La historia de la estatua de la corrupción
- En todo soborno hay un hecho ineludible: la presencia de, como mínimo, dos actores, el que recibe y el que paga
- En la lucha contra esta lacra podría parecer que nos estamos olvidando de una de las partes
La historia de la estatua de la corrupción
Aofrecer un soborno en Argentina se le llama coloquialmente dar la coima. Y en Buenos Aires hay incluso un monumento a la coima, el único del mundo dedicado al diezmo o la cometa, que son otras fórmulas que tienen para referirse a la corrupción. Se levantó en los años 30 en medio de la Avenida 9 de Julio. Una singular torre, ejemplo de modernidad en su época, que albergó en su día la sede del Ministerio de Obras Públicas. Cuenta la leyenda en torno al edificio, que su constructor decidió encargar dos estatuas hermanas a un escultor para colocarlas a ambos lados de la fachada principal. Y el autor esculpió una de ellas con un cofre en las manos; mientras la otra la representó con una mano hacia atrás pegada al cuerpo, con la palma hacia fuera.
Dicen que el arquitecto quiso simbolizar con ellas, el hartazgo ante tantos funcionarios que lo incomodaron en la construcción del edificio, pidiéndole sobornos para resolver cualquier inconveniente en la obra, de ahí que antes de concluir el trabajo decidió encargar al escultor estas dos hermanas de piedra, como testigos mudas de coimas, sobornos, cometas y fraudes que se realizaban en el interior del inmueble y a centímetros de sus miradas. La historia del edificio la rescató el periodista argentino Luis Gasulla en un libro que se llama El negocio político de la Obra Pública. Una investigación que partió de la detención, en el año 2016, del que fue secretario de Obras Públicas durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Krichner. En una noche de junio de ese año, José López, que así se llama este personaje, fue descubierto lanzando maletas cargadas de billetes por la tapia de un convento a las afueras de Buenos Aires, mientras un grupo de monjas iban recogiéndolas para esconderlas.
En España no hemos levantado todavía un monumento dedicado a la corrupción, a pesar de que, salvo pillar a un sinvergüenza lanzando maletas llenas de billetes por la tapia de un convento, no nos hemos privado de ninguna fórmula de esconder dinero robado de los presupuestos públicos. El mercado de los contratos de las administraciones es un nicho de tentaciones y ofrece un sinfín de oportunidades para la corrupción. Los concursos públicos, ya sean para construir una carretera o para hacerse con el contrato del abastecimiento de agua, han sido, muchas veces, un terreno muy bien abonado para que campara a sus anchas la sinvergonzonería. Hace unos años, Transparencia Internacional promedió en hasta un 10% el coste que tiene la corrupción y el soborno sobre el montante total de la contratación pública en España.
Todo esto viene a cuento de la última operación contra el pillaje. Ahora con los semáforos. Una investigación que afecta a más de cuarenta ayuntamientos repartidos por toda la geografía española que podrían haber alterado concursos públicos destinados a proyectos de regulación semafórica y gestión de multas a cambio de comisiones. 16 alcaldes o concejales, y nueve jefes de la Policía Local, que se dice pronto, figuran en el listado de investigados. Todos con un denominador común, una misma empresa que les pagó por hacerse con los contratos. Desde que se inventó el soborno, hay un hecho ineludible siempre: la presencia de, como mínimo, dos actores. El que recibe y el que paga. Al igual que no hay corrupción sin corrupto, no existe corrupción sin corruptores. En esta última trama ha vuelto a aparecer una filial de la constructora Sacyr, un gigante de la obra pública que tiene un largo historial de apariciones en sumarios e investigaciones judiciales relacionados con el presunto pago de comisiones.
En la lucha contra esta lacra en España, empieza uno a tener la impresión que se está yendo de rositas uno de los dos actores de todo soborno. No hay trama, por pequeña o grande que sea, en la que no aparezcan las grandes constructoras de España, ya sea con donaciones a partidos o con entrega de comisiones ilegales. Ya sea la Púnica, la Gürtel, la contabilidad de Bárcenas o la trama del 3% de Convergencia en Cataluña... Están en los apaños y en los amaños, pero salen indemnes de la mayoría de los casos de corrupción, una veces por la prescripción de delitos; otras, por cargarles el mochuelo a directivos de segunda fila; y muchas porque las investigaciones se cierran por la dificultad de probar que detrás de toda donación hay, casi siempre, el deseo de lograr un trato de favor.
Hace unos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) realizó una guía para advertir de posibles amaños en la contratación pública en España, un sector que supone un 15% del PIB del país. Este organismo estimó en unos 40.000 millones de euros el sobrecoste que causa en las contrataciones públicas la falta de competencia. Alertaba sobre el reducido número de licitaciones en algunas obras; de las ofertas incoherentes; de las similitudes sospechosas entre las distintas ofertas que se presentaban; de las ofertas no competitivas; de las presentadas por la misma persona física, a través de varias empresas… En definitiva, ponía el dedo en la llaga de las manipulaciones en los concursos y de los acuerdos entre los contratistas para no competir. El caldo de cultivo de cualquier tejemaneje.
Estamos levantando en España un monumento contra la corrupción muy distinto al de Buenos Aires. Aparece en una esquina, la misma estatua con la mano hacia atrás y la palma levantada hacia fuera; pero, en la otra esquina, no hay quién localice la estatua que lleva el cofre en la mano. Y la corrupción, como bien reprodujo el arquitecto argentino, no es una imagen en solitario, sino un conjunto escultural con al menos dos figuras.
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