Argentina
“Señores jueces: ¡Nunca más!”
Medio millón de personas se
levanta en Buenos Aires para que los crímenes de lesa humanidad de la
dictadura no reciban beneficios judiciales
Gabriela Cabezón Cámara
Vista área de la manifestación de este miércoles 10 de mayo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blanco. El centro de Buenos Aires fue blanco, cientos de miles de personas en la plaza fueron el centro, la plaza tiene casi 20.000 metros cuadrados y cada metro estuvo colapsado, como estuvieron colapsadas con columnas de más de cinco cuadras las calles y avenidas que nacen y mueren en ese centro donde el miércoles 10 de mayo, alrededor de las siete de la tarde, todo fue blanco porque son blancos los pañuelos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, porque de esa plaza estamos hablando.
Y todo vibró: lo blanco, los flashes de cámaras y teléfonos, las banderas rojas y las celestes y las verdes y las violetas y las arcoíris. Medio millón de personas de todas las edades y de todas las clases sociales —o casi— y los bombos y los redoblantes y los parlantes, los puestos de choripanes y hamburguesas, los vidrios de los edificios de oficinas del gobierno y los privados, incluso el Cabildo y la Casa Rosada. Todo vibró en un solo grito que empezó en el escenario central del acto histórico en la voz de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo: “¡Los 30.000 desaparecidos…!”, gritó la dirigente de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida. “¡Presentes!”, le contestó la multitud agitando los pañuelos blancos, “¡Ahora…!”, “¡Y siempre!”; “¡Ahora…!”, “¡Y siempre!”; “¡Ahora…!”, “¡Y siempre!”, en un ritual que estas madres y estas abuelas y su multitud repiten hace 35 años. Y coronó la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto: “Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por los derechos conquistados y haremos oír nuestro reclamo para poner un límite a esta provocación y gritar con toda la fuerza: ‘Señores jueces: ¡Nunca más!’”.
La de este miércoles fue una rebelión popular contra el poder judicial. Hace una semana, el 3 de mayo, la Corte Suprema de la Nación otorgó el llamado beneficio del 2x1 al represor y torturador Luis Muiña.
El 2x1 procede de una ley que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y establece que, una vez pasados dos años de prisión preventiva sin condena firme, se debe contabilizar doble cada día transcurrido en la cárcel. El objetivo era buscar una solución a los lentísimos procesos judiciales. No se logró: actualmente, la mitad de la población penitenciaria del país no tiene condena firme. Una persona podría, por ejemplo, ser declarada inocente luego de cinco años de prisión.
No es el caso de Luis Muiña, que en 2011 fue condenado a trece años por delitos de lesa humanidad.
El fallo de la Corte Suprema del 3 de mayo generó una reacción inmediata y masiva de repudio. Los organismos de derechos humanos se pronunciaron inmediatamente. “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”, afirmó Estela de Carlotto el mismo día de la resolución judicial. Y agregó: “Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley —la del 2x1— no regía para crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos”.
Tan masiva fue la reacción que obligó a la Cámara de Diputados a votar, apenas siete días después del fallo de la Corte, una ley que limita la posibilidad de que los militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan pedir dicho beneficio. Todos los diputados votaron afirmativamente, menos un diputado macrista de la provincia de Salta. Hubo una sola ausencia en la maratónica sesión: la oficialista Elisa Carrió.
Resta saber si la ley será de alguna utilidad.
Dos por decreto y una por cautelar: así accedieron y mantuvieron sus puestos en la Suprema Corte los tres jueces que avalaron el 2x1 para los represores. Por decreto presidencial –uno de los primeros de Mauricio Macri—, fueron nombrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que luego fueron confirmados por el Senado. Y Elena Highton permanece en su cargo mediante una medida cautelar que le permite sortear el límite de 75 años previsto por la Constitución Nacional para los jueces en función de la Corte. La cautelar no fue apelada por el Poder Ejecutivo.
La Iglesia y el papa Francisco
La Iglesia sabía. Y sabe: tiene en su haber archivos sobre los desaparecidos y los niños robados a sus familias. Y no los desclasifica. Sabe, sabía y fue parte.
Un caso paradigmático es el del sacerdote Von Wernich, capellán de la Policía Federal Argentina durante la década del setenta, condenado en 2007 a cadena perpetua por 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y siete homicidios calificados. El papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, le permite seguir siendo parte de la Iglesia. Y desde Roma digita la política de la Conferencia Episcopal Argentina, que dos días antes del polémico fallo instó a una reconciliación con los represores. Sin siquiera exigirles a los genocidas que se arrepientan, ese requisito fundamental del catolicismo para otorgar el perdón, la Iglesia argentina pidió a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que se reconciliaran con sus verdugos.
El lunes 8 de mayo, monseñor Jorge Lozano, titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, calificaba de “infeliz coincidencia” que el llamamiento de la Iglesia sucediera dos días antes del fallo de la Corte Suprema. Pero a esta ‘infeliz coincidencia’ se suman otras, como las declaraciones del flamante obispo castrense, Santiago Olivera, designado en marzo de este año por el papa Francisco: “Los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser justicia”.
El Gobierno
“Avruj bancó sin reparos el 2x1 y 24 horas después lo repudió enfáticamente. Si sigue la curva, para el viernes está refundando la guerrilla”. Este chiste, del tuitero @fragmentario sintetizó la actitud del Gobierno frente al fallo de la Corte. Claudio Avruj es el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
El Gobierno de Mauricio Macri pasó del silencio o del respaldo a la decisión de la Corte —ponderando la independencia del Poder Judicial— a la crítica. El mismo presidente se pronunció horas antes de una manifestación que ya se sabía que sería histórica. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires y la funcionaria oficialista mejor considerada por la opinión pública, fue quien primero se expresó en contra del fallo. Cuatro días después, dijo: “Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor”.
La oposición tuvo mejores reflejos: la expresidenta de la Argentina Cristina Kirchner se manifestó como lo viene haciendo hace un tiempo, a través de las redes sociales. Repudió el fallo afirmando que “retrocede 20 años en materia de derechos humanos” y añadiendo que “en el campo político habrá que fortalecer el polo popular y democrático que salió debilitado con la llegada de Cambiemos”. Luego tuvo una de sus humoradas: “Lo único independiente en Argentina son los Reyes de España”. Gobernó ocho años.
El Nobel Coetzee se une
Lo cierto es que, entre las tres y las cinco de la tarde del 10 de mayo, se detuvo en la ciudad. No solo el tránsito, que se veía como una masa metálica brillando estática en avenidas y autopistas. También las universidades, esta semana en paro por el plan de lucha de los docentes, muchos de los institutos terciarios de formación docente e incluso varias instituciones oficiales, como sedes de ministerios, donde los trabajadores colgaron los pañuelos blancos que identifican a Madres y Abuelas en los frentes de los edificios.
En estos días, y hasta el 15, se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento muy popular al que concurre alrededor de un millón de personas, y que fue uno de los epicentros del repudio.
Luisa Valenzuela tomó la misma decisión. La escritora es presidenta del PEN argentino, que convocó a los escritores a la concentración, y este año fue la oradora que inauguró la feria. Varios stands de editoriales independientes venden sus libros con la leyenda “2x1 para los libros, perpetua para los genocidas”. Incluso se sumó un premio Nobel John M. Coetzee, que iba a leer fragmentos de su obra.
Coetzee emitió un breve comunicado: “Compartiendo los ideales del PEN Argentina, he decidido cancelar mi presentación en el museo”. Y agregó un fragmento de su novela Esperando a los bárbaros: “El aire está lleno de gritos y susurros. Nunca desaparecen: si se escucha con atención, con el oído bien predispuesto, se pueden oír sus ecos resonando eternamente en la segunda esfera. Por la noche es mejor: a veces, cuando resulta difícil conciliar el sueño, es porque han llegado hasta los oídos los lamentos de los muertos”.
Fue una fiesta. La imagen aérea que muestra a los cientos de miles de personas tanto en la plaza como en las principales calles y avenidas agitando los pañuelos blancos queda para la historia. Para el presente, la conciencia del poder popular: esta vez, se marchó luego de haberle torcido el brazo a la Iglesia y a la parte del oficialismo que quiere liberar a los genocidas. Y de haber logrado que todos los partidos votaran una ley que intenta ponerle un límite a la Corte Suprema de Justicia.
“Nunca más impunidad, nunca más torturadores, nunca más genocidas sueltos, nunca más el terrorismo de Estado”: la voz poderosísima y frágil de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, de 87 años, dijo lo que la sociedad argentina supo conquistar. Y ahora vuelve a defender.
Blanco. El centro de Buenos Aires fue blanco, cientos de miles de personas en la plaza fueron el centro, la plaza tiene casi 20.000 metros cuadrados y cada metro estuvo colapsado, como estuvieron colapsadas con columnas de más de cinco cuadras las calles y avenidas que nacen y mueren en ese centro donde el miércoles 10 de mayo, alrededor de las siete de la tarde, todo fue blanco porque son blancos los pañuelos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, porque de esa plaza estamos hablando.
Y todo vibró: lo blanco, los flashes de cámaras y teléfonos, las banderas rojas y las celestes y las verdes y las violetas y las arcoíris. Medio millón de personas de todas las edades y de todas las clases sociales —o casi— y los bombos y los redoblantes y los parlantes, los puestos de choripanes y hamburguesas, los vidrios de los edificios de oficinas del gobierno y los privados, incluso el Cabildo y la Casa Rosada. Todo vibró en un solo grito que empezó en el escenario central del acto histórico en la voz de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo: “¡Los 30.000 desaparecidos…!”, gritó la dirigente de Madres Línea Fundadora, Taty Almeida. “¡Presentes!”, le contestó la multitud agitando los pañuelos blancos, “¡Ahora…!”, “¡Y siempre!”; “¡Ahora…!”, “¡Y siempre!”; “¡Ahora…!”, “¡Y siempre!”, en un ritual que estas madres y estas abuelas y su multitud repiten hace 35 años. Y coronó la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto: “Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por los derechos conquistados y haremos oír nuestro reclamo para poner un límite a esta provocación y gritar con toda la fuerza: ‘Señores jueces: ¡Nunca más!’”.
La de este miércoles fue una rebelión popular contra el poder judicial. Hace una semana, el 3 de mayo, la Corte Suprema de la Nación otorgó el llamado beneficio del 2x1 al represor y torturador Luis Muiña.
El 2x1 procede de una ley que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y establece que, una vez pasados dos años de prisión preventiva sin condena firme, se debe contabilizar doble cada día transcurrido en la cárcel. El objetivo era buscar una solución a los lentísimos procesos judiciales. No se logró: actualmente, la mitad de la población penitenciaria del país no tiene condena firme. Una persona podría, por ejemplo, ser declarada inocente luego de cinco años de prisión.
No es el caso de Luis Muiña, que en 2011 fue condenado a trece años por delitos de lesa humanidad.
El 2x1 procede de una ley, vigente entre 1994 y 2001, y establece que, una vez pasados dos años de prisión preventiva sin condena firme, se debe contabilizar doble cada día transcurrido en la cárcelLo suyo fue así: el 28 de marzo de 1976, cuatro días después del golpe de Estado, el Ejército y la Fuerza Aérea, en un operativo militar con tanques y helicópteros, tomaron el gigantesco predio del Hospital Posadas, uno de los más grandes del populoso conurbano bonaerense. Secuestraron a treinta de sus trabajadores, despidieron a otros 150, crearon un grupo de tareas paramilitar conocido como el “Grupo Swat”, entre cuyos integrantes estaba Muiña, e instalaron un centro clandestino de detención en El Chalet, como se llamaba hasta ese momento a la vivienda del director del hospital, también secuestrado. De los detenidos, once no volvieron a aparecer. Un caso paradigmático es el de Jacobo Chester, empleado del departamento de estadísticas del hospital: su cuerpo fue hallado flotando en el puerto de Buenos Aires. Se lo había llevado la patota a la que pertenecía Muiña.
El fallo de la Corte Suprema del 3 de mayo generó una reacción inmediata y masiva de repudio. Los organismos de derechos humanos se pronunciaron inmediatamente. “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados”, afirmó Estela de Carlotto el mismo día de la resolución judicial. Y agregó: “Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley —la del 2x1— no regía para crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos”.
Tan masiva fue la reacción que obligó a la Cámara de Diputados a votar, apenas siete días después del fallo de la Corte, una ley que limita la posibilidad de que los militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan pedir dicho beneficio. Todos los diputados votaron afirmativamente, menos un diputado macrista de la provincia de Salta. Hubo una sola ausencia en la maratónica sesión: la oficialista Elisa Carrió.
Resta saber si la ley será de alguna utilidad.
Dos por decreto y una por cautelar: así accedieron y mantuvieron sus puestos en la Suprema Corte los tres jueces que avalaron el 2x1 para los represores. Por decreto presidencial –uno de los primeros de Mauricio Macri—, fueron nombrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que luego fueron confirmados por el Senado. Y Elena Highton permanece en su cargo mediante una medida cautelar que le permite sortear el límite de 75 años previsto por la Constitución Nacional para los jueces en función de la Corte. La cautelar no fue apelada por el Poder Ejecutivo.
La Iglesia y el papa Francisco
La Iglesia sabía. Y sabe: tiene en su haber archivos sobre los desaparecidos y los niños robados a sus familias. Y no los desclasifica. Sabe, sabía y fue parte.
Un caso paradigmático es el del sacerdote Von Wernich, capellán de la Policía Federal Argentina durante la década del setenta, condenado en 2007 a cadena perpetua por 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y siete homicidios calificados. El papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, le permite seguir siendo parte de la Iglesia. Y desde Roma digita la política de la Conferencia Episcopal Argentina, que dos días antes del polémico fallo instó a una reconciliación con los represores. Sin siquiera exigirles a los genocidas que se arrepientan, ese requisito fundamental del catolicismo para otorgar el perdón, la Iglesia argentina pidió a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que se reconciliaran con sus verdugos.
El Gobierno de Mauricio Macri pasó del silencio o del respaldo a la decisión de la Corte —ponderando la independencia del Poder Judicial— a la críticaEl premio Nobel de la Paz Arturo Pérez Esquivel sentenció: “¿Cómo se van a reconciliar los padres de las víctimas con los que hicieron desaparecer a sus hijos o nietos que aún no se sabe dónde están?“. La Iglesia pretendía reunirlos con los familiares de las víctimas de las guerrillas, abonando así la teoría de una guerra. Como si —con todo el poder del Estado en las manos— cazar personas, secuestrarlas, torturarlas y desaparecerlas pudiera ser comparable con las acciones de las organizaciones armadas. “Genocidio, plan sistemático y continental”, respondieron las organizaciones de derechos humanos al llamamiento de la Iglesia. Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, denunció que la iniciativa eclesiástica era un disparate.
El lunes 8 de mayo, monseñor Jorge Lozano, titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, calificaba de “infeliz coincidencia” que el llamamiento de la Iglesia sucediera dos días antes del fallo de la Corte Suprema. Pero a esta ‘infeliz coincidencia’ se suman otras, como las declaraciones del flamante obispo castrense, Santiago Olivera, designado en marzo de este año por el papa Francisco: “Los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser justicia”.
El Gobierno
“Avruj bancó sin reparos el 2x1 y 24 horas después lo repudió enfáticamente. Si sigue la curva, para el viernes está refundando la guerrilla”. Este chiste, del tuitero @fragmentario sintetizó la actitud del Gobierno frente al fallo de la Corte. Claudio Avruj es el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
El Gobierno de Mauricio Macri pasó del silencio o del respaldo a la decisión de la Corte —ponderando la independencia del Poder Judicial— a la crítica. El mismo presidente se pronunció horas antes de una manifestación que ya se sabía que sería histórica. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires y la funcionaria oficialista mejor considerada por la opinión pública, fue quien primero se expresó en contra del fallo. Cuatro días después, dijo: “Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor”.
La oposición tuvo mejores reflejos: la expresidenta de la Argentina Cristina Kirchner se manifestó como lo viene haciendo hace un tiempo, a través de las redes sociales. Repudió el fallo afirmando que “retrocede 20 años en materia de derechos humanos” y añadiendo que “en el campo político habrá que fortalecer el polo popular y democrático que salió debilitado con la llegada de Cambiemos”. Luego tuvo una de sus humoradas: “Lo único independiente en Argentina son los Reyes de España”. Gobernó ocho años.
El Nobel Coetzee se une
Lo cierto es que, entre las tres y las cinco de la tarde del 10 de mayo, se detuvo en la ciudad. No solo el tránsito, que se veía como una masa metálica brillando estática en avenidas y autopistas. También las universidades, esta semana en paro por el plan de lucha de los docentes, muchos de los institutos terciarios de formación docente e incluso varias instituciones oficiales, como sedes de ministerios, donde los trabajadores colgaron los pañuelos blancos que identifican a Madres y Abuelas en los frentes de los edificios.
En estos días, y hasta el 15, se desarrolla la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento muy popular al que concurre alrededor de un millón de personas, y que fue uno de los epicentros del repudio.
La imagen aérea que muestra a los cientos de miles de personas tanto en la plaza como en las principales calles y avenidas agitando los pañuelos blancos queda para la historiaArrancó la escritora Claudia Piñeiro, que el 6 de mayo anunció en Twitter que suspendería una entrevista que le iban a realizar en el stand del Gobierno de la Ciudad para ir a la plaza. Fue la primera de muchos escritores: “Me impresiona que haya tenido tanto impacto mi decisión, pero me parece ridículo estar hablando en una mesa en la feria un día en que hay que estar en otro lado”.
Luisa Valenzuela tomó la misma decisión. La escritora es presidenta del PEN argentino, que convocó a los escritores a la concentración, y este año fue la oradora que inauguró la feria. Varios stands de editoriales independientes venden sus libros con la leyenda “2x1 para los libros, perpetua para los genocidas”. Incluso se sumó un premio Nobel John M. Coetzee, que iba a leer fragmentos de su obra.
Coetzee emitió un breve comunicado: “Compartiendo los ideales del PEN Argentina, he decidido cancelar mi presentación en el museo”. Y agregó un fragmento de su novela Esperando a los bárbaros: “El aire está lleno de gritos y susurros. Nunca desaparecen: si se escucha con atención, con el oído bien predispuesto, se pueden oír sus ecos resonando eternamente en la segunda esfera. Por la noche es mejor: a veces, cuando resulta difícil conciliar el sueño, es porque han llegado hasta los oídos los lamentos de los muertos”.
Fue una fiesta. La imagen aérea que muestra a los cientos de miles de personas tanto en la plaza como en las principales calles y avenidas agitando los pañuelos blancos queda para la historia. Para el presente, la conciencia del poder popular: esta vez, se marchó luego de haberle torcido el brazo a la Iglesia y a la parte del oficialismo que quiere liberar a los genocidas. Y de haber logrado que todos los partidos votaran una ley que intenta ponerle un límite a la Corte Suprema de Justicia.
“Nunca más impunidad, nunca más torturadores, nunca más genocidas sueltos, nunca más el terrorismo de Estado”: la voz poderosísima y frágil de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, de 87 años, dijo lo que la sociedad argentina supo conquistar. Y ahora vuelve a defender.
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