La Universidad Rey Juan Carlos cierra el instituto del máster de Cifuentes y Casado
La clausura se hará efectiva a partir del próximo curso aunque su actividad era casi nula desde que saltó el escándalo del máster de Cristina Cifuentes
La Universidad intenta librarse de lastre que supone este organismo que dirigió ininterumpidamente el catedrático Álvarez Conde
Funcionaba de manera opaca, con CIF propio y recibía fondos públicos además de facilitar la obtención de títulos con convalidaciones irregulares o retoque de calificaciones
La Universidad Rey Juan Carlos ha decidido cerrar su Instituto de Derecho Público, el organismo donde se impartía el máster que cursaron la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes y el actual líder del Partido Popular, Pablo Casado. El IDP dejará de existir a partir del curso que viene.
La decisión es "firme" y sin "marcha atrás", han asegurado fuentes de la Universidad a Europa Press. El fin del IDP se producirá una vez se hayan culminado las auditorías en marcha, han reiterado las mismas fuentes. La medida se toma, dicen en la URJC para intentar salvar el "buen nombre" de la Rey Juan Carlos tras conocerse la manera de operar que tenía el instituto dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde.
Tras desvelar eldiario.es la dinámica de favores y documentos falsificados que permitieron, por ejemplo, la modificación de calificaciones de Cristina Cifuentes para acceder el título de máster en derecho autonómico, el IDP quedó sin actividad bajo la dirección provisional del profesor Pedro Acosa, una vez destituido de ese puesto Álvarez Conde.
El Instituto de Derecho Público funcionaba de manera opaca, disponía de un CIF propio y recibía fondos públicos mediante convenios con la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de la capital que subvencionaban las matrículas a sus trabajadores (aunque sin control sobre si el aprovechamiento de tales inversiones en formación).
El Instituto se creó en 2001 y fue aprobado en 2005 por el gobierno de Esperanza Aguirre, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid , requisito indispensable para ponerlo en marcha. Al frente, desde su creación, está Álvarez Conde, que además contó entre sus labores de gestión con un privilegio universitario poco usual en la universidad: tiene autonomía de gastos e ingresos sin tener que rendir demasiadas cuentas a la universidad.
El control académico corre a cuenta de la Consejería de Educación, que debe recibir informes anuales para hacer un seguimiento de la actividad investigadora que justifica que esto sea un instituto aparte de la Universidad Rey Juan Carlos en lugar de un departamento de la misma.
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