La decisión del juez federal Claudio Bonadio de ordenar el procesamiento y la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (que evitó la prisión efectiva gracias a su inmunidad parlamentaria como senadora), junto a su excanciller, su exasesor legal y tres dirigentes de su partido, produjo una fuerte conmoción en la escena política argentina. El eje de la acusación es el memorándum de entendimiento firmado en 2013 entre el gobierno de Fernández de Kirchner e Irán, que contemplaba la creación de una comisión de la verdad encargada de investigar la responsabilidad de cinco exfuncionarios iraníes acusados de participar en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires (AMIA) en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos.
La justificación oficial para la firma del acuerdo entre ambos países fue que las leyes argentinas no contemplan el juicio en ausencia y las de Irán no admiten la extradición de sus ciudadanos, por lo que el memorándum permitiría que un juez argentino viajara a Teherán a indagar a los acusados. De este modo se podría destrabar la causa, que se encontraba paralizada.
Sin embargo, en un fallo de 491 páginas, Bonadio sostuvo que el verdadero objetivo era encubrir la responsabilidad de Irán a cambio de una serie de beneficios económicos. Para ello retomó la denuncia que en 2015 había formulado el fiscal encargado de investigar el atentado, Alberto Nisman, que apareció muerto de un tiro en su departamento de Buenos Aires un día antes de su esperada declaración en el Congreso, sin que todavía se sepa si se trató de un suicidio o un asesinato.
La acusación de Bonadio apela a la figura legal de “traición a la patria”, que establece penas severísimas que pueden llegar a la reclusión perpetua. Como el Código Penal contempla este delito para aquellos ciudadanos que se unan o ayuden a los “enemigos” de la nación, lo que supone un contexto bélico, el juez interpretó que el atentado contra la AMIA (y el anterior contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992) fueron “actos de guerra”.
El fallo, cargado de interpretaciones forzadas y sostenido en pruebas frágiles, es una muestra de la decisión de los jueces federales de desplegar una ofensiva contra exfuncionarios kirchneristas, en una suerte de mani pulite selectivo.
El primer aspecto controvertido del fallo es evidente: Argentina no entró en guerra con Irán, lo que según la Constitución habría implicado una ley del Congreso, y de hecho nunca interrumpió sus relaciones diplomáticas con ese país.
El segundo punto está relacionado con las alertas rojas de Interpol. La forma de lograr la supuesta impunidad de los iraníes era que Interpol levantara los pedidos internacionales de detención librados por la justicia argentina, que en los hechos constituyen el principal elemento de presión sobre Teherán. Sin embargo, tanto cuando se conoció la denuncia de Nisman, en 2015, como la semana pasada, cuando se difundió el fallo de Bonadio, Ronald Noble, secretario general de Interpol de 2000 a 2014, sostuvo que este pedido nunca fue formuladoe incluso exhibió una nota enviada por la cancillería argentina tras la firma del memorándum en la que aclaraba que las alertas rojas debían mantenerse vigentes.
La tercera cuestión es el móvil secreto que habría impulsado a Fernández de Kirchner a firmar el acuerdo. La denuncia de Nisman la acusaba de buscar mejorar las relaciones comerciales. Pero en este punto la realidad se mezcla con la fantasía. El comercio bilateral con Irán, en efecto, arrojaba un superávit de más mil millones de dólares, que ayudaba a reducir el déficit comercial argentino. Sin embargo, las exportaciones argentinas hacia ese país se concentran básicamente en commodities (trigo y soja) y están a cargo de compañías multinacionales, que difícilmente requieren de un acuerdo secreto para concretar sus operaciones. Por otra parte, no se comprobó un aumento significativo de los intercambios comerciales desde la firma del memorándum.
Otras versiones, que no se incluyeron en la denuncia pero que han sido difundidas, aludían a motivos más oscuros: un préstamo financiero e incluso un tratado nuclear. Cuando se firmó el memorándum, Argentina atravesaba una etapa de vulnerabilidad macroeconómica, que la llevó a concretar acuerdos de intercambio de monedas con potencias no occidentales como China y Rusia. Sin embargo, nunca hubo ningún indicio de que se explorara una opción semejante con Irán. La hipótesis nuclear es la más improbable: aunque es cierto que Argentina es una potencia atómica, se trata de un desarrollo pacífico que incluye un complejo sistema de inspecciones cruzadas con Brasil, lo que hubiera hecho muy difícil avanzar en un tratado secreto en esta materia.
En suma, la calidad de las pruebas pone en cuestión el fallo de Bonadio, tal como reconocieron incluso analistas críticos del kirchnerismo. Esto, por supuesto, no convierte al memorándum en una decisión política acertada. El acuerdo generó el rechazo de la comunidad judía local y profundizó la distancia diplomática entre el gobierno argentino y Estados Unidos: recordemos que el pacto fue suscrito dos años antes del tratado entre Irán y las grandes potencias, en un contexto de temor ante la amenaza nuclear iraní. Por otra parte, los resultados del memorándum fueron nulos: la justicia argentina lo declaró inconstitucional, por lo que nunca entró en vigencia.
Además, contribuyó a acentuar la debilidad política del gobierno de Fernández de Kirchner. Las dudas por la muerte del fiscal Nisman nublaron el tramo final de la presidencia de Cristina y crearon un estado de sospecha general en la opinión pública que dos años después, con Mauricio Macri en la Casa Rosada, habilitó al juez Bonadio, que tiene una larga historia de enfrentamiento con el kirchnerismo, a procesar y detener a los exfuncionarios.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el fallo se inscribe en el marco de una ofensiva del fuero federal contra el kirchnerismo, en algunos casos con pruebas sólidas relacionadas con episodios de corrupción y, en otros casos, juzgando decisiones políticamente objetables pero que no necesariamente constituyen delitos. La decisión de Bonadio es una muestra particularmente tosca de este segundo tipo de fallos y una confirmación del enorme poder de los jueces federales, que constituye uno de los grandes dramas de la democracia argentina.
Los jueces federales están a cargo de los delitos que afectan al Estado nacional, desde las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura a los desbordes represivos de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, el contrabando, el narcotráfico y la corrupción. Al ser pocos (solo doce en la ciudad de Buenos Aires), acumulan cientos de causas cada uno y, por lo tanto, un importante peso político. El diseño institucional les concede además una amplia libertad (o arbitrariedad) para utilizar los recursos de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, dictar medidas y decidir los tiempos de los procesos.
El resultado es que los sucesivos presidentes han descartado los proyectos destinados a ampliar el número de juzgados federales y reducir la cantidad de causas a cargo de cada uno, diluir el poder del fuero fusionándolo con otros o establecer reglas procesales más estrictas, todas medidas que podrían limitar su espacio de maniobra. Advertidos de los riesgos, los gobiernos prefieren llegar a acuerdos implícitos de convivencia antes que enfrentar a un puñado de jueces poderosos que acostumbran dormir con el dedo en el gatillo.
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