Ese malón
El oficialismo nacional está recorriendo un camino a paso acelerado hacia la barbarie. En ese devenir, y luego de las elecciones en donde resultara claro triunfador, ha profundizado su sesgo ideológico de derecha pura y dura en el campo de lo político y lo institucional. O lo que es lo mismo: pareciera haberse decidido a “reforzar lo propio”, siendo lo propio una minoría intensa y desatada en su afán revanchista, represor, clasista y demonizador de cualquier expresión cultural de sesgo popular, desde las más masivas hasta las más minúsculas y aisladas. La otra cara de esta moneda es el control de la opinión pública, ya sea a través del uso sistemático de sus voceros oficiosos (que gustan de autonominarse “periodistas independientes”) o de las campañas planificadas en las redes sociales.
Con eso, por ahora, les alcanza. Y tiene como ventaja “extra” borrar del campo del debate público la flojísima performance de la economía real, con numerosas alertas en los terrenos de la producción, las exportaciones, la calidad del empleo, etcétera. Ni siquiera hay que postularse como desarrollista para estar preocupado. Los propios indicadores de la “macro” son de temer: bicicleta financiera imparable y creciente, inflación que no termina de ceder, aumento del déficit cuasi fiscal, récord histórico del déficit de la balanza comercial y muchos más.
Uno no quiere, por formación y por convicción, ser tremendista. Pero cuesta mucho elegir por cuál empezar a criticar de todas las pésimas acciones del macrismo.
Voy a detenerme, también por formación y por convicción, en una de ellas: la utilización que vienen haciendo, por acción u omisión, de las fuerzas de seguridad de nuestro país. Así como nuestra democracia supo construir, con esfuerzo y dolor, un consenso político y social básico acerca de la “cuestión militar” -consenso que, por cierto, está seriamente cuestionado hoy por más de un gesto de la conducción política-civil de los mismos-, justo es reconocer que esa misma democracia (es decir todos y cada uno de nosotros como sociedad) nunca pude ponerle el cascabel al gato a nuestras fuerzas de seguridad. Y en este devenir hemos tenido, desde la política, desde el Estado, acciones por demás contradictorias: desde tratarlos como “enemigos” a los que hay que combatir, pasando por intentos siempre inconclusos de reformas democráticas profundas (hola Arslanian, ¿cómo estás?) y llegando a lo que todo aquel que tenga un mínimo de noción sobre la política real conoce como los pactos entre “la política” y “las policías” para “la administración del delito”, que no es otra cosa que la “administración” misma de esas fuerzas de seguridad.
Hoy nuestro país parece haber pasado de pantalla en esto. Y tenemos un oficialismo que, o bien explícitamente o al menos en el campo de lo discursivo, ha dado rienda suelta para que las fuerzas de seguridad de nuestro país estén desatadas en su accionar represivo institucional. Y el gesto de apoyo gubernamental está expresado con claridad en las palabras de los ministros de Justicia y de Seguridad: “Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”. O incluso en la mismísima vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti: ““Tenemos que decir que el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza del Estado para cuidarnos a todos”.
Esto es infinitamente grave. Y no solamente por las consecuencias de esas represiones (aunque sean estas las más graves por su irreparabilidad). Es grave también porque vuelve a poner, como en las épocas más nefastas de nuestra historia, a las fuerzas de seguridad como “mano de obra” para aberraciones delictivas en tanto “institución”. Quiero decirlo con claridad: si en el marco de una acción represiva del Estado un miembro de las fuerzas de seguridad comete un ilícito, investigarlo, castigarlo y separarlo de esa fuerza es, precisamente, proteger a esa fuerza de seguridad. Cuando por el contrario, como está pasando, desde el poder político se apaña o protege ese accionar delictivo, está obligando a una acción corporativa a la totalidad de la fuerza, transformado en cómplices de la misma a toda la institución.
Y como aquí somos institucionalistas y estatalistas de verdad, nos parece una tremenda injusticia para los miles de compatriotas honestos, trabajadores y respetuosos de la legalidad que forman parte de esas instituciones del Estado Nación.
El macrismo, amparado en la creación de imaginarios “enemigos internos” y en una abrumadora campaña de desinformación, debe ser denunciado con claridad también en este aspecto que hace a los derechos humanos: están despreciando y convirtiendo en cómplices a las propias fuerzas de seguridad en su conjunto.
De manera análoga, una responsabilidad extra para las distintas oposiciones de nuestro país y un tema donde unirse: no hay que permitir esto. Es abrir las puertas de un infierno que ya hemos vivido. No hay excusas para deponer diferencias cuando lo que está en juego son ciertas bases propias del sistema democrático e institucional. No las hay cuando en el horizonte cercano se entrevé la polvareda de ese malón.
Paremos la mano, todos, antes de que sea más tarde aún.
Imagen: “La vuelta del malón”, Ángel della Valle.
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