La traición a la Patria tiene prosapia, condimento obligado de mitos patrióticos argentinos, junto con el sacrificio, el drama y las metas imposibles que se enhebran en el collar de los grandes relatos nacionales. Es la figura dramática del héroe argentino que irremediablemente se sacrifica por una patria que no lo comprende en su momento y lo repudia. El general José de San Martin fue acusado por Rivadavia de corrupto y traidor a la patria por haberse robado el Ejército del Norte para la aventura libertadora continental. No fue chiste, el Libertador debió exiliarse y murió lejos de su patria. Estando en Montevideo no quiso involucrarse en la guerra civil, pero obsequió su sable corvo a Juan Manuel de Rosas, que cometió el pecado de enfrentar a las potencias europeas en La Vuelta de Obligado y fue declarado a su vez traidor a la patria. Cuando redactaron la Constitución de 1853 se preocuparon por incluir este delito para zampárselo y así el hombre que había osado enfrentar a las potencias europeas, nunca más volvió a su tierra y murió en Europa. En 1956, después del golpe del 55, la Libertadora declaró traidor a la patria a Juan Perón, el hombre que había desafiado a los restos del viejo feudalismo oligárquico para lanzar a la Argentina a la modernidad y convertirla en el país socialmente más avanzado de América Latina. Con estos precedentes desmesurados, en 1994 introdujeron correcciones en la Constitución para evitar estos abusos y se estableció que el país tenía que estar en guerra para habilitar esa acusación. El juez Claudio Bonadio estipuló esta semana que el país estaba en guerra con Irán e inscribió a Cristina Kirchner en esa galería de líderes excepcionales que con sus claroscuros y genialidades contribuyeron a construir la Nación argentina. Si algo le faltaba a Cristina Kirchner para encarnar ese relato épico tan argentino, la furia macrista acaba de otorgárselo.
Los restos de Rosas fueron repatriados con todos los honores, igual que los de San Martín, que fue declarado Padre de la Patria, desbancando a su archienemigo Rivadavia. Perón volvió a la Argentina después de 18 años de exilio y ganó las elecciones con más votos que ningún otro en la historia del país. La inquina  cegó a los funcionarios judiciales y a los directivos de la colectividad judía ligados –ambos grupos– al encubrimiento del atentado contra la AMIA, les impidió ver que, en vez de denigrarla, estaban dándole las últimas pinceladas al retrato que la representará en la historia.
Estos paralelismos parecerán exagerados o un rasgo de fanatismo. Por el contrario, es una evaluación realista y casi elemental. Se trata de una ex presidenta de la República. Cada hecho, cada palabra, cada acusación y hasta cada detalle que la involucre se amplifica y se traduce en historia y sucede lo mismo con lo que haga Mauricio Macri. Rivadavia, como ahora Macri con Cristina Kirchner, tenía el poder de acusar de traidor a San Martín con la intención de destruirlo, pero cuando dejó el poder y cuando pasaron los años, esa acusación se revirtió en su contra. Desde su lugar, fue una estupidez: en vez de destruirlo, lo encumbró.
Existen otros paralelismos porque Bernardino Rivadavia fue el primer gran tomador de deuda de la historia. Y por supuesto fue un negociado impresentable. Y el gobierno de Mauricio Macri ha convertido a la Argentina en uno de los cinco países que más se han endeudado en el mundo en estos dos años. Hay más paralelismos. Porque San Martín fue acusado de traidor a la patria, y también de corrupto. Esa acusación se repitió contra todos los gobiernos populares. Un hombre austero como fue Hipólito Irigoyen fue difamado por los diarios de la época como un gran corrupto, los diarios publicaban denuncias contra su gobierno todos los días, hicieron que la corrupción del gobierno de Irigoyen fuera proverbial, un sobreentendido indiscutible, como que los Reyes Magos no existen. Fue depuesto por un golpe militar y enviado a la isla Martín García. Murió sin que nunca pudieran comprobarle ninguna de las acusaciones con que lo habían difamado.
El cargo de traición a la patria parece un capricho de los funcionarios judiciales que lo han impulsado. Es muy difícil de probar y más en este caso donde se trata de una decisión que fue aprobada por el Congreso. Le resulta útil al gobierno en lo inmediato con el circo que ha generado con las detenciones del ex secretario de legal y técnica Carlos Zannini, otra vez en la madrugada, de manera humillante y con la insólita presencia de los medios de comunicación. O con la detención de Luis D’Elía, caricaturizado grotescamente por los medios y las de Yussuf Khalil y de un Fernando Esteche tipificado como el subversivo necesario. Todo el circo le sirve para echar una cortina de humo sobre el estrambótico manejo oficial de la crisis del hundimiento del submarino ARA San Juan y para sortear el mal clima que se extendió en la sociedad por las reformas laboral y previsional.
El gobierno sabe que cada vez que sacude a la imagen de Cristina Kirchner levanta polvo y tapa agujeros. La causa que elige para promover la detención de la ex presidenta es la de traición a la patria. De alguna manera le resulta más difícil encontrar argumentos en las causas por corrupción, que han sido el eje de su campaña mediático-judicial. Cuando se caiga esta acusación, todo el peso de esa desmesura caerá sobre la figura del fiscal Alberto Nisman, que promovió este desatino legal presionado por los servicios de inteligencia locales y extranjeros que intervenían en la investigación del ataque terrorista a la AMIA, para presentar una denuncia sin pruebas y sin solidez jurídica.
Como hay genealogía del cargo, también hay antecedentes en quienes lo impulsan. Son los que están ligados al encubrimiento del atentado a la AMIA, los que están relacionados con los que desviaron la investigación hacia la policía bonaerense para sacarla de la jurisdicción de Carlos Menem y achacársela al entonces gobernador de la provincia, Eduardo Duhalde. Son los servicios de inteligencia interesados en alejar la investigación del tráfico de armas a Croacia que incluía al traficante sirio Monzer Al Kassar, al que el gobierno menemista le daba protección y documentos. Un tráfico triangulado entre los servicios de Argentina, Israel y Estados Unidos. Esta denuncia por traición a la patria está promovida también por el sector de la colectividad judía encabezado por Rubén Beraja, que está acusado por encubrimiento del atentado. Y también por jueces y fiscales que fueron funcionarios de confianza del ex ministro del Interior, Carlos Corach, a quien la agrupación Memoria Activa denunció como el que bajaba las directivas al juez Juan José Galeano para desviar la investigación. El diputado del PRO Waldo Wolf, fue vicepresidente de la DAIA con apoyo de Beraja, el secretario general de la DAIA hasta agosto pasado, Santiago Kaplun, es director de asuntos jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente del ministro Sergio Bergman. El actual secretario de derechos humanos, Claudio Avruj fue designado (ex) director ejecutivo de la DAIA por Rubén Beraja. Este sector de la colectividad judía que habla de traición a la patria está muy referenciado con el gobierno ultraderechista israelí de Benjamin Netanyahu, interesado en profundizar la escalada bélica de Estados Unidos contra Irán.
El ex canciller Héctor Timerman, otro de los acusados, que deberá cumplir prisión domiciliaria por su frágil estado de salud recordó en un posteo en las redes que “en 1978 mi padre, Jacobo, fue puesto en prisión domiciliaria luego de dos secuestros y varios centros de tortura. En 2017 su hijo Héctor es puesto en prisión domiciliaria. En ambos casos, la DAIA y la AMIA colaboraron con nuestro calvario. Dan Vergüenza.”