CAYO VETE YA!!!!

Tania Sánchez y Mauricio Valiente exigen a la dirección de IU que sea imparcial en las primarias

• Consideran "especialmente grave" la difusión de un comunicado atribuido al coordinador de IU Madrid, Eddy Sánchez, en el que rechaza dimisiones por el escándalo de las tarjetas
• Denuncian que la postura de la dirección de IU Madrid está "totalmente alejada de las posiciones mayoritarias de la militancia y sus simpatizantes"

Juanma Romero

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Los diputados Mauricio Valiente y Tania Sánchez. JUAN FRANCISCO ADAME

La negativa de la dirección de IU Madrid a asumir responsabilidades políticas por el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid sigue provocando un profundo malestar en buena parte de la organización. El último episodio ha sido un comunicado difundido este jueves, atribuido primero a la organización regional y luego al coordinador, Eddy Sánchez, en el que rechazaba las peticiones de otras federaciones de IU y el PCE de que se investigue el escándalo y se corten cabezas. Los diputados autonómicos Tania Sánchez Melero y Mauricio Valiente, que forman uno de los tres tándems de candidatos en las primarias de IU a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, exigieron este viernes a la dirección que sea "imparcial" y se abstenga de difundir ese tipo de comunicados.

Tania Sánchez y Mauricio Valiente declaran su "malestar ante el error inicial por el que se emite el comunicado en nombre de IU-CM, cuando no se ha producido reunión de órgano alguno que respalde el mismo". Este hecho, añaden, es "contrario a los principios de funcionamiento democrático de IUCM" y "en estos momentos y por los asuntos a los que se refiere es especialmente grave. En un proceso de primarias, los órganos y responsables políticos están obligados a ser escrupulosamente imparciales". "Habiéndose iniciado el proceso de primarias abiertas, ignoramos si este comunicado es la posición del coordinador o de alguna candidatura concreta, pero en ningún caso es un comunicado es un comunicado de IU-CM", señalan. Ambos creen, pues, que la nota es de parte, procedente del sector que apoya a la pareja de aspirantes, formada por el abogado José Antonio Moreno y la concejala Raquel López.

Sánchez y Valiente aseguran que no comparten "ni la forma ni el fondo del comunicado referido". Y, por último, hacen "un llamamiento al coordinador [Eddy Sánchez] y a la Secretaría de Comunicación [Lidia Fernández] a abstenerse de emitir comunicados en nombre de IU-CM que marcan posiciones de parte y, en nuestra opinión, totalmente alejadas de las posiciones mayoritarias de la militancia de IU y sus simpatizantes".

El escándalo de las tarjetas ha afectado de lleno a IU por dos motivos: la organización regional firmó un pacto con el PP y con Comisiones Obreras para mantener a Miguel Blesa al frente de Caja Madrid y uno de los consejeros con más poder dentro de la entidad financiera fue José Antonio Moral Santín, representante de IU. Moral Santín gastó 456.522 euros con su tarjeta B.

¿A quién responsabilizar?

IU-CM creó una comisión de investigación. Pero, tal y como desveló infoLibre, no investigó ni uno solo de los pagos con visas black realizados por los consejeros que representaban a la organización en Caja Madrid. La comisión se limitó a investigar un capítulo desvelado también por este periódico: que fue la mano derecha de Blesa en Caja Madrid, Enrique de la Torre, quien pagó en 2009 con su tarjeta opaca la fianza de un recurso judicial presentado por un representante de IU en la entidad contra el Gobierno de Esperanza Aguirre. La comisión de investigación decidió hacer responsable de los hechos a un dirigente de segunda fila, Antero Ruiz, quien en aquella época era responsable del área Institucional. Dos de los cinco miembros que integraron la comisión de investigación habían formado parte de la asamblea de Caja Madrid en la época de Blesa.

El gran protector de Moral Santín en Izquierda Unida ha sido Ángel Pérez, actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, que ha rechazado asumir ningún tipo de responsabilidad política. Diversas federaciones regionales han pedido su dimisión y también la de Miguel Reneses, jefe de IU Madrid desde 2000 a 2002 y actual secretario federal de Organización, mano derecha de Cayo Lara.

Todos estos movimientos son previos a dos reuniones importantes: este sábado el coordinador federal escuchará a sus barones, y el lunes presidirá la ejecutiva. Ambas citas permitirán ofrecer alguna pista de cuáles serán los siguientes pasos y si la depuración de responsabilidades va más allá. 

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 EL PAPA PIDIO ABOLIR LA PENA DE MUERTE, CUESTIONO LA CADENA PERPETUA Y RECLAMO CARCELES MEJORES

Francisco, fuerte contra la mano dura

Ante representantes de la Asociación Internacional de Derecho Penal, dijo que la cadena perpetua es “una pena de muerte escondida”. Alertó sobre el uso abusivo de la prisión preventiva. Y pidió a la Justicia que no se deje presionar por los medios.

El papa Francisco llamó a la comunidad internacional a abolir la “pena de muerte, legal o ilegal y en todas sus formas” y a luchar para “mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana”. Lo hizo en un duro discurso ante representantes de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) en el Vaticano, donde además criticó la trata de personas, la baja en la edad de la imputabilidad y la “presión de los medios de comunicación” sobre la Justicia. También se pronunció contra la cadena perpetua, a la que definió como “una pena de muerte escondida”.

No es la primera vez que Francisco se expresa contra la visión de la “mano dura” en materia de seguridad. En una carta enviada el 30 de mayo a la AIDP, en el contexto de la discusión por la reforma del Código Penal en la Argentina, había segurado que “la experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales ni logra disminuir los índices de delincuencia”.
Esa misiva fue agradecida también por carta por el juez de la Corte Raúl Zaffaroni, que integra la AIDP y presidió la comisión de juristas redactora del anteproyecto de reforma del Código Penal. El coordinador de ese equipo, Roberto Carlés, ya se había reunido con el Papa en marzo.
Ayer, Francisco mantuvo un contacto con los juristas de la AIDP, ante quienes enfatizó que “es imposible pensar que los Estados no dispongan de otro medio que no sea la pena de muerte para defender del agresor injusto la vida de las demás personas” y condenó además las “llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales”, en referencia a los homicidios deliberados cometidos por algunos Estados o sus agentes “presentados como consecuencia indeseada del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza”.
Según Jorge Bergoglio, “todos los cristianos y personas de buena voluntad están llamados hoy a luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal y en todas sus formas, sino también para mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad”. El máximo representante de la Iglesia Católica alertó sobre la posibilidad de que, al aplicar la pena de muerte, “exista un error judicial” o sea utilizada por “regímenes totalitarios y dictatoriales” como “instrumento de castigo a la disidencia política o de persecución contra las minorías religiosas y culturales”.
El Papa incluyó entre las formas de tortura “la que se aplica mediante la reclusión en cárceles de máxima seguridad”, sin estímulos sensoriales ni contacto con otras personas. En ese sentido criticó que en muchas ocasiones las cárceles están en pésimas condiciones de infraestructura como resultado del “ejercicio arbitrario y despiadado del poder sobre las personas privadas de libertad”.
En sus palabras ante la delegación de la AIDP, también dijo que la prisión preventiva, “cuando en forma abusiva busca un anticipo de la pena previo a la condena, o como medida que se aplica frente a la sospecha más o menos fundada de un delito cometido, constituye otra forma contemporánea de pena ilícita y oculta, más allá de cada pátina de legalidad”.
Además, en un claro llamamiento contra la baja en la edad de imputabilidad, señaló que “los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños” ya que ellos “deben ser destinatarios de todos los privilegios que el Estado es capaz de ofrecer”. Precisamente, el domingo próximo, en Uruguay se desarrollará un plebiscito convocado junto a las elecciones presidenciales, para decidir la baja de la edad de imputabilidad, por la cual a partir de los 16 años los jóvenes podrían ser penalmente responsables como los adultos. El Papa opinó que “los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que no han completado su madurez”.
Francisco pidió también que el cumplimiento de las penas contemple “tratamientos particulares para los ancianos, como se hace con las mujeres embarazadas, padres con hijos discapacitados y personas discapacitadas”.
Por otra parte, el Papa llamó a “perseguir con mayor severidad” las formas de corrupción que “causan graves daños sociales, ya sea en materia económica o social, como los fraudes a la administración pública o el ejercicio desleal de la administración o cualquier obstáculo a la Justicia”. “La escandalosa concentración de la riqueza global –dijo– es posible a causa de la connivencia de los responsables de la cosa pública con los poderes fuertes. La corrupción es en sí misma un proceso de muerte... y un mal más grande que el pecado. Un mal que más que perdonar hay que curar”, indicó.
También denunció la trata de personas y la esclavitud “reconocida como crimen contra la humanidad y crimen de guerra tanto por el derecho internacional como en tantas legislaciones nacionales”.
En su discurso apuntó además a la “criminalidad” por la que “mil millones de personas estén atrapadas en la pobreza absoluta”.
Finalmente, el Pontífice advirtió a los “jueces y operadores del sistema penal” a cuidarse de la “presión de los medios de comunicación masivos, de algunos políticos sin escrúpulos y de las pulsiones de venganza que serpentean en la sociedad”.
“La cautela en la aplicación de la pena –concluyó– debe ser el principio regidor de los sistemas penales... y el respeto de la dignidad humana no sólo debe actuar como límite de la arbitrariedad y los excesos de los agentes del Estado, sino como criterio de orientación para perseguir y reprimir las conductas que representan los ataques más graves a la dignidad e integridad de la persona”, concluyó el Papa.

TONTO EL ULTIMO EN MANGAR

¡La corrupción al poder!

 

Luis García Montero

 

 

Como una parte significativa de la sociedad está indignada por la corrupción y sus escándalos, se han hecho frecuentes las declaraciones tajantes de algunos responsables políticos. Ja, ja, ja, murmura en mi oído el diablo que llevo dentro y que siempre le da la vuelta a todo. Es diablo por viejo y por diablo.
Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, acaba de declarar que “Quien la hace, la paga”. Ja, ja, advierte el diablo, y no porque sepa bien que muchos corruptos no la han pagado, sino porque desconfía del sentido de esa rotundidad. La voz justiciera de don Jesús Posada intenta reducir el problema de la corrupción al ámbito individual. Todo está bien, señores, y el mal se debe a la avaricia individual de unos malvados personajes concretos. Por este camino se castiga a unos pocos, a veces chivos expiatorios, con el fin de que todo siga igual.
Planteadas así las cosas, se salva la responsabilidad de las instituciones y la política española. Pero las instituciones y la política española están enfermas. Corremos el peligro de que sus dolencias se vuelvan crónicas. La corrupción exige algo más que el pago de los que se portaron mal. Hay factores que han trabajado en favor de la corrupción. Si queremos recuperar la autoestima, conviene no olvidar algunos de los más importantes:
1.- La connivencia de las élites económicas y políticas. Este es un mal generalizado, pero en el caso de España adquiere especial gravedad por la debilidad democrática y por el modo en el que se preparó la Transición. Fueron las propias élites del franquismo las que impusieron su idea de democracia para entrar de lleno en el capitalismo avanzado europeo, en contra de los movimientos obreros y estudiantiles que habían luchado por una transformación real de la sociedad.
2.- El vértigo de privatizaciones que se dio a partir de los años 80, propiciando al mismo tiempo los negocios oscuros entre amigos cercanos al poder y el desprestigio sistemático de los ámbitos públicos. La corrupción es un aspecto más de la falta de respeto al bien público, igual que la telebasura o la falta de escrúpulos políticos.
3.- Unas leyes fiscales opacas encaminadas a encubrir los movimientos de fraude o de falta de cotización de las grandes fortunas y las empresas más poderosas. La poca independencia de los inspectores y la legislación aprobada hacen que buena parte del daño al bien público no venga del dinero negro o del delito, sino de un funcionamiento legal establecido en nombre de los privilegios.
4.- La falta de independencia judicial, el sometimiento de la fiscalía y la policía a los interesas partidistas de turno y la forma de elección de los órganos del poder judicial. Las investigaciones están marcadas desde el principio y las sentencias dependen del valor de algunos jueces a la hora de poner en riesgo su carrera. Atreverse con las corrupciones del PP, no ha significado sólo perder la posibilidad de los ascensos. Se ha llegado incluso a la expulsión de los osados.
5.- La aprobación de leyes sobre el suelo que eran una verdadera llamada a la especulación corrupta, sobre todo si se unían a una precaria financiación de las instituciones municipales encargadas de ofrecer muchos servicios básicos a los ciudadanos.
6.- La incapacidad para solucionar, ordenar y hacer transparente la necesaria financiación de los partidos políticos.
7.- La falta de democracia interna de unos partidos burocratizados y tendentes a la profesionalización de la política. Quien la hace no la paga, porque están obligados al silencio o al compadreo quienes no tienen otro trabajo y quieren flotar.
8.- La inconsciencia de una opinión pública que votó a corruptos mientras se movían el dinero y el consumo de forma generosa. Volvemos a la Transición, que no fue sólo la sustitución de una dictadura a una democracia, sino el paso de una sociedad subdesarrollada a un capitalismo avanzado de tono prepotente. Se olvidaron en poco tiempo no ya las responsabilidades criminales de la dictadura, sino la realidad de un país de pobre y de emigrantes. Se nos invitaba a perder la decencia cuando nos convencieron de que triunfar era acumular dinero de un modo rápido. La pulsión triunfalista callejera fue más aleccionadora que la educación obligatoria.
9.- A todo el mundo le gusta ser tratado a cuerpo de Rey. Aunque se intentará durante años dar a la sociedad una imagen idealizada del Rey, las costumbres de Palacio fueron un mal espejo para los servidores públicos, muy conocedores de esto, aquello y lo otro.
La lista podría seguir. Pero basta con estos puntos para pensar que la corrupción en España no es cuestión de unos pocos malvados, sino de un funcionamiento político e institucional lleno de heridas democráticas. Merece la pena intentar transformaciones que miren más allá del ámbito penal.
Y una cosa más: aunque parezca paradójico, sólo asumiendo que hay causas generales para la corrupción, podremos comprender que no todos los políticos son iguales. Hay diferencias muy notables entre los sinvergüenzas, los que se han podido equivocar en algo y los honestos. El camino de los chivos expiatorios es malo porque trata de forma injusta a personas decentes y porque evita un esclarecimiento real de los hechos. Que cada cual asuma su responsabilidad. Aznar, Rajoy, Matas, Álvarez-Cascos, Acebes, Rato, Blesa… no pueden escabullirse en el griterío generalizado que hoy corre por España.

EL EX REY JUAN CARLOS AYUDO A LOS TORTURADORES Y ASESINOS ARGENTINOS

España conocía la existencia de campos de concentración en Argentina(IV)

El personal diplomático advirtió en un informe secreto sobre el funcionamiento de Campo de Mayo, uno de los peores centros de exterminio. A pesar de ello, la Corona y el gobierno de Suárez mantuvieron las relaciones con el régimen de Videla

DANILO ALBIN Bilbao.

El rey Juan Carlos y la reina Sofía, junto al dictador argentino Jorge Rafael Videla.

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Cartas desesperadas, llamadas telefónicas que acababan en lágrimas y un insoportable presentimiento de que lo peor siempre estaba por llegar. Entre 1976 y 1983, la embajada y los consulados de España en Argentina recibieron innumerables pedidos de auxilio por parte de familiares de desaparecidos. Tal como confirman distintos documentos a los que ha accedido Público, no hubo prácticamente ni un día en el que no se acercaran padres, esposas, hermanos o hijos en busca de socorro. Querían que el gobierno de España salvase a sus compatriotas en peligro, pero no lo consiguieron.
De acuerdo a los archivos consultados por este periódico, todos estos casos se tramitaron bajo el membrete de "reservado" y "secreto", algo que no valió de nada para los alrededor de 700 españoles -entre nativos y descendientes- que fueron secuestrados y desaparecidos por una de las dictaduras más atroces que ha sufrido América Latina. Las gestiones diplomáticas, siempre discretas, sólo permitieron que los denominados "presos gubernativos" -detenidos que habían sido "blanqueados", pasando a cárceles legales- fuesen puestos en libertad a cambio de su inmediata expulsión a España, independientemente de las raíces que cada uno de ellos hubiese echado en suelo argentino.
En cualquier caso, los abundantes cables e informes enviados desde Buenos Aires por los diplomáticos españoles confirman que el Gobierno de Adolfo Suárez estuvo al corriente de cada una de las denuncias que llegaban a su embajada en Buenos Aires, lo que le permitió conocer de primera mano la horrorosa realidad en la que estaba sumergida Argentina. A pesar de ello, el ejecutivo de UCD, amparado por la Corona, no tuvo ningún reparo en continuar firmando acuerdos y negocios con la dictadura de Videla.
Entre otros aspectos, el gobierno de Suárez conocía la existencia del campo de concentración que funcionaba en Campo de Mayo un regimiento militar que albergó uno de los peores centros de exterminio. Así fue informado por el cónsul español José Luis Pérez Ruiz a finales de junio de 1976, cuando envió un informe estrictamente confidencial (pinche para ver el documento) en el que revelaba la existencia de este reino de la muerte. "Por referirse este despacho a la eventual detención de uno de los desaparecidos en las instalaciones de Campo de Mayo, cuya utilización para dichos fines no ha sido reconocido por las autoridades argentinas, doy carácter de reservada a esta comunicación", explicaba Pérez Ruiz.

Pinche para ver el documento ampliado
Su informe arroja otro detalle que podría resultar clave para determinar lo ocurrido con los desaparecidos de origen extranjero: en las reuniones mantenidas con funcionarios de la dictadura solía participar el capitán Bárcena, un misterioso militar que operaba en el ministerio de Exteriores argentino y que se encargaba "directamente" -según explicaba Pérez Ruiz en su nota reservada- de aquellos detenidos provenientes de otros países. De hecho, Bárcena estaba al corriente de la situación que atravesaban los presos españoles Herminio Martínez Borbolla, Diamantino González Álvarez y Antonio Garrido Ruiperez. La embajada proponía que todos ellos fuesen liberados a cambio de su inmediata expulsión de Argentina, pero la Junta Militar tardaba en responder. Durante una de las reuniones, Bárcena aseguró que los expedientes de estas tres personas "habían pasado al ministerio para su estudio y resolución". "Por consideración y deferencia a España, han sido adelantados en su tramitación y colocados a la cabeza de la lista de los casos que han de ser resueltos en primer lugar", prometió el capitán, que tenía suficiente capacidad para decidir sobre el futuro de los detenidos.
Efectivamente, Borbolla, González y Garrido fueron puestos en libertad y deportados a España. Sin embargo, la liberación no supuso el final del sufrimiento para una de estas familias: Rocío Martínez Borbolla, hermana de Herminio, fue secuestrada y desaparecida por la dictadura en un operativo realizado el 14 de junio de 1976, coincidiendo con las gestiones realizadas desde la embajada para conseguir la libertad de su hermano. A pesar de los pedidos realizados por sus familiares, esta joven oriunda de la localidad asturiana de Los Cabrales se perdió para siempre en el infierno de Buenos Aires.

"Un muro de silencio"

Esta dramática realidad quedó debidamente reflejada en el documento "muy reservado" que elaboró el encargado de Asuntos Consulares a finales de octubre de 1976 (consulte aquí el informe). A través de esta nota oficial, el Gobierno español pudo conocer cómo se desarrollaban habitualmente los operativos en que eran secuestrados sus connacionales. "Respecto a los desaparecidos -señalaba-, el esquema más común es que la detención se hace en las horas de la madrugada por un grupo de gente armada, que con frecuencia se presentan como policías de paisano, y a veces con traje militar de fajina".

Pinche para ver el documento ampliado
"Suelen llevarse a los detenidos con los ojos vendados a un lugar desconocido y con frecuencia saquean el domicilio. Algunos de los detenidos, de esta forma, son puestos en libertad a los pocos días, de noche, llevándolos en automóvil a algún lugar -a veces en plena ciudad-, donde los dejan con los ojos vendados y con el compromiso de no quitarse la venda hasta transcurridos unos minutos. Son los que sus raptores no consideran peligrosos, después de extensos interrogatorios. De los otros, alguno ha sido llevado, también de madrugada, en el maletero de un coche a una comisaría de Policía. La mayoría, sin embargo, desaparecen sin dejar rastro", advertía.
El informe también describía las infructuosas gestiones realizadas para tratar de rescatar a los secuestrados. "Todos estos asuntos aquí funcionan, en general, con una lentitud exasperante, y tratándose de desaparecidos, es prácticamente imposible obtener ninguna información. Con frecuencia se encuentra uno frente a un muro de silencio (...) Solamente hemos tenido información de desaparecidos cuando estos son puestos en libertad por sus aprehensores y vienen a informarnos de las circunstancias de su detención insistiendo, invariablemente, en que quieren dar el asunto por terminado y no desean que se haga ninguna gestión para esclarecerlo por parte de este Consulado; pero de los que no han aparecido no hemos recibido la más mínima información oficial respecto a su paradero o a la identidad de sus raptores".

Negocio con extranjeros

En ese contexto, los represores aprovechaban la dramática situación que vivían miles de personas para tratar de hacer negocios, siempre a costa del sufrimiento ajeno. Las monedas de cambio eran las mujeres y hombres de distintas nacionalidades que habían caído en las garras del terrorismo de Estado, tal como quedó confirmado en un cable reservado del 8 de septiembre de 1976 (pinche para poder leer el informe). Ese día, el encargado de Asuntos Consulares de la embajada de España en Argentina, José Luis Pérez Ruiz, envió un informe secreto al ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, para avisarle que si había interés en reunir datos sobre los detenidos de origen español, primero debían pagar a los agentes corruptos.

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"Tengo la honra de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia que se ha recibido información, muy confidencial, de que hay algunos miembros de la Policía que, mediante el pago de una cantidad que al parecer oscila entre los 10.000 y los 30.000 pesos (entre 40 y 70 dólares de la época), suministran información sobre lo ocurrido a extranjeros desaparecidos. Según dichas informaciones, alguna embajada acreditada en Buenos Aires ha utilizado dichos servicios", revelaba el funcionario en su nota. A renglón seguido, comunicaba que el embajador español, Gregorio Marañón, ya había dado su visto bueno para la compra de información sobre sus compatriotas secuestrados, por lo que la representación diplomática se apresuró a solicitar al ministro un "adelanto de caja" para pagar la extorsión. No valdría de mucho: los españoles desaparecidos en Argentina siguen, cuatro décadas después, desaparecidos.

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ALI ANSAR Y LOS 16 LADRONES

El 75% del Gobierno Aznar está imputado, cobró sobresueldos o duerme en prisión

El presidente y once de los 15 ministros del penúltimo Gabinete del PP en la época del presidente de Faes están en la cárcel, imputados o figuran en la contabilidad del PP investigada en el 'caso Bárcenas' por presunta financiación ilegal.

ANA PARDO DE VERA.

Los miembros del Gobierno de José María Aznar posan en La Moncloa tras anunciar éste los cambios en julio de 2002. De izq. a drch. y de delante hacia atrás, Trillo, Palacio, Rajoy, Aznar, Rato, Michavila, Montoro, Arias Cañete, Del Castillo, Acebes, Álvarez-Cascos, Zaplana, Arenas, Matas, Pastor y Piqué. EFE

La foto del antepenúltimo Gobierno de José María Aznar (julio de 2002) es el mejor reflejo del momento en que se encuentra hoy el Partido Popular: el 75% de ese Consejo de Ministros -incluido el jefe del Ejecutivo- está implicado en temas judiciales en distinto grado; desde Jaume Matas (ministro de Medio Ambiente), que está en la cárcel, hasta Ana Palacio (ministra de Asuntos Exteriores), que presuntamente cobró un sobresueldo del PP (6.000 euros) que podría proceder de la caja B manejada por el extesorero Luis Bárcenas, según la documentación que obra en poder del juez Pablo Ruz, instructor del caso Bárcenas.
- JOSÉ MARÍA AZNAR: expresidente del Gobierno entre 1996 y 2004; la contabilidad del PP en poder del juez Ruz lo señala como receptor de sobresueldos por valor de 782.695 euros entre 1990 y 1996. Actualmente, preside el think tank del PP, la fundación FAES y es presidente de Honor del PP.
- MARIANO RAJOY: fue nombrado por Aznar ministro en varios departamentos y vicepresidente primero del Gobierno entre 1996 y 2003. Figura en la documentación investigada por Ruz en el caso Bárcenas como receptor de 1,58 millones de euros como sobresueldos del PP entre 1990 y 2011. Aparece en los papeles manuscritos de Bárcenas también como receptor de 322.231 euros (1997-2008) en distintas aportaciones de dinero y de 33.207 euros en gastos de ropa (2003-2008). Hoy es presidente del Gobierno y del Partido Popular (PP)
- RODRIGO RATO: vicepresidente y ministro de Economía en los gobiernos de Aznar; posteriormente, fue nombrado director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con rango de jefe de Estado, y presidente de Caja Madrid y de Bankia. Recibió sobresueldos del PP entre 1990 y 2011 por valor de 36.247,26 euros y figura en las anotaciones de Bárcenas como destino de 216.711 euros (1997-2004). Además, está IMPUTADO por la operación de salida a bolsa de Bankia y por el uso de una tarjeta opaca de Caja Madrid. Hoy es consejero de Telefónica y tiene la militancia en el PP suspendida temporalmente a petición propia.
- JAVIER ARENAS: fue ministro y vicepresidente en los gobiernos de José María Aznar, así como secretario general del PP. Según la documentación en poder de Pablo Ruz, recibió 1,15 millones de euros de sobresueldo del partido entre 1990 y 2011. En las notas de Bárcenas, figura como receptor de 225.762 euros (1997-2004). Actualmente, es vicesecretario general del PP para asuntos territoriales.
- FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS: fue ministro y vicepresidente en los gobiernos de Aznar, además de secretario general del PP. Según las anotaciones de Luis Bárcenas que obran en poder de Ruz, habría cobrado 321.391 euros de sobresueldos del PP entre 1990 y 2004. Según la contabilidad investigada del partido, podrían ser 575.795 euros entre 1990 y 2011. Actualmente y tras su salida del PP por no haberle hecho Rajoy candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, preside el Foro Asturias. 
- ÁNGEL ACEBES: fue ministro de Aznar y secretario general del PP. Según la documentación aportada a la Justicia en el caso Bárcenas, cobró más de un millón de euros en sobresueldos entre 1990 y 2011. En los papeles del extesorero, están anotados 107.100 euros de 2004 a 2008. Ayer martes 21 de octubre fue IMPUTADO por presunta apropiación indebida en la compra de acciones de Libertad Digital con el dinero negro del partido y revelada por Bárcenas.
- JAUME MATAS: ministro de Medio Ambiente de Aznar entre 2000 y 2003 y presidente de Illes Balears. Está en la CÁRCEL desde este mes de julio, condenado por tráfico de influencias. Figura en los papeles de Bárcenas como receptor de una entrega de dinero (8.400 euros) en 2003 con el concepto "para piso".
- FEDERICO TRILLO-FIGUEROA: fue presidente del Congreso y ministro de Defensa durante los gobiernos de Aznar. Cobró sobresueldos del PP de 187.650,28 euros entre 1990 y 2011, según la documentación investigada por Ruz. Bárcenas anotó en sus papeles entregas de dinero a Trillo entre 2001 y 2006 por valor de 185.256 euros. Hoy, quien fuera el máximo responsable de los asuntos jurídicos del PP durante la etapa de oposición del PP de Rajoy, es el embajador de España en Reino Unido.
- PILAR DEL CASTILLO: ministra de Educación, Cultura y Deporte en el Gobierno Aznar de 2000 a 2004, figura en los papeles de Bárcenas como receptora de 9.000 euros en 2004. Actualmente, es eurodiputada del PP.
- ANA PALACIO: ministra de Asuntos Exteriores en el Gobierno Aznar entre 2002 y 2004. Figura en los papeles de Bárcenas como receptora de un pago de 6.000 euros en 2004. Palacio es abogada defensora del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi y es consejera electiva del Consejo de Estado.
- MIGUEL ARIAS CAÑETE: ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación entre 2000 y 2004 y entre 2011 y 2014. Según los datos que investiga Ruz en el marco de la presunta financiación ilegal del PP, Arias Cañete habría cobrado 318.199 euros entre 1999 y 2011. Acaba de ser nombrado comisario de Clima y Energía de la Comisión Europea tras liderar las listas del PP a las europeas del pasado mes de mayo.
- CRISTÓBAL MONTORO: ministro de Hacienda en el Gobierno de Aznar entre 2000 y 2004. Figura en la documentación que investiga Ruz como receptor de sobresueldos por valor de 296.263 euros entre 1993 y 2011. Actualmente, Montoro es ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Gobierno de Rajoy.

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PERROS DE MIERDA,MUERDEN LA MANO DE QUIEN LES QUITO EL HAMBRE DESPUES DEL '36

Torturadores argentinos recibieron cursos en instituciones españolas

El régimen de Videla y el gobierno de Suárez mantuvieron una activa colaboración a nivel represivo, según figura en varios archivos secretos de ambos países

DANILO ALBIN Madrid.

Videla firmando acuerdos de colaboración con el Rey Juan Carlos.GETTY

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El teniente argentino Antonio "Trueno" Pernías, actualmente preso en Buenos Aires por cometer crímenes de lesa humanidad, era un hombre de acción: por sus manos -y su sala de tortura- pasaron muchos hombres y mujeres que hoy siguen sin aparecer. Su compañero Enrique Scheller, alias "Pingüino", también fue señalado por algunos sobrevivientes como un sádico torturador. Entre 1978 y 1980, ambos individuos formaron parte de la embajada de Argentina en España, donde se dedicaron a perseguir y controlar al numeroso colectivo de refugiados argentinos que vivían en este país. A pesar de las denuncias que existían en su contra, el gobierno de Suárez les dio pasaportes y permitió que llevaran revólveres.
Sus nombres no son un caso aislado. Tal como confirman diversos documentos reservados en poder de Público, la delegación diplomática argentina fue utilizada como uno de los principales centros de operaciones de la dictadura en Europa, con una doble misión: controlar a los exiliados y contrarrestar las denuncias internacionales contra el régimen. Allí todos iban armados, gracias a las licencias que el gobierno de Adolfo Suárez concedía sin rechistar. Según consta en los archivos secretos, el embajador Leandro Enrique Anaya tenía permiso para utilizar una pistola Smith Wesson calibre 38. Su secretario, Jorge Vigano, disponía de un revólver Astra, mientras que el consejero económico y comercial, Carlos Vailati, portaba un modelo cobra del revólver Colt. Tampoco faltaba pólvora en el Consulado General de Madrid, donde su máximo responsable, Luis Vila Ayres, gozaba de un "permiso de portación de arma de defensa personal": una pistola Browning calibre 7,65.
Tras dotar de armamento a sus funcionarios, los militares argentinos montaron un servicio de espionaje con sede principal en la embajada de Madrid y sucursales en las oficinas consulares de Barcelona, Bilbao y Cádiz. En esta nutrida red no sólo participaron los funcionarios de las representaciones en España, sino que también tomaron parte los militares que eran enviados a este país bajo la excusa de realizar "cursos de formación" en instalaciones del ejército y la marina española.
Uno de los primeros en cumplir estas funciones fue el teniente coronel Antonio José Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid. Ya fuese dentro o fuera del aula, Piñeiro tenía la autorización del gobierno español para portar un revolver calibre 38 "modelo detective" de la marca Colt y disponía de pasaporte oficial, al igual que su mujer y sus hijos. Al volver a Argentina en 1977, el experimentado militar se dedicó a coordinar la salvaje represión en la provincia de Misiones, al norte del país.

Intercambio represivo

Los documentos a los que ha accedido este periódico confirman que España y Argentina mantuvieron un estrecho intercambio de policías y militares para la realización de cursos oficiales. En el marco de esas relaciones, el 23 de septiembre de 1977 el Jefe de la Policía Federal Argentina -una de las fuerzas represivas que secuestraba, torturaba y asesinaba a los militantes antidictatoriales-, Edmundo René Ojeda, hizo llegar al gobierno de UCD el plan anual de becas de ese cuerpo. Por primera vez, la oferta de la dictadura de Videla incluía a miembros de la Guardia Civil y de la Policía.

El gobierno de Suárez no rechazaría la oferta del régimen argentino. El 25 de noviembre de 1977, el ministerio de Exteriores a cargo de Marcelino Oreja confirmó por medio de una carta que un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada estudiarían en Argentina. En concreto, los efectivos elegidos realizarían el curso de Explosivos, que comenzaba el 23 de octubre de 1978 y tenía una duración de diez días, en los que sus asistentes recibirían capacitación sobre el "manipuleo, desarme y transporte de artefactos incendiarios y/o explosivos y la realización de pericias o informes judiciales".
En esas mismas fechas, La Moncloa respondió a la generosidad argentina con una propuesta muy especial a uno de sus marinos, el teniente de fragata Jorge Osvaldo Troitiño. De acuerdo a un documento confidencial de la Armada argentina, Troitiño había viajado a Europa para "prestar servicios en la Agregación Naval" de la embajada en Madrid, aunque utilizaría como camuflaje su participación en el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval. Gracias al correspondiente permiso otorgado por la Guardia Civil, podía llevar en la cintura un revólver Smith & Wesson calibre 38. El 6 de mayo de 1978, sus profesores españoles lo eligieron para que realizase una exposición sobre Argentina, de manera que pudiese explicar a sus camaradas las bondades del "régimen político" de Videla y su "desarrollo futuro".

Con ganas de aprender

Troitiño fue uno de los más activos "estudiantes" enviados por la dictadura a España, pero no el único. De acuerdo a los listados oficiales, 33 militares argentinos desfilaron por las dependencias militares de este país entre 1976 y 1983. Siete de ellos se apuntaron al curso de Estado Mayor de la Escuela Superior del Ejército, mientras que otros lo hicieron en la Escuela de Guerra Naval. Entre estos últimos se encontraba el marino Carlos José Pazo, uno de los torturadores que prestaba funciones en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de exterminio del país.
Otro de sus compañeros de torturas, el teniente Néstor Savio, también fue premiado con un viaje a España para realizar el curso de Mando de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz), mientras que Ricardo César Araujo -un marino muy activo en la mal llamada "lucha antisubversiva"- consiguió que sus jefes de la Armada lo enviasen a Madrid "en comisión permanente" -lo que le dotaba de protección gubernamental- para acudir al curso sobre "Comando y Estado Mayor de Infantería de Marina".
De acuerdo a una nota confidencial del Estado Mayor de la Armada Argentina, Araujo debía permanecer en España entre agosto de 1980 y noviembre de 1981. En su legajo, sus jefes reconocían su "activa participación" en la "lucha contra la subversión" en Bahía Blanca, una ciudad situada a 600 kilómetros de Buenos Aires. Precisamente por eso, tres décadas más tarde un tribunal de esa localidad lo acusó de "haber formado parte del plan criminal, clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas". Cuando viajó a España, Araujo ya cargaba en la espalda todos esos deleznables actos.

La escuela porteña

La participación de los 33 argentinos en cursos dictados por las Fuerzas Armadas fue correspondida por parte del gobierno de Suárez con el envío de 14 militares a Buenos Aires para que realizaran distintas asignaturas en dependencias del Ejército y la Marina. "Los cursos realizados por estos oficiales se efectúan en virtud de intercambios de alumnos y como consecuencia de acuerdos firmados en reciprocidad con países con los que se mantienen relaciones diplomáticas desde hace muchos años y que continúan en la actualidad", justificaba en 1998 el ministerio de Defensa español ante un requerimiento de información efectuado por el juez Baltasar Garzón, quien entonces trataba de investigar los crímenes de lesa humanidad en Argentina.

De acuerdo al listado proporcionado en aquel momento por Defensa, entre 1979 y 1983 ocho miembros del ejército español realizaron el curso de inteligencia ofrecido por la dictadura. Varios de ellos visitaron las instalaciones de la ESMA, el mismo recinto donde funcionaba el campo de concentración. El entonces comandante Cristóbal Gil y Gil admitiría este extremo frente a Garzón, ante quien tuvo que declarar el 16 de junio de 1998. De acuerdo a su testimonio en la Audiencia Nacional, Gil y Gil -que prestaba funciones en el SECID- había viajado a Buenos Aires en abril de 1981 para participar en un curso de "Estudios de Personal", dirigido al "aprendizaje de técnicas policiales de identificación de huellas y microfilmación de documentación, así como técnicas de modernización del Servicio de Inteligencia".
Al ser consultado sobre sus visitas a la ESMA, el militar aseguró que había estado allí en tres ocasiones. Cuando Garzón le preguntó por los nombres de sus anfitriones, respondió que no se acordaba de ninguno. Ante su falta de memoria, el juez le mostró varias fotos de los represores que se movían por ese centro, pero no sirvió de nada: su mente continuaba en blanco. Los abogados querellantes le preguntaron si había recibido instrucciones "sobre formas de combatir la subversión", a lo que Gil y Gil volvió a contestar con otra evasiva: "esas eran las técnicas conocidas en España y en cualquier otro país occidental".
El comandante del CESID tampoco estaba al corriente de la utilización de la ESMA como campo de concentración, un aspecto que había sido denunciado en varias ocasiones a nivel internacional por los organismos de derechos humanos. En su declaración, Gil y Gil alegó que ni siquiera sabía que en Argentina había desaparecidos. Como mucho, creía que allí existía un "enfrentamiento entre autoridades militares y grupos ideólogos dispares". El saldo fue de 30 mil personas asesinadas por el terrorismo de estado.

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