“Bochornosa” actuación de la Fiscalía ante los crímenes del franquismo
La Asociación Pro Derechos Humanos de España denuncia las trabas impuestas por la Fiscal General del Estado para que los jueces españoles tomen declaración a las víctimas e imputados en la querella argentina.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha denunciado este miércoles la actuación de la Fiscalía General del Estado por tratar de impedir que los juzgados españoles tomen declaración a las víctimas y a los imputados en la denominada querella argentina que investiga los crímenes del Franquismo como crímenes contra la humanidad y que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires.
La denuncia llega después de que la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, emitiera una instrucción de obligado cumplimiento presentando un escrito en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo en el que se oponía a la ejecución del exhorto remitido por el Juzgado de Buenos Aires para que se tomara declaración a Gerardo Iglesias en relación con las torturas que sufrió durante la dictadura franquista, delito por el que está imputado Pascual Honrado de la Fuente que, a su vez, y en cumplimiento de otro exhorto librado por el Juzgado argentino, debería declarar durante el presente mes de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.
La juez argentina María Servini
La APDHE recuerda que hasta este momento, en el marco de la causa argentina y a través del auxilio judicial internacional, decenas de víctimas, en estos dos últimos años, han venido prestando declaración ante los Juzgados españoles sin que por parte de la Fiscalía se haya expresado oposición alguna al respecto. “La oposición a la toma de declaración de las víctimas se produce ahora como consecuencia de que está previsto que se tome declaración a los imputados en la causa”, denuncia.
En el escrito presentado por Fiscalía se invoca nuevamente el principio de territorialidad (según el cual los Juzgados españoles serían competentes para el conocimiento de dicha causa por cuanto son hechos cometidos por ciudadanos españoles contra ciudadanos españoles en territorio español), la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía y el principio de legalidad. Cita y reproduce parcialmente los argumentos expuestos por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de febrero de 2012 en relación con la Ley de Amnistía y la política de reconciliación consensuada durante la denominada “transición” española.
Para esta asociación, “los bochornosos argumentos vertidos por Fiscalía violentan gravemente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de carácter imperativo para el Estado español al haberse incorporado a nuestro propio ordenamiento jurídico ex artículo 96 de la Constitución Española”.
En este sentido, explican que “no existe una competencia preeminente por parte de los Juzgados y Tribunales españoles para la investigación y enjuiciamiento de dichos crímenes, pues en virtud del principio de justicia universal, cualquier tribunal de cualquier país, y en este caso concreto el de Argentina, tiene competencia para ello” (actualmente, no se están investigando ni enjuiciando los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista).
La APDHE subraya que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles; que el principio de legalidad internacional, consagrado en multitud de Tratados y Convenios internacionales –a título de ejemplo citaremos el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- obliga al Estado español a investigar y enjuiciar crímenes que, aunque no estuvieran tipificados como tales en su propia normativa interna, tendrían tal consideración en virtud de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional, tal y como acontece en este caso; y que la Ley de Amnistía no despliega efecto alguno que pueda impedir u obstaculizar la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad, tal y como han expuesto en reiteradas ocasiones los expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en consonancia con la doctrina de los diferentes tribunales internacionales.
Pero es más –añaden- “la Fiscalía pretende amedrentar a los Jueces españoles encargados de la ejecución de los exhortos remitidos por la Justicia argentina, recordándoles qué le ocurrió al Juez Garzón por investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Esto es, de una forma más o menos velada les advierte que, en el caso de ejecutar los referidos exhortos, podrían ser acusados de prevaricación”.
A juicio de este colectivo en defensa de los derechos humanos, “nos encontramos, una vez más ante un posicionamiento de la Fiscalía General que no es compatible con un Estado Democrático y de Derecho, que utiliza técnicas absolutamente reprobables propias de un régimen autoritario, negando y tratando de impedir por todos los medios que víctimas de graves violaciones de derechos humanos accedan a la administración de justicia”.
Por todo ello, la APDHE expresa su confianza en que los Juzgados españoles colaboren con la administración de justicia argentina al objeto de tomar declaración tanto a las víctimas como a los victimarios, “desestimando la pretensión burda y disconforme a derecho que ejercita la Fiscalía”.
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