anticorrupción deja abierta la puerta a incriminar a aquellos funcionarios o altos cargos que hubieran tenido "capacidad de decisión" respecto a las subvenciones que las pesquisas han evidenciado como fraudulentas.
Respecto al supuesto delito de insolvencia punible vinculado a la caída de Zed, la querella pone el acento en la valoración previa de la compañía y su precio actual en el mercado: "Al margen de que supone la afectación de más de 400 trabajadores, las cantidades que suponen los diversos créditos, tanto de organismos públicos como personas particulares (jurídicas y físicas), sobrepasan con creces la grave repercusión en el tráfico mercantil pues, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción judicial, estamos ante una compañía que, con anterioridad a los hechos que se describen en la presente querella, se valoró aproximadamente en 1.000 millones de euros, y las ofertas de compra para reflotar la compañía a día de hoy no superan los 20 millones de euros". "En este momento procesal –añade el texto– resulta difícil cuantificar con exactitud el perjuicio patrimonial derivado directamente del delito de insolvencia punible, si bien indiciariamente se puede afirmar que dicho perjuicio puede superar los 100 millones de euros".
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