BUENOS AIRES (Sputnik) — La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dijo que en su país ya no existe un Estado de derecho al quejarse de que en los allanamientos judiciales en sus tres domicilios se produjo una "violación" y sustracción de sus bastones presidenciales y del de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007).
"Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar (el juez Claudio) Bonadio de mi casa de El Calafate (sur) estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías en Argentina es sin límite. Nuestro país está sin un Estado de derecho", escribió la expresidenta en su red social de Twitter.
Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite. #ArgentinaSinEstadoDeDerecho
— Cristina Kirchner (CFKArgentina) August 28, 2018
El abogado de Fernández, Carlos Beraldi, presentó una denuncia contra Bonadio, por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", informó el diario local Clarín.
Beraldi afirmó que no le permitieron presenciar el operativo, lo que constituye un "indebido entorpecimiento del ejercicio de la profesión".
Poco más tarde, Bonadio ordenó devolver a la expresidenta y senadora los bastones y bandas presidenciales, según el portal de noticias Infobae.
La expresidenta está acusada de recaudar "fondos ilegales" para "enriquecerse de forma ilegítima" mediante una red de sobornos con las principales empresas contratistas de obras públicas del Estado.
El 23 de agosto la Policía Federal de Argentina inició el allanamiento de un apartamento de la expresidenta en el centro de la capital y de una vivienda en la ciudad sureña de Río Gallegos.
El 24 de agosto se procedió a allanar la casa que la senadora tiene en la localidad turística de El Calafate, también en el sur del país.
El allanamiento de los domicilios de la expresidenta fue aprobado el miércoles pasado por unanimidad en el Senado; la propia Fernández, presente en sala, votó a favor de la decisión.
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