Democracia pixelada
Golpe de Carmena a la corrupción periodística
Hay logros democráticos que pasan sorprendentemente
desapercibidos, para la enorme trascendencia que tienen. Como todo el
mundo sabe, uno de los problemas fundamentales de este país es la corrupción estructural,
la sensación de impotencia ante la misma y a la vez el miedo ante
propuestas políticas de ruptura con lo viejo. Miedo fomentado desde
algunos medios que forman parte de esa trama de corrupción. El mecanismo más directo para comprar medios es asignarles publicidad institucional desde
ayuntamientos, consejerías, ministerios, etc. Campañas como las de
tráfico, de vacunación o anti-tabaco, por ejemplo, pagadas con dinero
público. Pero el Ayuntamiento de Madrid acaba de dar un paso histórico
en este terreno.
Hace muy poco confirmábamos como durante años, bajo los mandatos de Ana Botella y Gallardón, el Ayuntamiento inyectaba millones de euros a medios afines, vulnerando cualquier criterio de proporcionalidad. Manipulaban así la esfera mediática madrileña. También hemos sabido que Aguirre e Ignacio González desviaron más de 55 millones para beneficiar al periodismo amigo, por ejemplo con publicidad de Metro de Madrid en La Razón e Intereconomía. También Cospedal bendijo con fondos públicos a los medios de la Iglesia, igual que Rita Barberá, quien además de dopar medios afines en Valencia, pagó un plus con dinero público a la agencia que llevaba su campaña. El propio gobierno de Rajoy gastó 37,5 millones privilegiando a las redacciones de Marhuenda, Alfonso Rojo, Jiménez Losantos, ABC o El Confidencial. No es el mercado quien las mantiene, es el estado. Pese al dictamen del Consejo de Transparencia, que califica esta información de “interés público”, por encima del interés comercial, no se han publicado las cantidades exactas. De hecho, ocho ministerios han pleiteado ante la Audiencia Nacional para que se mantenga en secreto.
Hemos llegado a ver casos especialmente bochornosos, en que los fondos iban a parar directamente a manos del partido, a sospechosos medios-fantasma, o a blogs de muy dudoso valor periodístico. No sólo el PP ha caído en la tentación, también la Junta de Andalucía favoreció a El País, o la Generalitat a los grupos Zeta y Godó.
Hablamos en total de muchos cientos de millones inyectados al sistema informativo a dedo y de forma opaca, adulterando el mercado. Un método de corrupción que le hace a uno añorar las ventajas de un liberalismo honesto, de una libre competencia real, sin trampas, donde la audiencia decida qué medios progresan o se hunden. Tan generalizado ha sido el truco, que el Tribunal de Cuentas ha denunciado la falta de transparencia con que se contratan estas campañas, e incluso informes europeos recogen el subdesarrollo del sistema de medios español en cuanto a dependencia política y falta de control. Los sindicatos de periodistas llevan años denunciándolo.
En más de una ocasión, esta cuestión ha llegado a los altos tribunales. En una reciente sanción ejemplar, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Diputación de León a indemnizar al portal ileon.com tras marginarlo sistemáticamente de los “repartos arbitrarios e ilegales que los responsables políticos y gabinetes de prensa han realizado de la publicidad institucional”, dice la sentencia. Para el medio, se trata de “un gran precedente que consolida un escenario que impida el uso de dinero público para forzar líneas editoriales”. Otro juez solicitó al Supremo que investigara los indicios de delito del Gobierno de Melilla “por firmar durante años convenios de publicidad a dedo, premiando a los medios dóciles y castigando a los díscolos”. Pero el Supremo archivó la investigación excusándose en una “laguna en la regulación” para estos contratos, que tienen perfil de convenio, de contrato y de subvención pública al mismo tiempo.
La Ley de Publicidad Institucional establece que el reparto debe hacerse con “criterios objetivos” que garanticen la mejor difusión, ajustándose a “principios de eficiencia, austeridad y transparencia”. Su artículo 14 exige: "el Gobierno elaborará un informe anual de publicidad en el que se incluirán las campañas, su importe, los adjudicatarios de contrato y los planes de medios correspondientes. Este será remitido al Parlamento y puesto a disposición de todas las organizaciones profesionales". En su texto original, obligaba además a elaborar pliegos de cláusulas generales "dando audiencia preceptiva a las asociaciones de los sectores afectados", pero el PP eliminó esta obligación en diciembre de 2014, justo antes del bienio electoral. El cumplimiento de esta ley estatal es exigible también en administraciones autonómicas o municipales. Además, existen leyes autonómicas en Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, País Vasco, Baleares y Extremadura y La Rioja, y se está debatiendo otra en Madrid. Pero como demuestra la ley estatal, no basta con regular: es necesaria la presión social y periodística para lograr que se cumplan.
Ante esta situación, el gesto del Ayuntamiento de Madrid al publicar abiertamente por primera vez el criterio seguido y la cantidad invertida en cada medio, tiene especial trascendencia. Siendo la capital, levanta un precedente, se convierte en referencia obligada. Es por tanto un duro golpe a la corrupción periodística. Rita Maestre ha explicado que el Ayuntamiento "ha acabado con el reparto a dedo", invirtiendo en función de los datos de audiencia proporcionados por Comscore y AIMC. El análisis publicado por eldiario.es recoge déficit de proporcionalidad entre distintos medios, si bien es cierto que no hay obligación de seguir el principio de proporcionalidad, sino los de austeridad, objetividad, transparencia y eficiencia, y el reparto que más beneficie a los objetivos de cada campaña. Por ejemplo, campañas destinadas a mujeres o a niños, se asignaran a los medios con audiencia más femenina o infantil. Hay campañas para conductores, público gay, adolescentes, en paro, etc. por lo que el asunto puede llegar a complicarse. Lo principal es que haya transparencia.
Aunque el reparto parezca mejorable, difícilmente se puede tachar de partidista como ocurría (antes incluso de lo contrario). Llama la atención, por ejemplo, la ausencia de infoLibre entre los receptores de fondos. Este diario lideró la investigación que llevó a dimitir al fiscal Moix, entre otros trofeos periodísticos. En todo caso, debatir sobre la ejecución de un reparto conocido es muy diferente a descubrir años después el carácter partidista de un reparto opaco. El salto es abismal, y no podemos dejar de celebrar el ejemplo dado por el Ayuntamiento de Madrid. Sin duda, la misma transparencia debe exigirse en todos los municipios de España. Veremos cómo algunos medios de inexplicable éxito comienzan a desinflarse. El efecto bola de nieve supondrá un excelente revulsivo para la opinión pública, que se ajustará más al país real y menos al oficial.
Hace muy poco confirmábamos como durante años, bajo los mandatos de Ana Botella y Gallardón, el Ayuntamiento inyectaba millones de euros a medios afines, vulnerando cualquier criterio de proporcionalidad. Manipulaban así la esfera mediática madrileña. También hemos sabido que Aguirre e Ignacio González desviaron más de 55 millones para beneficiar al periodismo amigo, por ejemplo con publicidad de Metro de Madrid en La Razón e Intereconomía. También Cospedal bendijo con fondos públicos a los medios de la Iglesia, igual que Rita Barberá, quien además de dopar medios afines en Valencia, pagó un plus con dinero público a la agencia que llevaba su campaña. El propio gobierno de Rajoy gastó 37,5 millones privilegiando a las redacciones de Marhuenda, Alfonso Rojo, Jiménez Losantos, ABC o El Confidencial. No es el mercado quien las mantiene, es el estado. Pese al dictamen del Consejo de Transparencia, que califica esta información de “interés público”, por encima del interés comercial, no se han publicado las cantidades exactas. De hecho, ocho ministerios han pleiteado ante la Audiencia Nacional para que se mantenga en secreto.
Hemos llegado a ver casos especialmente bochornosos, en que los fondos iban a parar directamente a manos del partido, a sospechosos medios-fantasma, o a blogs de muy dudoso valor periodístico. No sólo el PP ha caído en la tentación, también la Junta de Andalucía favoreció a El País, o la Generalitat a los grupos Zeta y Godó.
Hablamos en total de muchos cientos de millones inyectados al sistema informativo a dedo y de forma opaca, adulterando el mercado. Un método de corrupción que le hace a uno añorar las ventajas de un liberalismo honesto, de una libre competencia real, sin trampas, donde la audiencia decida qué medios progresan o se hunden. Tan generalizado ha sido el truco, que el Tribunal de Cuentas ha denunciado la falta de transparencia con que se contratan estas campañas, e incluso informes europeos recogen el subdesarrollo del sistema de medios español en cuanto a dependencia política y falta de control. Los sindicatos de periodistas llevan años denunciándolo.
En más de una ocasión, esta cuestión ha llegado a los altos tribunales. En una reciente sanción ejemplar, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Diputación de León a indemnizar al portal ileon.com tras marginarlo sistemáticamente de los “repartos arbitrarios e ilegales que los responsables políticos y gabinetes de prensa han realizado de la publicidad institucional”, dice la sentencia. Para el medio, se trata de “un gran precedente que consolida un escenario que impida el uso de dinero público para forzar líneas editoriales”. Otro juez solicitó al Supremo que investigara los indicios de delito del Gobierno de Melilla “por firmar durante años convenios de publicidad a dedo, premiando a los medios dóciles y castigando a los díscolos”. Pero el Supremo archivó la investigación excusándose en una “laguna en la regulación” para estos contratos, que tienen perfil de convenio, de contrato y de subvención pública al mismo tiempo.
La Ley de Publicidad Institucional establece que el reparto debe hacerse con “criterios objetivos” que garanticen la mejor difusión, ajustándose a “principios de eficiencia, austeridad y transparencia”. Su artículo 14 exige: "el Gobierno elaborará un informe anual de publicidad en el que se incluirán las campañas, su importe, los adjudicatarios de contrato y los planes de medios correspondientes. Este será remitido al Parlamento y puesto a disposición de todas las organizaciones profesionales". En su texto original, obligaba además a elaborar pliegos de cláusulas generales "dando audiencia preceptiva a las asociaciones de los sectores afectados", pero el PP eliminó esta obligación en diciembre de 2014, justo antes del bienio electoral. El cumplimiento de esta ley estatal es exigible también en administraciones autonómicas o municipales. Además, existen leyes autonómicas en Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, País Vasco, Baleares y Extremadura y La Rioja, y se está debatiendo otra en Madrid. Pero como demuestra la ley estatal, no basta con regular: es necesaria la presión social y periodística para lograr que se cumplan.
Ante esta situación, el gesto del Ayuntamiento de Madrid al publicar abiertamente por primera vez el criterio seguido y la cantidad invertida en cada medio, tiene especial trascendencia. Siendo la capital, levanta un precedente, se convierte en referencia obligada. Es por tanto un duro golpe a la corrupción periodística. Rita Maestre ha explicado que el Ayuntamiento "ha acabado con el reparto a dedo", invirtiendo en función de los datos de audiencia proporcionados por Comscore y AIMC. El análisis publicado por eldiario.es recoge déficit de proporcionalidad entre distintos medios, si bien es cierto que no hay obligación de seguir el principio de proporcionalidad, sino los de austeridad, objetividad, transparencia y eficiencia, y el reparto que más beneficie a los objetivos de cada campaña. Por ejemplo, campañas destinadas a mujeres o a niños, se asignaran a los medios con audiencia más femenina o infantil. Hay campañas para conductores, público gay, adolescentes, en paro, etc. por lo que el asunto puede llegar a complicarse. Lo principal es que haya transparencia.
Aunque el reparto parezca mejorable, difícilmente se puede tachar de partidista como ocurría (antes incluso de lo contrario). Llama la atención, por ejemplo, la ausencia de infoLibre entre los receptores de fondos. Este diario lideró la investigación que llevó a dimitir al fiscal Moix, entre otros trofeos periodísticos. En todo caso, debatir sobre la ejecución de un reparto conocido es muy diferente a descubrir años después el carácter partidista de un reparto opaco. El salto es abismal, y no podemos dejar de celebrar el ejemplo dado por el Ayuntamiento de Madrid. Sin duda, la misma transparencia debe exigirse en todos los municipios de España. Veremos cómo algunos medios de inexplicable éxito comienzan a desinflarse. El efecto bola de nieve supondrá un excelente revulsivo para la opinión pública, que se ajustará más al país real y menos al oficial.
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