Fernando Lerdo de Tejada, de 23 años, se quedó en la puerta. Al despacho entraron los otros dos, armados: José Fernández Cerrá, de 31 años, vestido con una tranca verde, y Carlos García Juliá, de 21, con un chubasquero azul y la capucha puesta. No encontraron a quien buscaban, pero allí dentro crearon un infierno. Asesinaron a balazos a cinco personas. Las remataron en el suelo. Ocurrió el 24 de enero de 1977 y fue la matanza ultraderechista más dura de la Transición.Aquella noche los tres jóvenes quedaron en la cafetería Nilo de la calle San Bernardino de Madrid. Después se dirigieron a la calle Atocha. En el número 55 estaba su objetivo: el bufete de abogados laboralistas donde pretendían encontrar al sindicalista Joaquín Navarro.
Han pasado 41 años y los tres autores materiales del atentado que conmocionó a España han recorrido caminos distintos, aunque con muchas dosis de libertad. Uno acaba de ser detenido y puede ser extraditado a España. Otro cumplió una minúscula parte de su condena y se sumió en el anonimato. Del tercero no se sabe nada: se fugó y se esfumó.
El arrestado esta semana en São Paulo, Brasil, es el más joven, el del anorak azul, Carlos García Juliá, uno de los que disparó. El único superviviente del atentado que sigue con vida, Alejandro Ruiz-Huerta, lo recuerda bien. Fue el que registró el despacho para que no se escapara nadie.
Condenado como su compañero de pistolas a 193 años de prisión en 1980, en 1991 consiguió la libertad condicional. Fue el primer paso para una vida de impunidad. Porque cuando en 1994 el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León le permitió viajar a Asunción (Paraguay) para ocupar un puesto de trabajo, con la condición de que se presentara todos los meses ante la embajada española, lo que hizo fue abandonar Paraguay y saltar a Bolivia, donde fue detenido por tráfico de estupefacientes. Por eso en 1996 el juzgado le revocó la libertad condicional. Según recoge la petición de extradición a Bolivia que en marzo de 2001 dictó la Audiencia Nacional, a García Juliá le queda por cumplir una condena de 3.855 días: diez años y medio. Su entrega no se produjo entonces. Ahora, 16 años después, vuelve a estar en el horizonte, en este caso, desde Brasil.
La Fiscalía, según las fuentes consultadas, instará a la Audiencia Nacional a solicitar la extradición de García Juliá. El argumento jurídico estriba en que, si bien el crimen de 1977 ha prescrito, no lo habría hecho el quebrantamiento en el cumplimiento de la pena, ya que aún no han transcurrido los 30 años de plazo, que correría a partir de 1996, cuando el juez revocó su libertad.
Si Brasil lo extradita, en España debería cumplir la década de cárcel que le queda, pero, además, podría tener que afrontar una nueva pena, precisamente, por fugarse. Aunque el asunto no es sencillo.
La acusación particular del caso Atocha ya investiga cómo conseguir que García Juliá -reconvertido primero en narco y después en conductor de Uber- cumpla la condena que le resta en España. Cristina Almeida, que fue una de las abogadas que participó en el juicio, se muestra prudente. Afirma que "hay que ver bien qué es lo que tiene pendiente y los plazos de prescripción", y no oculta sus dudas respecto a que Brasil, comandado ahora por el derechista Jair Bolsonaro, acceda a entregar al pistolero.
Almeida subraya, eso sí, cómo con García Juliá (el joven que "sujetaba la bandera en los mítines al lado de Blas Piñar", el líder de Fuerza Nueva) ocurrieron "cosas muy raras" en aquellos años. "Le quisieron dar un permiso porque había donado sangre y colocado libros en la biblioteca de prisión, cuando sus antecedentes eran que había intentado secuestrar al director de la cárcel y a su familia con una pistola falsa diciendo que se escapaba con Tejero. La acusación lo paramos. Pero luego le dieron la condicional, pidió permiso para irse a Paraguay y, cuando le mandaron regresar, ya no volvió".
"Esas manitas, bien arriba", fue lo que dijo José Fernández Cerrá aquella noche en el bufete de Atocha cuando irrumpió en él junto a su compañero. Era el mayor y el cabecilla. También fue condenado a 193 años de cárcel y también cumplió una parte nimia de la pena. Tras 15 años entre rejas, que aprovechó para estudiar Derecho, en 1992 salió en libertad condicional. Aunque, al contrario que su compañero de armas, no huyó. "Cuando salió de la cárcel", cuenta Cristina Almeida, "Fernández Cerrá llamó a Lola González Ruiz [una de las supervivientes del atentado de Atocha, en el que perdió a su marido] para decirle: 'Me he hecho abogado en la cárcel. Ya nos veremos en los tribunales'". Hoy tiene 73 años y reside en Alicante. Aparece como administrador único de una empresa inmobiliaria y otra de reformas.
El tercer hombre, el que se quedó en la puerta del bufete vigilando, no ha pasado por la cárcel. Ni siquiera fue condenado. Fernando Lerdo de Tejada Martínez se convirtió en prófugo de la justicia en 1979, cuando aún no se había dictado sentencia. Estaba en prisión preventiva en Ciudad Real y el juez instructor, Rafael Gómez-Chaparro, le otorgó un permiso sin el conocimiento del fiscal ni de la acusación. Huyó. Se especula con que estuvo en Francia, Chile, Brasil... aunque podría encontrarse de nuevo en España. Y no habría nada que reclamarle: según algunas informaciones, la última orden de busca y captura contra él caducó hace dos años.
PROTEGIDOS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD,LA JUSTICIA Y EL ESTADO FRANQUISTA.
ES LA PRUEBA DEL ALGODON DE LO QUE SON..GENOCIDAS DESDE HACE DOS MIL AÑOS
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